Mayo 27, 2021

Fiscal Manuel Guerra: “En Chile no hay presos políticos por lo que se llama la revuelta social”

Jorge Poblete
El fiscal Manuel Guerra. Crédito: Agencia Uno.

El fiscal regional Metropolitano Oriente calificó de “inaceptable” que parlamentarios atribuyan intencionalidades políticas al actuar el Ministerio Público tras el 18-0. “No sé cómo se explicaría por parte de los parlamentarios a los locatarios afectados en el sector de Plaza Baquedano que les digan que determinado ataque a un establecimiento obedeció a una razón política”. Es una materia que conoce de cerca. Este mes, la fiscalía que encabeza logró la primera condena por incendio en una estación de Metro de la capital.

Indultos por el 18-O. Manuel Guerra, fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente, se refiere a la controversia generada por el envío a prisión de personas tras el 18-0, luego de que la Lista del Pueblo —con el apoyo de Daniel Jadue— lo reinstalara en la agenda pública pidiendo su liberación.

Este mes, un adolescente que tenía 16 años para el 18-O, fue condenado a 5 años de internación provisoria (2 en régimen cerrado y 3 en semicerrado), por quemar la estación Pedrero. La fiscalía, sin embargo, pedía 10 años para él. ¿Cómo evalúan este resultado?

La labor de la fiscalía es buscar condenar a alguien, que sea sancionada de acuerdo con las normas que tenemos. Uno hace una proyección de lo que uno considera una pena justa, pero los llamados a resolver son los Tribunales de Justicia (…). A él lo favoreció ser menor de edad y no tener condenas previas. El tribunal lo ponderó e impuso una sanción distinta, pero nos deja conformes.

Paralelamente, el tribunal absolvió al tío del adolescente, argumentando que el 18-O estuvo en la estación Pedrero, pero que no se probó su participación en el incendio. ¿Qué falló en ese caso?

Durante el juicio no solamente logramos posicionar a esa persona en el lugar de los hechos el día en que ocurrió el incendio en la estación de Metro Pedrero, sino que además se incorporaron conversaciones sostenidas con su sobrino en las cuales daban cuenta y se ponían de acuerdo, precisamente, para ir a vandalizar ese lugar. Pero está dentro de las reglas del juego y nos parece que, si bien discrepamos de esa decisión, no podíamos recurrir porque ya tuvimos un primer juicio en que fue absuelto.

De acuerdo con la investigación, el adolescente pertenecía una facción de la Garra Blanca. ¿Qué rol estima que tuvieron las barras bravas en la destrucción de infraestructura tras el 18-O?

Lo que hemos logrado recolectar como evidencia a partir de este juicio y de investigaciones del fiscal (Omar) Mérida, es que hubo convocatorias destinadas a que concurriese gente a hacer destrozos en determinados lugares, entre otros, estaciones de Metro. Vemos un grupo que se denomina Los Antifas de la Garra Blanca (…), pero vemos también a Antifas de Los de Abajo de la Universidad de Chile y de distintos equipos. Sin duda que personas relacionadas con estos movimientos articularon distintos atentados a Metro y participaron en desórdenes o lanzamiento de bombas molotov.

¿Cuántas son las causas ligadas al 18-0 que lleva su fiscalía y en qué van?

Tenemos por un lado los saqueos que ocurrieron los primeros días después del 18-O y que afectaron esencialmente a establecimientos comerciales como supermercados, farmacias y otros; tenemos imputaciones por desórdenes públicos que es un delito menor en la legislación chilena y que tienen una baja sanción, y tenemos las imputaciones por incendio y las relativas a bombas molotov (…). Tenemos 11 personas condenadas por fabricación y lanzamiento de molotov, ése es nuestro registro hoy, además del incendio (en estación Pedrero) (…) Y no creemos que en el país haya más de 100 personas a las que se pueda atribuir su privación de libertad a hechos ocurridos en el contexto del estallido social.

¿Los condenados cumplen pena de cárcel?

Esas personas han sido condenadas a pena efectiva porque el delito está en el artículo 14 D de la Ley de Control de Armas en que la forma de cumplimiento de la pena en esos casos, a menos que se trate de un menor de edad, debe ser en un recinto penitenciario. La norma fija un marco rígido de 3 años y un día a 5 años. Es un delito que fue incorporado en 2015 a partir de un proyecto de ley que se comenzó a discutir en 2011 (…). Esa ley fue creada con una aprobación transversal en el parlamento. Si uno va a la historia de la ley, esa norma fue sólo rechazada por los diputados (Gabriel) Boric y (Giorgio) Jackson, pero en su momento fue aprobada inclusive por diputados como (Gillermo) Teillier y (Lautaro) Carmona.

¿Cuál es su punto?

Quiero decir que llama la atención al día de hoy ver que las mismas personas que aprobaron la ley estimen que esta norma criminalizaría actos de naturaleza política, cuando se creó para criminalizar actos delictuales y ahí se estableció una rigidez penal que obliga a los tribunales a que, en caso de condena, se aplique una sanción penal que se debe cumplir en la cárcel; no hay alternativa.

¿Qué le parece la denominación de “presos políticos” que algunos parlamentarios han hecho al votar en favor de la idea de legislar un indulto a los presos tras el 18-O?

Me cuesta pensar que parlamentarios o políticos con trayectoria importante estimen que aquí hay prisión política. Puedo afirmar derechamente que en Chile no hay presos políticos por lo que se llama la revuelta social ocurrida en el país desde octubre de 2019 en adelante, no los hay.

¿Qué opina del proyecto de ley?

Que se quiera beneficiar a personas condenadas porque le parece a un sector o a una mayoría inclusive de parlamentarios que la penalidad es muy fuerte y rígida, es otro asunto. Pero no me parece adecuado que se justifique esto con la supuesta pertenencia a una organización política, porque eso nunca ha sido materia del actuar del Ministerio Público, de las policías ni de los Tribunales de Justicia (…). Me parece inaceptable.

¿Ve un aprovechamiento político?

No sé cómo se explicaría por parte de los parlamentarios a los locatarios afectados en el sector de Plaza Baquedano que les digan que determinado ataque a un establecimiento obedeció a una razón política. Los otros casos son por incendio del Metro y entiendo que Metro es una empresa estatal que pertenece a todos los chilenos y que, cuando se ataca a Metro se ataca a todo Chile, no importa la motivación que tenga el autor.


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