El general Ricardo Martínez, cuyo período finaliza el próximo 9 de marzo, dará a conocer este miércoles en su última cuenta pública un texto de 120 páginas que elaboró desde 2021 respecto de la participación política del Ejército en los últimos 50 años. En el texto, aborda temas como las violaciones a los DDHH, donde destaca la responsabilidad de mando de Pinochet en el caso Caravana de la Muerte, y también se refiere al fraude en el Ejército, entre otros temas. A pocos días de su salida, Martínez fue llamado declarar en el marco del caso pasajes para este jueves 3 por la jueza Romy Rutherford. Él se declara inocente de los cargos.
Panorama general. Desde que asumió la comandancia en Jefe del Ejército, en 2019, el general Martínez tuvo entre sus metas hacer un documento que diera cuenta de la participación política del Ejército en los últimos 50 años y pretendía darlo a conocer antes, pero la crisis de octubre 2019 lo llevó a postergarlo. Titulado “Reflexión sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar”, el texto fue presentado al Cuerpo de Generales -que lo respaldó- y también al ministro de Defensa, Baldo Prokurica.
- Al día siguiente de darlo a conocer, el jueves 3, Martínez está citado a declarar por el llamado caso pasajes por la ministra Romy Rutherford, en calidad de inculpado. La jueza tiene la facultad de dejarlo detenido por al menos cinco días, antes de decidir si lo procesa, o lo deja libre. Lo anterior ha desatado una serie de especulaciones respecto de que podría renunciar. El general ha señalado que es inocente y que no esperaba ser llamado a declarar a pocos días de dejar el cargo.
- Como sea, Martínez dará a conocer este miércoles su texto, en el cual se hace una visión crítica de la participación de los militares en la política chilena, enfatizando la responsabilidad de mando en las violaciones a los DDHH, tomando como ejemplo la Caravana de la Muerte y el asesinato del general Prats.
- “He estimado oportuno hacerlo en esta ocasión, antes de entregar el mando del Ejército, debido a que es una iniciativa que fue concebida, incorporada a la planificación estratégica institucional y trabajada durante esta gestión de mando, con plena convicción en que la Institución, como se debe a la República, tiene la obligación de revisar su accionar de manera transparente y de cara a la ciudadanía, ya que de no hacerlo así, significa traicionar los fundamentos de su creación”, señala en el texto.
Responsabilidad de mando. En el capítulo “Desde el gobierno cívico y militar a los cambios en institucionales en doctrina, derechos humanos y justicia”, el documento aborda el caso Caravana de la Muerte, donde resalta que el general Sergio Arellano viajó por el país como delegado del entonces comandante en Jefe Augusto Pinochet.
- “Uno de los episodios más condenables fue el paso del General Sergio Arellano Stark y su comitiva, conocida como la “Caravana de la Muerte” hasta nuestros días, hizo un recorrido por diversas guarniciones del norte y sur del país, dejando una huella de ejecuciones que afectó gravemente a la Institución y que significó posteriormente que integrantes del Ejército en su mayoría de baja graduación jerárquica fueran procesados y condenados. Estas personas quedaron desvalidas de apoyo, ya que se asumió que las responsabilidades eran individuales”.
- “La comisión de este general se puede describir como una tarea perfectamente planificada desde Santiago, ejecutada mediante un programa idéntico en cada ciudad (…) El general a cargo, que lo hacía en calidad de “delegado del Comandante en Jefe del Ejército (CJE)”, se mantuvo deliberadamente lejos de los lugares donde se ejecutaron los fusilamientos, distrayendo a los comandantes de regimientos en actividades sin ninguna importancia, mientras los miembros de su comitiva sacaban gente de las cárceles y los fusilaban o le ordenaban a integrantes de las unidades que lo hicieran, involucrando intencionadamente a personal de los regimientos con seudos Consejos de Guerra”.
- “La calidad de “delegado del comandante en jefe del Ejército” que tenía el General Arellano durante este recorrido, era muy gravitante y decisiva (…) Esta delegación implica una gran responsabilidad de quien entrega esa potestad a un subordinado, en este caso el General Augusto Pinochet Ugarte, y de quien la recibe para utilizarla”.
- “Además de lo anterior, tampoco se clarificó el tipo de órdenes que recibió el General Arellano por parte del CJE, pero lo que está claro, es que su carrera continuó con un nuevo grado por resolución del mando en jefe”.
- El texto también se refiere a una serie de otros casos de violaciones de los DDHH y destaca las iniciativas del Ejército de reconocer su responsabilidad institucional a partir del texto del general Juan Emilio Cheyre, conocido como Nunca Más (2003).
Fraude al Ejército y detención de ex comandantes en Jefe. En el capítulo “El Ejército en el siglo XXI”, entre otros temas, toca el caso Fraude al Ejército -que estalló el año 2014 – y la detención de ex comandantes en Jefe.
- “En este repudiable episodio, algunos integrantes del Ejército dejaron de cumplir los principios y valores que la sociedad y la institución exige y demanda al personal militar, traicionando la confianza, faltando a la probidad, vulnerando los procedimientos dispuestos y dañando la fe pública. Para alcanzar sus detestables fines, se coludieron con civiles ajenos a la Institución y se apropiaron de recursos que el Estado asignaba para el financiamiento de las capacidades del Ejército”.
- “A raíz de las diligencias efectuadas por los tribunales de justicia para esclarecer estos hechos, fueron detectadas otras situaciones, aparentemente constitutivas de delito, lo que generó que fueran sometidos a proceso Oficiales y Suboficiales de distintos grados, incluidos ex comandantes en jefe. Esto último impacta fuerte y de manera muy especial al Ejército debido al alto cargo que ejercieron. Será la justicia a través de sus fallos definitivos la que determine la responsabilidad penal de los que hoy enfrentan acusaciones, pero es innegable que esta situación dañó gravemente la imagen de la Institución y la confianza que en ella tenía la ciudadanía”.
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