-¿Cómo se dan los espacios para que ocurran irregularidades como las vistas en el Caso Convenios?
-En primer lugar tiene que ver con las personas que están a cargo y son las responsables -en este caso- de las seremías o de los departamentos que asignaron estos recursos. Yo me pregunto habiendo leído el informe del contralor; ¿qué competencia y mérito tenían estos seremis y autoridades para asumir estos cargos de gran responsabilidad? Hay algo fundamental que no solo tiene que ver con las competencias técnicas, sino que también tiene que ver con elementos de probidad o transparencia.
El segundo elemento es que las regulaciones que existen hoy no se controlaban. Entonces, tú puedes tener una enormidad de normativas pero es letra muerta si el ambiente de control -en este caso en el Minvu– es deficiente. Los casos que mostraba el contralor eran bastante evidentes.
-¿Hay un mecanismo claro?
-Por supuesto, eso no lo digo yo, lo dijo el contralor. Esto es un modus operandi. Y en un principio -con la información que uno manejaba- se tiene el beneficio de la duda siempre. Pero se puede esperar que dos o tres regiones se puedan comportar de la misma manera. Pero cuando se ve un comportamiento sistemático de las autoridades en la ejecución de estos recursos, eso no puede si no obedecer a un modus operandi.
Sin duda que lo facilitó que las personas que estaban ahí no tuvieran ni la competencia ni los méritos para manejar esa cantidad de recursos. Pero también a nivel de gobierno general no existía un ambiente de control.
-¿Cómo ve la responsabilidad de la Directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez?
-En los gobiernos regionales más de la mitad del presupuesto se ejecutó en un solo mes. Me gustaría conocer alguna entidad pública o privada a nivel nacional o internacional que pueda ejecutar esa cantidad de recursos de una manera adecuada en 30 días, cuando ese presupuesto está hecho para ejecutarse durante todo un año.
Mi principal crítica al rol de la Dipres no es solamente que tenía conocimiento de aquello, sino que autorizó que recursos que estaban hechos para inversiones, como generar empleo, por ejemplo, se destinaran a transferencias, con el único objetivo de cumplir la ejecución. Me parece que una persona con ese nivel de ingenuidad, no puede estar a cargo del presupuesto de la nación.
-¿Cómo debe hacerse correctamente?
-Tiene que ser un avance gradual donde tú entregas competencias, ves resultados, vuelves a entregar competencias, evalúas resultados, y si son buenos, sigues avanzando. Aquí se entrega todo, la directora de presupuestos básicamente se entregó a todas las peticiones históricas de los gobiernos regionales. Que son legítimas, pero por alguna razón evidente no se entregaban al mismo tiempo.
-¿Qué opina de que la ministra Vallejo responsabilice a la derecha por el diseño de la transferencia de recursos?
-En otras palabras, lo que nos dijo la ministra es que los funcionarios que fueron elegidos por ellos si el día de mañana van a un almacén y el vendedor les desconecta la alarma, le van a robar la mercadería. Lo que está tratando de decir refleja -de alguna manera- que si tienes a personas que no tienen los méritos técnicos y además no cuentan con la probidad, es evidente que da lo mismo la regla que tengas, el tipo va a buscar la oportunidad de beneficiarse de los recursos de todos los chilenos.
No son las instituciones las que actúan de esa manera, son las personas. Lo que está tratando de decir la ministra es que las personas que ellos seleccionaron estaban esperando el momento para robar. Ellos son responsables de los controles que no hay, no el gobierno anterior.
¿Es solo atribuible solo al sector político del gobierno?
-Es evidente. En qué minuto el señor de Antofagasta tuvo alguna relación con el gobierno anterior. Y después más encima nadie controló eso. Me parece que el argumento de la ministra se cae solo. Cómo va a ser responsabilidad del gobierno anterior, si llevan casi dos años administrando el aparato público. Ellos son los encargados de administrar las seremías.
-¿Qué ocurrió o qué se hacía en el gobierno anterior para evitar estas irregularidades?
-No creo en la cátedras morales de una administración y otra. Pero sí que uno espera que estos casos sean la excepción y no la regla. Si uno mira para atrás hay muchos casos donde la Contraloría encuentra problemas o hace observaciones, pero esa no es la regla, es la excepción. Acá estamos viendo un modus operandi.
-¿Cómo se mejora el sistema para evitar estos casos?
-Urge una reforma al empleo público. Tenemos que terminar el cuoteo político de los cargos a nivel regional y sectorial. Esa es la principal razón de lo que estamos viendo hoy.
Diseñar políticas públicas de largo plazo requiere paciencia, análisis riguroso y, sobre todo, valentía para nadar contra la corriente. Pero nuestros liderazgos actuales parecen incapaces de hacerlo. Mientras tanto, la calidad del sistema político nacional sigue deteriorándose.
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