Estudio de Pivotes: el contraste entre el aumento del empleo público y la falta de mejoras en la calidad de servicios

El empleo público en Chile necesita una reforma integral que lo haga más transparente, eficiente y sostenible, sostiene la economista Elisa Cabezón y Rafael Palacios en un informe del centro de estudios Pivotes. El empleo público hoy tiene un gasto desproporcionado, problemas de ausentismo y percepción de calidad del servicio. En promedio, los funcionarios públicos tuvieron 22 días de licencias médicas en 2023, mientras que el trabajador promedio chileno registra 14 días. Avanzar hacia un sistema basado en mérito y desempeño no solo mejoraría la gestión pública, sino que también fortalecería la confianza ciudadana en el Estado, dice.

Qué ha sucedido. El empleo público en Chile enfrenta un fuerte cuestionamiento luego de la decisión de la Contraloría General de la República de revisar la doctrina de “confianza legítima”, lo que reavivó las tensiones sobre la rigidez del sistema, destacando su fragmentación y falta de transparencia.

• Este debate subraya la urgencia de una reforma profunda que modernice el régimen laboral del Estado, como sostiene un informe de Pivotes realizado por la directora de Evidencia, Elisa Cabezón, y el miembro del comité de Incidencia Rafael Palacios quienes sostienen que son cuatro hechos los que respaldan la complejidad y opacidad de la actual regulación del empleo público, que facilita la contratación ante la llegada de un nuevo gobierno y dificultad su desvinculación, se ha traducido en un crecimiento desmedido y costoso de éste, con señales de disfuncionalidad dentro del aparato público.
• Más allá de la controversia, el informe plantea que los problemas del empleo público afectan directamente la capacidad del Estado para responder a las necesidades ciudadanas. Desde el crecimiento acelerado del gasto en personal hasta señales de disfuncionalidad interna, las cifras evidencian un sistema que necesita una transformación urgente.
• El Estado administra recursos públicos equivalentes al 27% del PIB del país, y contrata al 23% de los empleados formales, financiado con los impuestos de los chilenos.

Gasto público: una carga creciente. Uno de los puntos más alarmantes del informe es cómo el gasto estatal en personal ha crecido desproporcionadamente en relación al PIB. En 2006, este representaba el 4,6% de la economía, para 2023 esa cifra ascendió al 7,1%. Este incremento refleja una expansión del aparato estatal que “no ha venido acompañada de mejoras en la calidad de los servicios públicos”.

• El problema es doble señala el informe: no solo aumenta el peso fiscal, sino que este gasto adicional no se traduce en mayor efectividad gubernamental. Este desbalance afecta la sostenibilidad financiera del país y limita la capacidad de realizar inversiones en otras áreas críticas, como infraestructura o innovación tecnológica.
• Además, los datos indican que el gasto público no es homogéneo. Las entidades más vinculadas a los cambios de gobierno tienden a experimentar de mayores alzas salariales y contrataciones, lo que sugiere la necesidad de separar funciones administrativas permanentes de las designaciones de confianza política.

Cae el sector privado en el mercado laboral. Otro de los hallazgos del informe es la progresiva pérdida de participación del sector privado en el mercado laboral formal. Desde 2014, el crecimiento del empleo privado se ha estancado, mientras que el empleo público continúa aumentando.

• Actualmente, por cada 100 trabajadores del sector privado, hay 23 funcionarios públicos, el mayor ratio en más de dos décadas.
• Esta tendencia, si bien refleja el rol crucial del Estado en proveer servicios básicos, también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de un sistema donde el financiamiento del empleo público depende del dinamismo del sector privado. Según Cabezón y Palacios “esta relación es insostenible a largo plazo, especialmente si el sector público sigue creciendo sin control”.

Efectividad gubernamental: en retroceso. El gasto en personal no ha logrado mejorar la percepción sobre la calidad de los servicios públicos. El estudio indica que el indicador de “Efectividad del Gobierno” del Banco Mundial muestra que Chile se ha deteriorado en los últimos 11 años al caer del percentil 84 en 2012 al 69 en 2022 (mientras más cerca del 100 es mejor). Este deterioro no solo afecta la imagen del país a nivel internacional, sino que también refleja un descontento creciente entre los ciudadanos.

• Los resultados del indicador incluyen evaluaciones sobre la implementación de políticas públicas y la calidad de los servicios ofrecidos por el Estado. La desconexión entre el aumento del gasto y la percepción de calidad evidencia un problema estructural que va más allá de la cantidad de recursos asignados.
• Para revertir esta tendencia, el informe de Pivotes recomienda un enfoque basado en la meritocracia, donde las promociones y contrataciones se fundamenten en el desempeño y no en influencias políticas.

Ausentismo laboral. El ausentismo laboral en el Gobierno Central es otro tema crítico. En promedio, los funcionarios públicos tuvieron 22 días de licencias médicas comunes en 2023, significativamente más que los 14 días registrados para el trabajador promedio chileno. Este aumento, que ha sido constante en los últimos años, genera dudas sobre la cultura laboral dentro del sector público.

• Desde 2006, el ausentismo ha crecido en cada administración. Durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, el promedio anual fue de 19 días; en el actual gobierno de Gabriel Boric, esa cifra ha llegado a 34 días. Según el informe, este fenómeno no se debe únicamente a condiciones médicas, sino que también refleja posibles problemas en la gestión del ambiente laboral.
• El impacto del ausentismo no es menor. Más días fuera de la oficina significan una menor capacidad para ejecutar políticas públicas y, en última instancia, para responder a las demandas ciudadanas. Solucionar este problema requiere no solo modernizar los reglamentos laborales, sino también mejorar las condiciones de trabajo.

Una reforma imprescindible. El sistema de empleo público está fragmentado, es costoso y genera resultados insatisfactorios por lo que es necesario avanzar en una reforma que compatibilice el mérito con una protección adecuada de la función pública ante la influencia política, de modo de poder entregar servicios del Estado a los ciudadanos de forma eficiente y eficaz. Por ello, Pivotes propone dos medidas para abordar estas falencias:

• Un estatuto único de empleo público
  • Este nuevo marco normativo unificaría los más de 10 estatutos existentes, simplificando el ingreso, la promoción y la desvinculación de los funcionarios. La meritocracia sería el eje central, garantizando que las decisiones laborales se tomen en base al desempeño y no a la política.
• Separación de funciones gubernamentales y administrativas
  • El informe sugiere distinguir entre los funcionarios de confianza del gobierno, cuyo rol es implementar la agenda política, y los funcionarios administrativos, encargados de ejecutar políticas de largo plazo. Esta separación no solo reduciría la politización del aparato estatal, sino que también aumentaría su profesionalismo.

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