Están fracasando, y lo saben. Por Ignacio Imas

Tal vez debimos reflexionar si realmente era de interés ciudadano concreto el cambiar la Constitución, y no tuvimos que poner todos estos esfuerzos y negociaciones en cuestiones que parecen ahora ya ni siquiera prioridades ciudadanas, sino cuestiones urgentes.

Nuestro sistema político está fracasando, de nuevo. Actualmente, somos testigos del deterioro del diálogo dentro del Consejo Constitucional, donde las posturas exhiben divergencias marcadas y parecen distanciarse cada vez más de posibles acuerdos. Sin embargo, cabe cuestionarnos si los consejeros tienen genuino interés en converger en ciertos puntos, o si lo que estamos presenciando es más bien un juego de cachetadas de payaso en el que la falta de acuerdo resulta beneficioso para todas las partes involucradas. Veamos.

El Partido Republicano, que actualmente ostenta la mayoría en el Consejo, obtuvo un importante número de escaños sin tenerlo en sus cálculos previos. Se ha visto catapultado, pasando de ser un actor de bloqueo a un protagonista central en un giro inesperado. Acostumbrados a evitar sentarse a la mesa, incluso para habilitar este nuevo proceso, ahora se enfrenta a la necesidad de hacer que el resto lo haga.

De esta forma, se enfrenta a un desafío complicado, donde las estrategias tradicionales no resultan cómodas. Además, son los principales actores de un camino que llevaría a Chile a redactar una nueva Constitución, pero a ellos les convence más quedarse con la actual. Entonces ¿cuál es el incentivo de que esto tenga éxito?

En el espectro de las izquierdas la realidad es muy distinta. Esta coalición se encuentra en una posición de minoría completa, con un resultado electoral en mayo que dejó mucho que desear, sin siquiera obtener un papel de veto. Además, culturalmente al menos hoy, sus posturas son minoría: Chile no busca una preeminencia estatal en asuntos como pensiones, salud o educación.

Este desafío se torna aún más complejo cuando su narrativa principal se basa justamente en esa idea. Su dilema radica en decidir si sentarse a la mesa, pero surge la pregunta: ¿con qué propósito? Si no existe una disposición real por parte de todas las fuerzas políticas, se torna imposible siquiera discutir temas concretos, porque será imposible instalar sus ideas en las enmiendas. Entonces ¿cuál es el incentivo para que esto tenga éxito?

En el proceso anterior, parecía que los actores involucrados deliberadamente boicoteaban la Convención. En esta ocasión, parece que el esfuerzo en esa dirección es compartido, ya que ninguna fuerza política parece verdaderamente interesada en lograr un resultado satisfactorio. Quizás debimos reflexionar si el cambio de Constitución era realmente un interés concreto de la ciudadanía, y si no deberíamos haber canalizado nuestros esfuerzos y negociaciones hacia cuestiones que ahora parecen haber perdido su prioridad ciudadana para convertirse en asuntos urgentes.

Tal vez debimos reflexionar si realmente era de interés ciudadano concreto el cambiar la Constitución, y no tuvimos que poner todos estos esfuerzos y negociaciones en cuestiones que parecen ahora ya ni siquiera prioridades ciudadanas, sino cuestiones urgentes. También, tal vez debimos reflexionar si en algún momento no debimos quemar los escasos cartuchos que quedaban en ese pasado noviembre de 2019 en interpretar las pancartas de las movilizaciones que haber saldado una deuda pendiente a nivel político.

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