Qué observar. Los hechos ocurrieron así. Poco antes del 28 de junio de 2021, cuando Raúl Torrealba aún era alcalde de Vitacura, la Contraloría solicitó un informe a la municipalidad de Vitacura sobre la entrega de subvenciones a organizaciones sociales entre 2019 y 2021.
El resultado del sumario. La información que solicitó Contraloría terminó en un sumario administrativo contra Torrealba, que se inició cuando aún era alcalde y cuya etapa indagatoria concluyó este jueves 27 de abril.
La circulación de dinero en efectivo. La investigación determinó que Torrealba delegó la facultad de entregar subvenciones a un tercero (el ex director de Administrador y Finanzas), quien habría realizado transferencias a al menos tres corporaciones Vita, sin que existieran vínculos contractuales entre ambas partes. Esto, pese a que la Ley Orgánica de Municipalidades establece que la entrega de subvenciones es una facultad indelegable del alcalde, que además debe contar con la aprobación del concejo municipal (lo que en este caso no existió).
Formulación de cargos. Con la formulación de cargos se iniciará la defensa de los inculpados y la etapa probatoria. Tanto Torrealba como los otros se arriesgan a la destitución, sanción que los imposibilitaría del ejercicio de cargos públicos durante cinco años.
Lo que dijo la alcaldesa. La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, abordó la resolución de Contraloría en los siguientes términos “Hemos sido informados que la Contraloría General de la República, después de largos meses, cerró la etapa investigativa relacionada con las irregularidades detectadas en los programas Vita y ha tomado la decisión de presentar cargos contra funcionarios y ex funcionarios. Ahora, ellos tienen la posibilidad de presentar sus descargos y Contraloría va a tener que evaluarlos, ponderarlos y proponer sanciones. Por lo tanto, en esta etapa, como alcaldesa no me puedo referir en detalle a este proceso”.
El caso. El miércoles 18 de agosto de 2021, Merino expuso al Concejo Municipal que habían presentado una denuncia a la Fiscalía Metropolitana Oriente por presuntas irregularidades en los recursos entregados a los programas Vita, dependientes del municipio.
Las primeras pistas. Los antecedentes recabados por el fiscal Carlos Ramírez incluyeron el testimonio de la anteriormente mencionada directora de Desarrollo Comunitario, Antonia Larraín Prieto, una amiga de niñez de una hija de Torrealba. Larraín aseguró que debía entregarle, mensualmente, $5 millones en efectivo al alcalde. La publicista se autodenunció al enterarse que ya lo había hecho Prieto, su tío abuelo.
Antecedentes. La Tercera publicó que el 3 de septiembre de 2021, a solicitud de de la Fiscalía, se alzó el secreto bancario de las cuentas de Torrealba, Larraín y Prieto.
Qué delitos se investigan: La fiscalía indaga actualmente 4 delitos, de forma desformalizada. Es decir, no se han formulado oficialmente cargos en contra de ningún imputado. Los ilícitos, que en caso de condena implican pena de crimen, son: Malversación de caudales públicos, cohecho, fraude al fisco y falsificación de instrumento público.
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