Escándalo en Vitacura: Contraloría formula cargos contra Torrealba por infracción grave al principio de probidad y depósitos irregulares en efectivo

El organismo que dirige Jorge Bermúdez concluyó este jueves la etapa indagatoria de un sumario administrativo que comenzó cuando Torrealba aún era alcalde. El sumario determina que hubo vulneración grave del principio de probidad por parte del ex edil y otras 10 personas que trabajaron bajo su gestión. La investigación detectó la circulación de dinero en efectivo desde las corporaciones Vita a la oficina del ex alcalde, quien instruía a su chofer a que realizara, como parte de sus labores diarias, depósitos en diversas cuentas corrientes. Al ex edil se le atribuye delegar la facultad de entregar subvenciones a través de un tercero -contrario a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades- y sin la aprobación del concejo municipal.

Qué observar. Los hechos ocurrieron así. Poco antes del 28 de junio de 2021, cuando Raúl Torrealba aún era alcalde de Vitacura, la Contraloría solicitó un informe a la municipalidad de Vitacura sobre la entrega de subvenciones a organizaciones sociales entre 2019 y 2021.

• El organismo que dirige Jorge Bermúdez solicitó específicamente el detalle de las subvenciones entregadas por el municipio a Vita Emprende, Vita Deporte y el Consejo Local de Deporte. De ellos se pedía: Nombre de la organización, RUT, representante legal y señalar si estaba la rendición de recursos otorgados, así como el decreto alcaldicio que formaliza el convenio de entrega de subvención y la fecha del mismo. También pidió la entrega de la vigencia actual de convenio, su imputación presupuestaria y los montos transferidos en 2019, 2020 y 2021, además de los rendidos en los mismos años.

El resultado del sumario. La información que solicitó Contraloría terminó en un sumario administrativo contra Torrealba, que se inició cuando aún era alcalde y cuya etapa indagatoria concluyó este jueves 27 de abril.

• El sumario determinará las responsabilidades administrativas en el proceso de otorgamiento, pago y rendición de subvenciones entregadas por el municipio a Vita Emprende, Vita Deporte y al Consejo Local de Deporte.
• Pero, tras la investigación, el organismo fiscalizador ya decidió formular cargos por vulneración grave al principio de probidad en contra de Torrealba y al menos otras 10 personas que trabajaron bajo su gestión, entre los que se encuentran el ex director de control, el ex director de Administrador y Finanzas y la ex directora de Desarrollo Comunitario, la publicista Antonia Larraín Prieto, clave en la trama del caso.
• Además, remitirá los antecedentes al fiscal Francisco Jacir, quien investiga la arista penal del caso.

La circulación de dinero en efectivo. La investigación determinó que Torrealba delegó la facultad de entregar subvenciones a un tercero (el ex director de Administrador y Finanzas), quien habría realizado transferencias a al menos tres corporaciones Vita, sin que existieran vínculos contractuales entre ambas partes. Esto, pese a que la Ley Orgánica de Municipalidades establece que la entrega de subvenciones es una facultad indelegable del alcalde, que además debe contar con la aprobación del concejo municipal (lo que en este caso no existió).

• También se estableció que hubo circulación de dinero en efectivo desde las corporaciones Vita a la oficina de Torrealba, quien instruía a su chofer a que realizara, como parte de sus labores diarias, depósitos en diversas cuentas corrientes.

Formulación de cargos. Con la formulación de cargos se iniciará la defensa de los inculpados y la etapa probatoria. Tanto Torrealba como los otros se arriesgan a la destitución, sanción que los imposibilitaría del ejercicio de cargos públicos durante cinco años.

• El proceso culminará cuando la Contraloría remita al concejo municipal la propuesta de sanciones para las personas involucradas en el sumario.

Lo que dijo la alcaldesa. La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, abordó la resolución de Contraloría en los siguientes términos “Hemos sido informados que la Contraloría General de la República, después de largos meses, cerró la etapa investigativa relacionada con las irregularidades detectadas en los programas Vita y ha tomado la decisión de presentar cargos contra funcionarios y ex funcionarios. Ahora, ellos tienen la posibilidad de presentar sus descargos y Contraloría va a tener que evaluarlos, ponderarlos y proponer sanciones. Por lo tanto, en esta etapa, como alcaldesa no me puedo referir en detalle a este proceso”.

El caso. El miércoles 18 de agosto de 2021, Merino expuso al Concejo Municipal que habían presentado una denuncia a la Fiscalía Metropolitana Oriente por presuntas irregularidades en los recursos entregados a los programas Vita, dependientes del municipio.

• Era el primer antecedente público de una investigación sobre la gestión de Torrealba, quien encabezó por 25 años el municipio y no postuló nuevamente, luego de que se aprobara la ley que limitaba la reelección.
• La indagación, para algunos, tuvo su punto de partida en una pelea de Torrealba con Domingo Prieto, quien durante 20 años fue el representante de Vita Salud, Vita Emprende y Vita Deportes, corporaciones sin fines de lucro que funcionaban al alero del municipio y que recibían subvención estatal. El ex alcalde aparentemente lo acusó de tener un desorden contable en las organizaciones, no le pagó su indemnización y el hermano del futbolista Ignacio Prieto terminó siendo una pieza clave en la indagación. Fue él quien primero hizo personalmente denuncias a la alcaldesa Merino.

Las primeras pistas. Los antecedentes recabados por el fiscal Carlos Ramírez incluyeron el testimonio de la anteriormente mencionada directora de Desarrollo Comunitario, Antonia Larraín Prieto, una amiga de niñez de una hija de Torrealba. Larraín aseguró que debía entregarle, mensualmente, $5 millones en efectivo al alcalde. La publicista se autodenunció al enterarse que ya lo había hecho Prieto, su tío abuelo.

• El 19 de agosto de 2021, Larraín, que abandonó su antiguo cargo, declaró “ser funcionaria de la municipalidad desde hace 16 años, conociendo al ex alcalde de la comuna Raúl Fernando Torrealba del Pedregal de toda su vida, ya que es amiga de una hija (suya)”.
• Relató que “desde julio o agosto de 2018 ocupó el cargo de directora de Desarrollo Comunitario en calidad de subrogante y apenas comenzó a ocupar el cargo el imputado Torrealba le señaló que todos los meses ella recibiría del imputado Prieto un sobre con suma aproximada de $ 5.000.000, lo que efectivamente ocurrió hasta el mes de diciembre de 2020”, para fines que se investigan.
• Dijo que el sobre con dinero se lo entregaba Domingo Prieto, pero que en otras oportunidades lo hicieron 2 funcionarios mandatados por Prieto.
• Este dinero, según consigna la querella presentada por el municipio, Larraín testificó que “lo entregaba personalmente al alcalde Raúl Torrealba del Pedregal, quien se desempeñó en tal cargo entre los años 1996 y 2021”.
• Sostuvo también, consignó el escrito del fiscal, que “todos los años, para la semana de la chilenidad, ella recibía de parte del señor Prieto una suma de dinero variable, cercana a los $ 3.000.000, para que administrara y gastara en temas propios de esa celebración. Sin embargo, normalmente sobraban sumas cercanas a $ 1.000.000 que ella debía entregar en efectivo al alcalde en ejercicio”.

Antecedentes. La Tercera publicó que el 3 de septiembre de 2021, a solicitud de de la Fiscalía, se alzó el secreto bancario de las cuentas de Torrealba, Larraín y Prieto.

• De Torrealba, indica el artículo, se detectó una cuenta del Banco de Chile en la que tiene más de $ 2.300 millones (su renta mensual como alcalde eran de $ 3 millones 500 mil).
• También reveló que, en su declaración, Prieto sostuvo que el ex intendente Felipe Guevara fue el autor del mecanismo de triangulación de dinero mientras fue director de desarrollo comunitario de Vitacura, en los 90, y que recibió pagos incluso cuando ya era alcalde en Lo Barnechea. Guevara negó tajantemente esa versión.
• Todo apunta a que el Ministerio Público formalizará a Torrealba y pida su prisión preventiva.

Qué delitos se investigan: La fiscalía indaga actualmente 4 delitos, de forma desformalizada. Es decir, no se han formulado oficialmente cargos en contra de ningún imputado. Los ilícitos, que en caso de condena implican pena de crimen, son: Malversación de caudales públicos, cohecho, fraude al fisco y falsificación de instrumento público.