Hoy hablamos mucho de asegurar derechos en la propuesta de Constitución, lo que de nada sirve si no tenemos una política social efectiva. En las sociedades modernas, los Estados cumplen un rol fundamental en reducir las desigualdades de ingreso. A través de sus sistemas tributarios y esquemas de subsidios y transferencias están llamados a redistribuir de manera efectiva el bienestar que resulta de la acción del mercado. Para lograr esta difícil misión se necesita de una política social moderna, coordinada y eficiente. Lamentablemente, estamos lejos de este escenario ideal.
Veamos primero qué nos dicen los números. Antes de la acción del Estado, la desigualdad de ingresos de mercado de la OCDE y de Chile —medida a través del índice de Gini— es de 0,42 y 0,5, respectivamente. Posterior a la acción del Estado (sistema tributario, subsidios y transferencias) la OCDE logra reducir este índice en 10 puntos porcentuales y Chile, en apenas 4. ¿Por qué la acción de los países OCDE es 2,5 veces más efectiva que la nuestra?
El principal problema es que tenemos una política social desarticulada y que genera incentivos a subreportar ingresos para no perder beneficios (“cotíceme por el mínimo”). El ejemplo más nítido de este mal diseño es el subsidio habitacional DS49: las familias son elegibles sólo si están en el 40% más vulnerable. Es decir, a los del 41% no les llega nada. La historia se cuenta sola. A esto hay que agregar que año a año sumamos más programas públicos, de baja cobertura y sin capacidad de asegurar su efectividad. Si en 2012 había 478, al 2021 la cifra ascendía a 699 —46% de ellos con un presupuesto menor a 2,5 millones de dólares—. Así, con cada gobierno creamos un nuevo programa, sin hacer un análisis sistemático de lo que ya existe y privilegiando iniciativas de bajo presupuesto en desmedro de transferencias masivas bien diseñadas.
¿Qué hacen los países que son más efectivos que el nuestro en reducir la desigualdad de ingresos? Canadá, por ejemplo, ancló su política social en una amplia red de subsidios directos a las familias, administrados y pagados directamente por su oficina de impuestos (Canada Revenue Agency), lo que simplifica y automatiza la entrega de cada uno de estos beneficios. En simple, nadie tiene que postular a los subsidios ya que son calculados una vez al año en la declaración de impuestos y pagados a través de la misma agencia pública. Esto también incentiva la formalización, ya que el que no declara impuestos no recibe las ayudas estatales.
Para ilustrar la comparación, imaginemos a una familia de cuatro integrantes: padre y madre (ambos trabadores cuyo ingreso combinado equivale al 60% del ingreso familiar mediano) con dos hijos menores de 18 años, donde uno de ellos está en una situación de discapacidad.
Si esta familia viviera en Canadá tendría ingresos anuales aproximados por $37.800 dólares canadienses (CAD) y recibiría los siguientes subsidios: $18.400 CAD por sus dos hijos (Canada Child Benefit); $1.000 CAD por un subsidio focalizado en ingresos bajos para aliviar el consumo (GST/HST credit) y $3.100 CAD por un subsidio a trabajadores de bajos ingresos (Canada workers benefit). Por lo tanto, producto de la política social canadiense, esta familia vería incrementado sus ingresos en un 54%.
Si la misma familia viviera en Chile, tendría un ingreso familiar aproximado de $550.000 pesos mensuales. Para acceder a los beneficios sociales primero tendría que estar inscrita en el Registro Social de Hogares. En subsidios podría recibir la Asignación Familiar por $20.150 al mes, el Aporte Familiar Permanente por $8.800, el Bono al Trabajo a la Mujer por $35.000 y el Ingreso Mínimo Garantizado por $31.000. Para recibir estos beneficios tendría que pasar por procesos de postulación del Ministerio de Desarrollo Social y del SENCE, logrando así aumentar su ingreso familiar en apenas un 17%.
Canadá versus Chile. Aumento del ingreso de un 54% de manera automática en contraste con un aumento del 17% pasando por engorrosos procesos de acreditación y postulación. Si bien las iniciativas como Chile Atiende o la Red de Protección Social permiten a la ciudadanía acceder a la información de manera más simple, estamos lejos de tener una política social oportuna, moderna y eficiente que ayude a las familias donde más lo necesitan: aumentar sus ingresos disponibles.
Necesitamos repensar y reestructurar nuestra política social, en base a una política de transferencias que incentive la formalización laboral. Una política social basada en transferencias es más expedita, tangible y llega donde más lo necesitamos. Aquí es fundamental darle un rol protagónico al Servicio de Impuestos Internos, para incentivar la declaración de ingresos formales y que no existan procesos de postulación más allá de la declaración de impuestos anual. Bien podría el Gobierno incluir esta discusión como parte de la reforma tributaria. Si seguimos postergando esta discusión, las expectativas de las familias con respecto al rol del Estado seguirán frustrándose estrepitosamente, independiente de los derechos que aseguremos en nuestra Constitución.
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