¿Es Chile un país inseguro? Por Carlos Silva

Otra de las problemáticas no abordadas por el Estado dice relación con la composición, formas de ingreso, ascensos, remuneraciones, condiciones laborales y un largo etcétera respecto de las instituciones policiales, tanto Carabineros de Chile como la Policía de Investigaciones, las que deben ser acreedoras de múltiples reformas.

Quienes nos dedicamos al Derecho Penal y Criminología, intuitiva e inmediatamente, responderíamos, con cifras que nos avalan, que Chile es el país más seguro de la región. Sin embargo, la respuesta a la interrogante planteada, en caso alguno, carece de complejidad.

Efectivamente, Chile posee cifras de delitos violentos extraordinariamente bajas: los homicidios, de acuerdo con datos del Banco Mundial, se sitúan en 4 por cada 100.000 habitantes, lo que nos posiciona muy lejos de los 31 de Belice, 29 de Bahamas, 27 de Colombia y 22 de Brasil. Lo anterior no resulta suficiente para explicar a qué se debe que estos índices, que deberían dejarnos satisfechos como número de macro criminalidad más que aceptables, no se condicen con la sensación de inseguridad de la población.

Muestra de ello es la reciente publicación de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) en la que se da cuenta que la percepción de la ciudadanía no es tan auspiciosa como las cifras anteriores. En 2023, un 87,6% de los encuestados consideró que la delincuencia aumentó en el país en los últimos 12 meses. Además, se han incluido, dentro de este indicador, delitos que nos parecían lejanos, como el secuestro extorsivo.

Estos hechos nos llevan, muchas veces, a ver cómo se provoca una verdadera oleada de reformas, que tienen poco sustento en la evidencia científica y que, poco o nada, ayudan al verdadero control de la criminalidad lo que, por supuesto, trae aparejada una nueva sensación (incorrecta) de inseguridad.

Esta nueva realidad acarrea múltiples oportunidades en distintas materias. Debería transformarse en una prioridad la posibilidad de abordar, a través de estudios serios, las reformas plausibles. No se trata solo de leyes que prometan más cárcel -que, como señala el criminólogo escocés David Garland, han llevado a una verdadera cultura del control- pero que no ofrecen mejores condiciones generales para una real reinserción, dejando en la nebulosa y despreocupación las causas que provocan la ocurrencia de delitos, que en la mayoría no son posibles de solucionar por medio de la privación de libertad.

Otra de las problemáticas no abordadas por el Estado dice relación con la composición, formas de ingreso, ascensos, remuneraciones, condiciones laborales y un largo etcétera respecto de las instituciones policiales, tanto Carabineros de Chile como la Policía de Investigaciones, las que deben ser acreedoras de múltiples reformas. Si bien poseemos instituciones policiales que son bien valoradas por la ciudadanía, en comparación con otros países de la región, respecto a temas como la corrupción, ha quedado demostrado en variados contextos que les falta preparación en muchas áreas que les son propias.

En otra arista, cuando se pide más cárcel para los delincuentes, se olvida que estas personas deben ir a un lugar donde las probabilidades de morir por múltiples causas crecen exponencialmente, ya sea por muerte violenta, por falta de atención médica o por carencias básicas. Ni hablar de las condiciones de los funcionarios encargados de la custodia de los internos en estos recintos penitenciarios, quienes no sólo tienen bajos sueldos y turnos extenuantes, sino también malas condiciones materiales para ejercer su función.

Respondiendo a la pregunta ¿es Chile un país seguro?, sí lo es, pero podemos mejorar. Esto pasa por una política de Estado seria que no mire sólo los intereses electorales de quienes se encuentran en el gobierno de turno o de quienes han transformado este tema como el slogan de campaña.

Es crucial trabajar por lograr mejoras en nuestro sistema y, de esta manera, erradicar la percepción de tener una justicia que, muchas veces, no hace lo que corresponde. Sabidos han sido los casos de personas que tienen más posibilidades de defensa, quienes han recibido condenas extremadamente bajas, como clases de ética o arresto domiciliario para delitos graves contra menores.

En el caso opuesto, hay que trabajar en una estrategia de comunicación adecuada para que se conozcan hechos como que, en más del 90% de los casos de petición de prisión preventiva por parte del Ministerio Público, esta se decreta por los tribunales.

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