La reciente encuesta de la consultora ORC revela que, de mantenerse Maduro en el poder, cinco millones de venezolanos tienen la intención de abandonar su país este año. Este éxodo masivo podría tener un impacto significativo en Chile, dado que históricamente hemos recibido aproximadamente el 10% de estos movimientos migratorios.
Con base en este patrón, se anticipa que Chile podría recibir alrededor de 500 mil personas, lo que plantea importantes desafíos para la sociedad y el gobierno chileno. Estos desafíos se vuelven aún más complejos en el contexto de las políticas migratorias actuales, que facilitan la residencia y el acceso a servicios para migrantes, incluso aquellos que ingresan ilegalmente a nuestro país.
La política migratoria vigente, implementada en diciembre de 2023, establece que los migrantes que ingresan clandestinamente, no tienen antecedentes penales y tienen algún arraigo familiar o laboral, es decir, que hoy trabajan sin autorización, puedan obtener una visa. Esta medida no solo envía señales equivocadas que podrían fomentar la migración irregular y el trabajo sin autorización, sino que también compromete la seguridad y el orden público.
Además, se mantienen las cuestionables políticas públicas que priorizan a los migrantes en el acceso a servicios esenciales, como los jardines infantiles de JUNJI. Esta prioridad genera tensiones con otros grupos vulnerables, dado que los hijos de extranjeros sin carnet de identidad tienen acceso prioritario a los jardines por sobre los hijos de madres adolescentes chilenas o pertenecientes a pueblos originarios. La situación es especialmente crítica en sectores más desfavorecidos del norte y centro de nuestro país, donde la demanda de estos servicios supera ampliamente la oferta disponible.
La respuesta del Estado ante este desafío ha sido insuficiente. Se ha señalado que es importante registrar a quienes ingresan clandestinamente, pero no se ha puesto suficiente énfasis en evitar estos ingresos. En un país donde más de un millón de extranjeros han ingresado en los últimos años, y con 110 mil entradas ilegales registradas desde 2022 según datos de la PDI, es evidente que se necesita una gestión más efectiva y proactiva. La incapacidad de devolver a extranjeros no bolivianos que ingresan clandestinamente a través de Bolivia, debido a la prohibición impuesta por la administración actual desde abril de 2022, es un claro reflejo de una falta de capacidad y de una agenda que parece oponerse a una migración responsable y regulada.
Para abordar estos desafíos, es crucial adoptar medidas más firmes y coherentes que garanticen una migración ordenada y segura. Entre las acciones recomendadas se encuentran evitar privilegiar el acceso a servicios y beneficios para aquellos en situación irregular por sobre los nacionales y los extranjeros que siempre han estado regulares en nuestro país, implementar controles fronterizos más estrictos y mejorar la colaboración internacional para facilitar las expulsiones. También es esencial revisar y ajustar las políticas de regularización de migrantes para asegurarse de que no se conviertan en un incentivo para la migración irregular.
La falta de acción y de una estrategia clara no solo exacerbará los desafíos existentes, sino que también pondrá en riesgo la cohesión social y la seguridad nacional. La situación actual representa una oportunidad para que Chile demuestre su capacidad de gestionar eficazmente la migración, respetando los derechos y manteniendo un sistema justo y responsable para todos los residentes del país.
Es fundamental que se tomen decisiones informadas y estratégicas para asegurar un futuro en el que la migración sea vista como una oportunidad, siempre y cuando se maneje de manera ordenada y legal. Solo así se podrá garantizar que Chile siga siendo un país cohesionado y seguro para todos, y que se eviten las tensiones sociales que hoy surgen de una gestión migratoria deficiente.
La experiencia internacional muestra que una migración bien gestionada, considerando las necesidades de las comunas y las regiones, puede ser un motor de desarrollo económico y social, pero para ello es necesario un enfoque riguroso y comprometido por parte de todas las instituciones involucradas que hoy no se ve de parte del gobierno.
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