Mientras se debaten los detalles de la reforma de pensiones en el Congreso, la política coyuntural sigue su curso. Y, lamentablemente, a pesar de lo importante que resulta legislar en el tema previsional, es imposible ignorar algunos aspectos de lo que parece ser transitorio.
Por ejemplo, esta semana se dieron a conocer los chats de la diputada Catalina Pérez con un miembro de Democracia Viva, en los que se revelan una serie de infidencias y la verdadera profundidad del complot con el cual su fundación malversaba fondos públicos.
Quizás lo más revelador de los WhatsApp es la ligereza con que se abordaba el asunto. Sin prudencia alguna, la diputada, que está siendo procesada para ser desaforada de su cargo, se muestra completamente involucrada en intentar ayudar a quien luego sería enviado a prisión preventiva por la gravedad de lo que se le imputa.
Además, la falta de prudencia también se evidencia en la manera en que los imputados mencionan nombres de personas que hoy ocupan la primera línea de cargos del país, prácticamente usándolos como corredores de empleo o artífices del encubrimiento que vendría después.
Lo mismo ocurrió con la forma en que casualmente trataron de levantar una sede hechiza para una fundación inexistente en el departamento de una amiga, mostrando no solo el descuido con que se creó la fundación, sino la desesperación por intentar encubrir las irregularidades después.
Si Pérez fuera una diputada más, quizás el asunto quedaría relegado a la crónica policial como todos los otros casos de corrupción. Pero no lo es. Pérez es la figura que justificó la quema de infraestructura pública en medio del estallido social, abriéndole el paso al irresponsable primer proceso constituyente que trató de demoler todo lo que ha funcionado a través de los años, incluyendo el sistema de pensiones.
Pérez, además, fue la representante máxima de Revolución Democrática, justo en la crisis más importante de las últimas décadas, organizando no solo la destrucción de lo que había, sino también la reconstrucción después. Primero como crítica política, luego como propuesta electoral. Por lo mismo, no es sorpresa que tenga facilidad para mover hilos políticos aquí y allá para posicionar a personas en lugares que después le sirvan cuando lo necesite.
De hecho, es lo que hizo su sucesor en la presidencia de RD, defendiéndola a brazo partido ante las acusaciones de corrupción, desde el Congreso mismo. Claro, después Latorre, el único senador del partido y coalición, tuvo que renunciar a su rol administrativo por lo mismo, pero la mancha quedó. Es incluso probable que Pérez haya logrado manchar el nombre del partido que gentilmente la llevó al Congreso en primer lugar, obligándolos a cambiarse de nombre para intentar blanquearse, dejando atrás el nombre que tanto les costó conseguir.
La mancha no queda allí. Lo de Pérez abre la puerta a cuestionar toda una generación política y su intención moral, que, si bien mostró su verdadera naturaleza en medio del estallido social, pudiendo haber cambiado luego de haber ascendido al poder, no lo ha hecho. Pudiendo haber crecido al alero de la presión de madurar para gobernar, no lo hicieron. Primero impulsaron una propuesta constitucional fundamentalmente irresponsable, y luego, dejaron todo lo importante para el final.
Es el caso de la reforma de pensiones, que se ha convertido, mañosamente, en el proyecto emblemático del gobierno, a falta de cualquier otra aspiración. Increíble, porque incluso si el proyecto pasara por el Congreso en el estado en que está firmado el acuerdo, sería una gran derrota para las ideas fundamentales del oficialismo, que siempre se han manifestado en contra del andamiaje capitalista como modelo estructural. El proyecto no solo fortalecería las AFP, sino que cerraría el debate reformista por un tiempo.
Por lo mismo, es evidente que, en caso de ser aprobado, la victoria sería comunicada como el aumento del porcentaje de cotización que iría fundamentalmente a manos del Estado. Es obvio. El gobierno no saldrá a celebrar que habrá consolidado a las AFPs, sino que destacará que habrá avanzado en la demolición de la capitalización individual. Esto es, al menos, lo que da a entender el diputado Luis Cuello del Partido Comunista, quien reconoce que la reforma abre cuentas nocionales y que avisa que es el primer paso hacia un sistema previsional completamente público.
Más allá de las intenciones de fondo, y a pesar de que hay dudas sobre cómo se resolverán las diferencias en los puntos de discordia, y exactamente cuáles serán las características de las instituciones que administren la fracción pública de la cotización, lo cierto es que hay legítimas razones para desconfiar de lo que pueda hacer el Estado con los fondos.
Si nada más, el caso de Pérez muestra que no solo presidentes de partidos políticos y diputados emblemáticos podrían estar involucrados en esquemas irregulares, sino que el Estado mismo es completamente corruptible. Algunos sostienen que al final depende de los resguardos y las limitaciones legales que se le impongan en la infraestructura legal. Pero lo cierto es que al momento de los “qué hubos” todo eso da lo mismo.
Por ejemplo, siempre se dijo que los fondos de la capitalización individual eran propios, y que tocarlos era inconstitucional. Pero a la primera crisis grave, fue lo primero que se intervino. Y claro, a pesar de que la decisión de hacer o no hacer el retiro fue personal, la verdad es que la acción colectiva perjudicó a todos, al reducir el monto total invertido, y con eso, los potenciales retornos para las cuentas de los cotizantes.
Así, el caso político más escandaloso de esta era se entrelaza con una reforma que podría ser el único legado tangible del gobierno. Aunque hay buenas razones para apoyar la reforma previsional, el riesgo a largo plazo radica en la posibilidad de un mal uso de los fondos, en la forma en que se interpreta lo que se puede hacer, más allá de lo que diga la ley.
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