Tras una audiencia de avenimiento en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el senador PS Fidel Espinoza borró la publicación en la red social X dónde vinculaba al entonces ministro Giorgio Jackson en el robo de computadores al Ministerio de Desarrollo Social. El parlamentario lamentó “el daño que el mal uso de sus declaraciones pueda haber causado”. En paralelo avanza la demanda civil que Jackson presentó contra 23 diputados de la UDI y la querella contra el empresario Jorge Errázuriz por declaraciones similares.
Qué observar. Con publicaciones en la red social X (ex Twitter), Giorgio Jackson (RD) y Fidel Espinoza (PS) dieron por cerrado hoy el litigio judicial que se inició en enero cuando el ex ministro presentó una demanda civil contra el senador por daño a su honra y difamación por comentarios en esa misma red social.
- “Gracias a la profesional laboral del ministro Mario Gómez de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, hemos llegado a un acuerdo con Fidel Espinoza. Valoro que haya reconocido el error, lamentado el daño causado y eliminado la publicación”, escribió Jackson.
- “Hoy asistí a la última audiencia de la querella impuesta por el ex ministro Jackson y quiero expresar mi conformidad con el acuerdo alcanzado. Consigno que no hay excusa pública sino una necesaria y pertinente aclaración del hecho que originó esta querella”, señaló Espinoza.
- La demanda se originó a raíz de una publicación del senador en X el día después del robo a computadores en el Ministerio de Desarrollo Social, ocurrido el 19 de julio de 2023, donde vinculaba a Jackson con ese hecho,, calificándolo de “líder de la banda”. Luego reafirmó su comentario en una entrevista en televisión.
- En su momento, la directiva del PS, en una declaración pública, lamentó la acción judicial de Jackson. “Lamentamos que no haya habido antes la posibilidad de dialogar pues tratándose de una discusión política la solución debería ser de esa índole y no ante la justicia”, dijeron.
El acuerdo. Tras el acuerdo alcanzado en tribunales, Jackson retiró la demanda y Espinoza borró su publicación y emitió una declaración lamentando los hechos. El documento señala que:
- “Reconociendo la necesidad de anteponer el interés público, contribuir al respeto cívico, sobre todo en cuanto integrantes de partidos políticos que sostienen al actual gobierno, y por lo tanto, de trabajar en conjunto por objetivos superiores, con el propósito de resolver la controversia y poner fin al litigio pendiente, sin reconocer responsabilidad alguna por los hechos descritos y con el único objeto de arribar a un acuerdo, hemos convenido el siguiente advenimiento”.
- “El demandado don Fidel Espinoza pese a las públicas y claras diferencias políticas que mantiene con don Giorgio Jackson aclara que no tuvo intención de difamar injuriar o imputar la comisión de delito alguno al demandante Giorgio Jackson ni de provocarle menoscabo o vejámenes. En particular no tuvo la intención de imputarle algún tipo de intervención en el robo de computadores y otras especies del Ministerio de Desarrollo Social (…) ni en el denominado Caso Convenios”.
- “Que con independencia de que su intención haya sido la crítica política, reconoce que las expresiones por él utilizadas fueron equívocas y fueron tomadas por diversos medios de comunicación social y replicadas en voces de otros actores políticos, provocando un daño en la honra de Giorgio Jackson. El demandado lamenta el daño que el mal uso de sus declaraciones pueda haber causado al demandante”.
- Jackson estuvo asistido por el abogado Miguel Schürmann y Fidel Espinosa, por los abogados Eduardo Ugarte y Francisco Zúñiga, un reconocido abogado del PS.
Las otras demandas. En paralelo avanza la demanda civil que Jackson presentó contra 23 diputados de la UDI (20 militantes y 3 independientes miembros de la bancada)
- Esto a raíz de una carta que enviaron los parlamentarios al Presidente Gabriel Boric solicitando la renuncia de Jackson al gabinete por el Caso Convenios y el robo de computadores. “Si efectivamente su intención es perseguir a los responsables de esta millonaria defraudación, “caiga quien caiga”, como lo señaló semanas atrás, debería remover cuanto antes de su cargo al ministro Jackson, antes, incluso, de que pueda ser imputado por la Fiscalía, tanto por el llamado “Caso Convenios” como por el “extraño” robo en su ministerio”, señala la misiva.
- Los 23 diputados fueron notificados de la demanda y comenzó a correr el plazo para que la respondan o presenten excepciones dilatorias. El plazo vence el 4 de julio.
- El 23 de abril la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados sancionó a la bancada UDI con el 6% de su dieta por emitir esas declaraciones.
- La otra acción interpuesta es una querella penal por injurias y calumnias contra el empresario Jorge Errázuriz por diversos tuits y comentarios sobre Jackson donde dice que el fundador de RD es autor de diversos delitos.
- En ese caso, Tribunales rechazó el sobreseimiento que había pedido la defensa del empresario bajo el argumento que se trataba de críticas políticas. La audiencia de preparación del juicio oral está prevista para el 8 de agosto.
Caso Convenios. Además de mostrar un triunfo político tras estas demandas, Jackson buscaría también su sobreseimiento en el Caso Convenios que se investiga en Antofagasta, y donde figura como imputado.
- En su entorno explican que son causas que van por carriles diferentes, pero esperan que Fiscalía pida el sobreseimiento del ex ministro antes de fin de año
- Jackson declaró el 23 de febrero en la causa tras una querella presentada por dos diputados del Partido Republicano, Cristián Araya y Juan Irarrázaval. También declararon el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi y la directora de la Dirección de Presupuestos, Javiera Martínez. Todos militantes de RD.
- Los fiscales Cristián Aguilar y Juan Castro Bekios interrogaron a Jackson sobre su rol en el Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno (CAIGG), organismo dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que lideró Jackson entre marzo de 2022 y septiembre de 2022.
- El 24 de junio de 2022, la auditora general Daniella Caldana, autorizó un instructivo del CAIGG enviado a los auditores y auditoras de las reparticiones públicas señalando que ya no sería necesario reportar en el informe trimestral ítems como transferencias, cuentas corrientes, sumarios, conflictos de interés, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y otros.
- Consultado por los fiscales, respondió que como ministro él no tenía injerencia sobre dicho consejo y que nunca tuvo conocimiento que se modificaron en las auditorías.
- Además dijo que sólo se enteró de los convenios entre la Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, cuando apareció la noticia en los medios.
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