En Chile todo el proceso de designación de jueces de la Corte Suprema requiere que los interesados hagan una especie de “campaña”, no tan distinta a la de los políticos cuando postulan a un cargo. Hermosilla al parecer era un gestor eficaz, pero de ninguna manera el único “operador” del sistema. Del mismo modo que la ministra Vivanco, hoy suspendida y sometida a un expediente de remoción, tampoco es un caso aislado, porque son muchos los ministros que utilizaron los mismos métodos para llegar donde están.
Terreno fértil para el lobby. A raíz del “caso audios” se han difundido por los medios de comunicación parte del contenido del teléfono celular del abogado Hermosilla, hoy formalizado y en prisión preventiva, que demuestran que nuestro Poder Judicial esta infestado con el virus del amiguismo y la corrupción.
- Como sabemos, los mensajes dan cuenta de las intensas gestiones del abogado para lograr el nombramiento de Angela Vivanco como integrante de la Corte Suprema.
- Todo en el contexto de un sistema de nombramientos totalmente politizado, donde opera el cuoteo político y la decisión final está en manos del Senado.
- Terreno fértil para el desarrollo del lobby, de la oferta y demanda de apoyos por parte de los candidatos hacia los parlamentarios, y de abogados de la plaza con contactos políticos que actúan como intermediarios.
- En nuestro país todo el proceso requiere que los interesados hagan una especie de “campaña”, no tan distinta a la de los políticos cuando postulan a un cargo. Primero para ser incluidos en la quina, que elaboran sus pares del Poder Judicial, luego para ser propuestos por el presidente y finalmente, para juntar los dos tercios en el senado.
- Esto último es complejo y requiere que el postulante rinda “examen” en las comisiones del senado. Son muchos los intervinientes que actúan a nombre de los postulantes, algunos por encargo y otros de manera oficiosa. Haciendo llamadas telefónicas a personajes influyentes para pedir ayuda, quienes a su turno contactan a sus amigos o correligionarios en el gobierno, en el partido, en la corte y en el senado.
Trato preferente. Hermosilla al parecer era un gestor eficaz, pero de ninguna manera el único “operador” del sistema. Del mismo modo que la ministra Vivanco, hoy suspendida y sometida a un expediente de remoción, tampoco es un caso aislado, porque son muchos los ministros que utilizaron los mismos métodos para llegar donde están.
- Por eso se han anunciado acusaciones constitucionales, por notable abandono de deberes en contra de por lo menos tres ministros de la Corte Suprema, lo que revela que estamos ante un problema sistémico.
- En todo caso, hay que tener muy presente que lo que provoca escándalo no es el mero hecho de que personas ajenas al proceso de nombramientos intervengan en él, algo indeseable, que no debería ocurrir, pero que no es constitutivo de delito. Sino en la existencia inevitable de un “quid pro quo” entre los ministros beneficiados con el lobby y aquellos que han contribuido con éxito a materializar su nombramiento.
- Este consiste en obtener un trato preferente, ventajas procesales como la tramitación exprés e información privilegiada sobre causas que interesan a sus clientes, lo que constituye prevaricación.
- Para los abogados influyentes, ayudar a que un ministro de la suprema sea designado lo favorecerá directamente en el ejercicio de su profesión, otorgándoles ventajas indebidas frente a su contraparte; un beneficio económico a costa de la garantía constitucional a un juicio imparcial y al principio de igualdad ante la ley. Faltas graves a la probidad que deben observar los funcionarios públicos.
Tema clave para la democracia. Como dice el refrán, “la ocasión hace al ladrón”. Todo el sistema está diseñado para que esta especie de “jefes de campaña” sean indispensables, para que el candidato llegue a puerto.
- Dirigentes políticos, parlamentarios, ministros y candidatos, se movilizan pidiendo apoyos. Desde luego el principal lobista es el ejecutivo, que debe persuadir a los senadores que voten favorablemente su propuesta.
- La exigencia de dos tercios del senado, en un contexto de polarización y fragmentación política exacerba el problema. Las designaciones se perciben por la población como lo que son, transacciones políticas más que decisiones basadas en el mérito.
- Lo que estamos viviendo no es un problema local. El nombramiento de jueces y ministros de la Corte Suprema es uno de los temas más controvertidos en una democracia.
- La forma en que un país selecciona a sus máximos intérpretes del derecho puede influir de manera determinante en la legitimidad del sistema judicial, la percepción de justicia y la estabilidad institucional.
- En Estados Unidos, los jueces también son designados por el senado a propuesta del presidente. Pero a diferencia de lo que ocurre en Chile, basta con la mayoría absoluta para su ratificación, lo que permite que un sector político, una ideología, se haga con el control total del tribunal.
- Hoy seis de los nueve integrantes son de la vertiente republicana, transformando a la Corte Suprema de ese país en un bastión conservador, lo que le ha hecho perder legitimidad y credibilidad.
- La Corte Suprema, que siempre fue la institución más respetada en EEUU, ostenta hoy el nivel más bajo de aprobación desde que existen las encuestas.
- En el caso chileno la exigencia de los dos tercios del senado por lo menos garantiza una cuota de pluralismo político, un tribunal en el que todas las sensibilidades estén representadas y que ninguna corriente ideológica sea haga hegemónica.
- En México, so-pretexto de eliminar la “corrupción” se acaba de aprobar una reforma constitucional impulsada por el presidente saliente López Obrador para tomar el control de la Corte. Se establece el cese inmediato de todos los ministros de la suprema y su reemplazo por jueces electos por votación popular. ¡Salir del fuego para caer en las brasas!
La judicialización de la política. La lucha por mantener la independencia del poder judicial e impedir su captura por un sector político determinado, ha cobrado nueva relevancia con la creciente judicialización de la política.
- Sucede que el poder de la suprema es inmenso. Posee la capacidad de influir decisivamente en las políticas públicas. Como quedó demostrado en el fallo que declaró ilegal el alza de precios de los planes de salud, con efecto retroactivo y aplicable “ultra parte”, o sea a quienes no habían interpuesto recursos de protección. Un fallo que fue muy cuestionado, que dejó fuera de juego al congreso y que está precipitando cambios profundos al sistema de salud.
- La judicialización de la política llegó para quedarse y cada vez son más los temas que terminan siendo resueltos en sede judicial. Hay una batalla cultural por el control de las palabras, por su significado y por la manera de definir al mundo. Una disputa por el sentido de las creencias y los valores donde el “campo de batalla” se está trasladando a los tribunales.
- La profunda crisis de legitimidad en que está sumida la Corte Suprema puede ser una gran oportunidad para reformar el sistema de nombramientos, antes de que sea demasiado tarde. No existe, sin embargo, una solución perfecta.
- Pretender que se pueda prescindir totalmente del factor político, creando una corte aséptica, designada por un colectivo, que esté más allá del bien y él mal, es una ingenuidad, un auto engaño.
- El sistema menos malo sería aquel que logra equilibrar la independencia del poder judicial con la responsabilidad democrática. Una mezcla de magistrados, representantes del poder ejecutivo y legislativo y miembros externos.
- Una especie de Consejo Superior de la Magistratura como el que existe en Francia encargado de los nombramientos judiciales, integrado por el presidente de la corte suprema, magistrados y abogados designados por sus pares, personalidades externas nombradas por el presidente de la república y el congreso.
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