La autora Nikki Giovanni decía que “los errores son parte de la vida, qué hacer con ellos es lo que cuenta”. El día 8 de marzo la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de ley de reforma tributaria. Esto era algo imprevisto para el Gobierno, toda vez que consideraba contar con los votos necesarios para lograr la mayoría en esta instancia. Mas allá de los motivos particulares del rechazo y si esto pudo o no ser previsto, lo ocurrido en el proceso de tramitación de esta reforma fue un error.
Uno no muy distinto a lo que sucedió con el rechazo a la propuesta de nueva constitución, donde un sector intentó forzar cambios radicales por sobre quienes estaban dispuestos a modificar el status quo pero de manera más moderada. Tal como ocurrió en esa oportunidad, la respuesta en la Cámara este pasado 8 de marzo refleja que la mayoría está de acuerdo con cambios, pero de manera gradual y moderados.
La carga tributaria en Chile es de alrededor de un 21% del PIB y cuando se agregan los costos por seguridad social, suben a 26% del PIB. El Gobierno señala que eso es casi 8 puntos más bajo que el promedio OCDE. Sin embargo, omite indicar que el ingreso per capita de Chile es menos de la mitad del promedio OCDE, y que la carga tributaria debe aumentar a medida que se incrementa el ingreso y no al revés. Corrigiendo por ingreso per capita, hemos estimado esa diferencia en aproximadamente 3,5-4 puntos del PIB.
Mas allá del error (del cual ninguno de nosotros está libre), hay que ver la oportunidad de lograr una propuesta tributaria que establezca un sistema impositivo justo y robusto al largo plazo. La inversión y el crecimiento se ven afectados mucho más por la incertidumbre de múltiples cambios que por el aumento de uno o dos puntos en los impuestos.
En ese sentido, proponer un esquema que permite recaudar 2,5 puntos del PIB en ocho a diez años con el objetivo de tener incrementos graduales y moderados, va en la dirección de aportar al debate y discusión. Es importante recalcar que a este monto debe agregarse un aumento de la recaudación de 1,5 puntos del PIB en caso de aprobarse la reforma previsional, ya que el aumento de las cotizaciones en 6%, independientemente de si va a cuentas privadas o públicas, constituye un impuesto, ya que es de cargo de la empresa y no tiene una contraprestación por dicho pago. Esta propuesta contiene:
Como indicaba Giovanni, más allá de los errores, que son parte de la vida, es importante saber qué hacer con ellos. Sabemos que el Gobierno tendrá un plazo razonable para repensar a partir de lo sucedido y puede ser un plazo que permita lograr consensos, siempre teniendo en cuenta el objetivo de una reforma de estas características y también cómo lo han hecho países a los cuales nosotros siempre tenemos como modelos a seguir.
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