Mayo 23, 2023

El proyecto que endurece las penas a los presos reincidentes que apoya el juez Jean Pierre Matus y que complica a La Moneda

Alexandra Chechilnitzky

Dentro de los 31 proyectos del acuerdo de seguridad entre el Ejecutivo y el Congreso, que sigue enfrentando a la ministra Tohá y al presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, está una iniciativa de la oposición que busca aumentar las penas en delitos de alta connotación social y disminuir la puerta giratoria. Hasta ahora el proyecto no cuenta con el apoyo del FA-PC y supone transformaciones de gran calado en el sistema carcelario y el Ministerio Público que La Moneda mira con cautela, aunque la crisis de seguridad probablemente fuerce dar una solución a esta problemática. La iniciativa es apoyada por el ministro de la Suprema, Jean Pierre Matus, reconocido por su ascendencia en parte del mundo de la centroizquierda.


Panorama general. La ministra Tohá respondió este martes al presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), quien cuestionó  el avance de los proyectos de la agenda de seguridad priorizada -acordada por el Congreso y La Moneda tras los crímenes que asolaron a Carabineros en el mes de abril- y criticó la celeridad con que se han tramitado.

  • Coloma asegura que sólo se han despachado dos de 31 proyectos. Tohá insiste en que son ocho.

Qué observar. Aumentar las penas y disminuir la puerta giratoria. Esa es la principal finalidad del proyecto de ley que mejora la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social.

  • La iniciativa fue presentada por senadores de la oposición: Felipe Kast y Luciano Cruz-Coke, de Evópoli, Manuel José Ossandón, de RN, Luz Ebensperger de la UDI y Ximena Rincón, de Demócratas.
  • El proyecto forma parte precisamente de los 31 proyectos de la agenda priorizada de seguridad.

En qué consiste. La iniciativa cuenta de dos artículos. El primero reforma el Código Penal. El segundo modifica el Código Procesal Penal.

  • En el caso de la reforma al Código Penal, se eliminan las penas de 60 días en caso de reincidentes y se aumentan a un año.
  • Además, se aumentan las penas en los de delitos de mayor connotación social y modifica un artículo que establece, en caso de lesiones, penas de relegación o presidio menores en su grado mínimo o multas de 11 a 20 UTM. La idea del proyecto es que aquello se modifique por presidio menor en sus grados mínimos a medios.
  • “Aquí lo que busca hacer este proyecto es, de alguna manera, que haga un pago de responsabilidad efectiva en los delitos de mayor connotación social y que tenga consecuencia la reincidencia para evitar la puerta giratoria”, dice la senadora Ebensperger (UDI).
  • En lo relativo a la llamada “puerta giratoria” se buscan modificar los beneficios con que se cierran rápidamente las investigaciones (suspensión condicional de los procedimientos, aplicación de principio de oportunidad y procedimientos abreviados y simplificados). La idea es que no se apliquen este tipo de medidas cuando, en un delito anterior, ya optaron a este tipo de beneficios carcelarios.

El apoyo de Matus al proyecto. El lunes 15 de mayo, la iniciativa fue discutida y votada en general en la comisión de Seguridad del Senado. Ahí, uno de los expositores fue uno de los ministros de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, reconocido por su ascendencia en parte de la izquierda. Para él, la iniciativa “recoge gran parte de las ideas que, desde el año 2005 he dado cuenta en esta Corporación”.

  • Matus sostuvo que lo recomendable es que las penas privativas no sean inferiores a un año y que las “penas de multa tengan un rol marginal en el sistema y no se conviertan en sustituto ilusorio —por la imposibilidad de su cobro— de las privativas de libertad”.
  • También sostuvo que las estadísticas del Ministerio Público demuestran que es por vía de la suspensión condicional de los presos que, en los hechos, tratándose de causas con imputados conocidos detenidos en flagrancias, el sistema favorece su impunidad, permitiéndoles obtener salidas alternativas reiteradamente, hasta tres veces seguidas, según un Instructivo de la Fiscalía Nacional de 2014.

Sin apoyo del FA-PC. La moción parlamentaria se encuentra en primer trámite constitucional y fue votada en general la semana pasada en la sala del Senado. En esa instancia se aprobó la idea de legislar con 38 votos a favor y 4 abstenciones. Los tres senadores de Apruebo Dignidad, Juan Ignacio Latorre (RD) y los PC Daniel Núñez y Claudia Pascual, y Yasna Provoste (DC).

  • En la sesión del Senado fueron expuestas cifras superiores al 50% de reincidencia y de presos que lo han hecho hasta en 100 oportunidades.

Problema en el sistema judicial. El problema para el Ejecutivo, y que fue advertido por senadores oficialistas, pasa por las reformas de gran calado que implicaría poner en marcha el proyecto, tanto en el sistema carcelario -que podría atocharse- como a nivel de sobrecarga de trabajo del Ministerio Público. Pero, de acuerdo a otros parlamentarios, también se debe dar una solución a la problemática de los reincidentes, en medio de la severa crisis de seguridad que enfrenta el país.

  • En la sesión, el ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que el proyecto “forma parte, probablemente, a una discusión algo más compleja vinculado a la reestructuración del sistema de penas del sistema penal chileno”.
  • Cordero planteó que es una reforma que “tiene impacto en la carga del Ministerio Público, en la de los jueces” y que el sistema penitenciario chileno “está altamente congestionado. El número de plazas en el sistema penitenciario chileno no aumenta desde el año 2012, más menos nos movemos con 42 mil plazas disponibles. Solo en 14 meses, 15 meses, el número de privados de libertad ha aumentado en un 20%”.
  • “No tenemos cupos disponibles. Durante este año y principios del próximo se van a aumentar algunas plazas. No estoy diciendo con esto que el proyecto no se deba legislar, simplemente estoy diciendo dos cosas: Es un proyecto con el propósito de abordar la reincidencia un asunto que el Ejecutivo comparte, tiene impacto en el sistema de enjuiciamiento criminal y de su necesaria actualización, cosa que el Ejecutivo también comparte. Pero en segundo lugar, el impacto que tiene sobre el sistema penitenciario chileno es un asunto respecto del cual no podemos simplemente omitir porque los precedentes previos son relevantes”, añadió.

Flanco político. Hasta el 1 de junio tienen plazo los senadores y el Ejecutivo para ingresar indicaciones al proyecto. Para el oficialismo es clave que con esta iniciativa no ocurra lo mismo que ocurrió con la de usurpaciones en el Senado, proyecto que era apoyado por La Moneda, pero al cual se le ingresaron y aprobaron enmiendas que desde el Gobierno consideran graves e incorrectas.

  • Por eso el Ministerio de Justicia ya está trabajando en las indicaciones que ingresará la próxima semana.
  • La idea es convencer a los parlamentarios de la comisión de Seguridad, liderada por Felipe Kast, pero si aquello no resulta, el Ejecutivo tendrá una segunda opción.
  • En la sesión de la sala del Senado de la semana pasada se aprobó que el proyecto sea visado también por la comisión de Constitución.
  • La idea es que sea esa la instancia final en la que el Ejecutivo pueda dejar el proyecto de una manera que les convenza y que así sea aprobado en el hemiciclo del Senado con el apoyo del oficialismo.

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