Dos plantas de tratamientos de agua potable y una planta de tratamiento de aguas servidas en Quilicura —que buscan atender a casi 37 mil habitantes—, contempla el proyecto de San Isidro S.A respecto del cual la exseremi pidió indagar supuestos vínculos entre uno de sus directores y Tohá. El proyecto, de US$ 6 millones, había enfrentado críticas por su proximidad con un área protegida. “Todas las partes (…) se ejecutarán fuera del área declarada del humedal”, consignó la resolución firmada este mes por la delegada. “La empresa no tiene ninguna relación con el caso”, dijeron desde San Isidro.
Qué observar. El 7 de diciembre, la delegada presidencial metropolitana Constanza Martínez y el director regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Arturo Farías, firmaron la resolución de calificación ambiental del proyecto “Solución Sanitaria para un sector de Quilicura”.
- Era el último paso en la aprobación de un proyecto de 6 millones de dólares encabezado por la empresa de servicios sanitarios San Isidro, cuya Declaración de Impacto Ambiental (DEA) había sido declarada admisible en noviembre de 2018.
- Su objetivo general, consignó la resolución, “es la construcción y operación de dos plantas de tratamiento de agua potable y una planta de tratamiento de aguas servidas, las que atenderán a una población de 36.700 habitantes proyectado para el año 2041”.
- Se trató de una iniciativa que enfrentó tensiones en su tramitación. Una provenía de la oposición del municipio encabezado por la alcaldesa Paulina Bobadilla (independiente), quien llegó el 23 de noviembre a La Moneda a dejar una carta al Presidente Gabriel Boric, pidiendo detener el proyecto. “Nosotros decimos fuerte y claro, no queremos la planta”, dijo entonces la edil afuera de Palacio. Argumentó que perjudicaría la calidad de vida de sus vecinos.
- Una segunda tensión provenía de la proximidad del humedal urbano de Quilicura, que posee una superficie de 468,3 hectáreas y está dentro del límite urbano comunal. “El proyecto se emplaza cercano al Humedal Urbano de Quilicura”, consignó la resolución, que destacó que, pese a esto, “todas las partes, obras y acciones del proyecto, tanto en fase de construcción como de operación se ejecutarán fuera del área declarada del Humedal Urbano de Quilicura”.
- “Resuelvo (…) certificar que el proyecto ‘Solución Sanitaria para un sector de Quilicura’ cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable”, consignó la resolución firmada por la delegada.
Las supuestas presiones. En la tramitación del proyecto participaron los distintos secretarios regionales ministeriales (seremi) de gobierno, a quienes les correspondió realizar su evaluación ambiental.
- En esta etapa es que la exseremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, acusó que ocurrieron los eventuales delitos de prevaricación administrativa, cohecho pasivo agravado y soborno, en una querella presentada este jueves con su abogado Marcelo Castillo.
- El 4 de diciembre, Hidalgo fue despedida del cargo. Desarrollo Social lo atribuyó a haberse desentendido de la presentación de denuncias sobre la presunta violación de una niña en un recinto de personas en situación de calle, pero ella dice que la declaración del Ministerio es falsa y que se debió a su resistencia a supuestas presiones.
- “Con fecha 10 de abril de 2022, se creó un grupo de la aplicación WhatsApp, denominado ‘Comisión Ambiental’, por el jefe de gabinete de la Delegada Presidencial, Miguel Concha, a través de su celular, con el propósito de coordinar la acción de dicho órgano ambiental, pero que en los hechos, como pasaré a exponer, fue más allá de la coordinación y se utilizó para aprobar o rechazar ilegalmente proyectos sujetos a evaluación ambiental ante dicho órgano, hechos que pueden ser constitutivos de delito”, consignó la querella.
- Detalló que a las 7:24 pm del 22 de noviembre “la delegada presidencial de la Región Metropolitana Constanza Martínez me dice en relación con el proyecto de Quilicura que ‘los están llamando uno a uno la seremi’ (…). De manera tal que una conversación que debía ser pública y transparente, se transformó en algo privado, opaco y secreto”.
- “El día 23 de noviembre de 2022, previo a la votación del Proyecto de Solución Sanitaria para un sector de Quilicura, de Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A., recibí el llamado de la seremi de Medio Ambiente, doña Sonia Reyes Packe, para hablarme sobre el citado proyecto, a lo que yo le respondí que no se preocupara por mí, ya que, al tratarse de una sesión extraordinaria, yo ya tenía agendado otro compromiso, y, por lo tanto, me iba a excusar”.
- “A los pocos minutos de esa llamada, recibí otro llamado, esta vez de la Subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, doña Francisca Perales, diciéndome que no podía excusarme por ‘órdenes de la Ministra del Interior’”.
- “Como su respuesta me extrañó y sorprendió porque no es habitual que otros ministerios se involucren en funciones ajenas a las que les son propias de su cargo, yo le pregunté si ‘Carolina Tohá daba esas instrucciones’, ante lo que ella me respondió y me insistió en que ‘son ordenes de Interior’”.
- “Atendida esa respuesta, yo le dije que, dado lo imperativo de su instrucción, que asistiría, pero que votaría rechazo al proyecto. Pero ella me volvió a insistir, otra vez en tono imperativo, y me dijo que “la instrucción es asistir para aprobar el proyecto”.
El ex tesorero del PPD. En la querella, de 24 páginas, apuntó a presuntas irregularidades cometidas por 5 autoridades: la ministra del Interior, Carolina Tohá; la subsecretaria de servicios sociales, Francisca Perales; la delegada presidencial Constanza Martínez; el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y la ministra de Medio Ambiente, María Heloisa Rojas.
- Respecto de la primera pidió investigar “el otorgamiento de instrucciones ilegales a mi persona de parte de la ministra del Interior, Carolina Tohá, a través de otros funcionarios, para aprobar el Proyecto de Solución Sanitaria para un sector de Quilicura, de Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro, lo que fue comunicado por celular y WhatsApp de la subsecretaria de servicios sociales”
- “Se deben investigar las relaciones administrativas, políticas o de otro orden, entre la ministra (…) y la empresa de servicios sanitarios San Isidro S.A., sus propietarios, directores o gerentes, uno de cuyos propietarios y directores es el ex Tesorero del Partido Por la Democracia (PPD), Gustavo Silva Cabello, con quien Carolina Tohá tenía estrechas relaciones políticas”.
- Este medio se contactó con el Ministerio del Interior, que declinó entregar una respuesta, al igual que el Ministerio de Medio Ambiente. La delegación no había contestado al cierre de este artículo.
- Desde San Isidro S.A. afirmaron Gustavo Silva estaba jubilado hace años, aunque luego siguió ejerciendo como director. “La empresa no tiene ninguna relación con el caso”, afirmaron.
- El Ministerio de Desarrollo Social contestó que el ministro Jackson ya se había referido al tema y que de ser notificado de alguna acción judicial responderá en las instancias formales correspondientes. El 4 de diciembre dijo en Mega que “yo al menos no ejercí absolutamente ninguna presión, nunca. Lo único que sé es que esa no fue la razón por la cual se le solicitó la renuncia porque yo mismo se la solicité en persona y yo le dije que la razón fue la otra”.
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