El problema mayor es la inexistencia de liderazgo nacional. Por Sergio Muñoz Riveros

La clase política parece vivir en una realidad paralela, haciendo cálculos en torno a la elección del 7 de mayo, cuya real utilidad no es clara para la población. El país está metido en un nuevo experimento constitucional como consecuencia del deseo del mandatario de tapar su derrota del 4 de septiembre.

Con frecuencia, el gobierno da la impresión de que no necesita tener adversarios, puesto que se crea dificultades a sí mismo, las cuales se relacionan sobre todo con el deseo del Presidente de demostrar que es un luchador contra el capitalismo. Proceso de individuación, diría un sicólogo. El problema es que lleva un año de mandato y el estilo adolescente provoca fastidio en la mayoría.

En medio de los peores incendios en mucho tiempo, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, propuso aplicar un royalty a la industria forestal, lo que daba a entender que era una forma de castigo a las empresas forestales por el desastre que estaba en curso.

Sucede, sin embargo, que Valenzuela aprovechó la oportunidad creada por el propio Presidente, quien afirmó, el 10 de febrero, que era necesario discutir nuevas regulaciones a la industria forestal. Si esa era su conclusión sobre los incendios, se deducía que la culpa recaía en las empresas. La Sofofa no dudó en calificar sus dichos como “improcedentes y totalmente fuera de contexto”. La CPC y la Corporación de la Madera rechazaron por inoportuno el debate sobre nuevas regulaciones y tributos.

Vinieron después una declaración de la vocera suplente, Jeannette Jara, en la que reafirmó la línea presidencial de nuevo trato a las forestales, y los comentarios desafiantes del subsecretario Manuel Monsalve hacia el Fiscal Nacional y los empresarios. Recién el miércoles 15, la ministra del Interior, Carolina Tohá, entregó una declaración destinada a poner orden, no sin antes dejar claro que se había reunido con el mandatario.

Tohá descartó de plano que el gobierno fuera a promover impuestos adicionales a lo establecido en la propuesta de reforma tributaria. Además, descalificó el fundamento de la propuesta de royalty en este caso, puesto que “la industria forestal no cumple con las características de aquellas actividades que generan royalty. Es decir, no se trata de un recurso natural no renovable de propiedad del Estado”.

Todo indica que fue el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien advirtió respecto del incendio político que se acercaba, y presionó por una señal de coherencia del gobierno en materia tributaria, asunto crucial para establecer relaciones de confianza con el empresariado. Su intervención detuvo, en el límite, un duro choque de La Moneda con el conjunto del empresariado.

Mucha gente se pregunta en qué mundo estaríamos, particularmente respecto de la disciplina fiscal, si no estuviera Marcel en el ministerio de Hacienda. Él ha sido, hay que reconocerlo, una garantía de sensatez y sentido de Estado dentro de un gobierno en el que han abundado las expresiones de desaprensión e incompetencia.

Se supone que Marcel aprecia hoy la trascendencia que tuvo el triunfo del Rechazo para la marcha del país, y que reconoce, por lo tanto, los estragos que habría provocado la aprobación del proyecto de Constitución que avaló el gobierno, con él incluido. Están fuera de discusión sus sobresalientes méritos como economista, pero los retos que tiene por delante son, principalmente, de carácter político. Lo más difícil es, por supuesto, definir un modo de actuar frente a las inclinaciones de Boric, que explican sus reiterados pasos en falso.

A ello, se agrega la necesidad de dominar varios dialectos para entenderse con los partidos oficialistas. Marcel sabe, naturalmente, que los equilibrios macroeconómicos pueden tener escaso valor al lado de los desequilibrios políticos.

¿Por qué Boric hizo una referencia tan imprudente a la forma en que opera la industria forestal, dando a entender que allí había que buscar las responsabilidades por el desastre? No hay una explicación inofensiva.

Él no ignora que los grupos de bandoleros que actúan en el sur, hace tiempo que declararon la guerra a las empresas forestales con métodos criminales, por lo que su actitud de sembrar recelos sobre ellas solo les sirve a la CAM y las otras bandas. Penosamente, el mandatario buscó reforzar su imagen de combatiente contra los poderosos.

El país ya no inspira respeto en el exterior. Lo prueban las ofensas lanzadas por el Grupo de Puebla en contra del Poder Judicial y el Ministerio Publico de Chile, resultado de la petición de solidaridad hecha por el “perseguido político” Marco Enríquez-Ominami a su compadre Alberto Fernández, el mandatario argentino. La intromisión merecía una respuesta presidencial que revelara sentido de la dignidad nacional. No hubo nada de eso. Boric no quiso incomodar a quienes considera sus camaradas.

Se especula sobre un próximo cambio de gabinete. ¿Tiene eso verdadera importancia cuando el problema de fondo es hacia dónde va Boric, cuáles son sus verdaderas prioridades, cómo se imagina los tres años que le restan de mandato? Por si fuera poco, no tiene una coalición coherente a su lado, sino una cooperativa de intereses.

Mientras tanto, es muy intensa la sensación de inseguridad en el país. Se ha deteriorado el sistema legal y los delincuentes ganan terreno cada día. Están a la vista los efectos devastadores que tuvo la oscura alianza establecida en 2019 entre el extremismo de izquierda y el crimen organizado.

En este cuadro, la clase política parece vivir en una realidad paralela, haciendo cálculos en torno a la elección del 7 de mayo, cuya real utilidad no es clara para la población. El país está metido en un nuevo experimento constitucional como consecuencia del deseo del mandatario de tapar su derrota del 4 de septiembre. Sorprendentemente, embarcó a los partidos oficialistas en un proceso del cual no tienen cómo salir bien parados.

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