Este año 2024 se ha denominado como un súper año electoral en el mundo ya que, por primera vez, cerca de 100 países celebrarán elecciones de todo tipo, de las cuales, la mitad son presidenciales. Uno de los países líderes del mundo, como Estados Unidos, se encuentra sumido en plena campaña presidencial que, en las últimas semanas ha sido vertiginosa, por decir lo menos. Chile tiene, por quinto año consecutivo, un nuevo proceso electoral con la elección en octubre de autoridades de municipios y gobiernos regionales.
Uno de los grandes desafíos que presentan los actuales procesos electorales son las nuevas amenazas que conlleva el uso de redes sociales y de la inteligencia artificial (IA). Esta última ha facilitado la creación de contenido falso en distintos formatos, contenido que tiene una apariencia muy real y que se difunde a la velocidad de la luz por las redes sociales. Así, se han difundido audios falsos del Presidente Biden y de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en plenas campañas electorales, por mencionar algunos casos.
A esto se suma la creciente preocupación por la interferencia extranjera en procesos electorales nacionales, algo que ya se vio con el caso de Cambridge Analytics y que la OCDE ha advertido como un riesgo relevante para la integridad y la seguridad nacional. De este modo, la combinación de la IA con las estrategias y tensiones geopolíticas actuales, pueden generar un caldo de cultivo muy peligroso para nuestras democracias.
Esto ha sido advertido en diversas instancias, a la OCDE se ha sumado también la UNESCO, quien en un reciente reporte escrito por el conocido filósofo español Daniel Innerarity, advierte sobre las potencialidades de la IA, pero también sus graves amenazas para nuestras -ya alicaídas- democracias.
De este modo, parece existir cierto consenso de que contemos con una regulación y legislación al respecto, ya que el laissez faire generalizado actual puede disminuir esas ventajas y aumentar esos riesgos. Esto debe incluir mayor transparencia y rendición de cuentas en su uso -por ejemplo, incorporando una suerte de “sello de agua” que indique y advierta sobre el uso de la IA en la generación de contenidos-, lo que debe ir de la mano no solo de iniciativas nacionales, sino que de normas y políticas comunes y globales, tal como lo ha ido avanzando la Unión Europea.
Nuestro país no está exento de estos riesgos. La regulación en esta materia aún está en un incipiente desarrollo y, tal como lo mencioné en un documento elaborado para IDEA Internacional, si bien el Servicio Electoral ha ido avanzando -hasta con una reciente sanción a Google, de 7 millones de pesos, lo que probablemente no sea muy disuasorio para una empresa de tal envergadura- debemos actualizar nuestra regulación considerando la masificación y aumento del uso de redes sociales y la IA para hacer campañas más efectivas y baratas, así como dotar a nuestra entidad electoral de las capacidades y recursos para una fiscalización efectiva y un monitoreo de actividades anómalas e intentos de influencia externa en nuestros procesos nacionales.
No es fácil seguirle el paso a la tecnología ni al desarrollo de la IA por parte de nuestras políticas públicas, pero es clave ir avanzando tanto en su discusión como en generar esta conciencia y exigir responsabilidad tanto de las empresas como de las candidaturas y partidos políticos para contar con elecciones limpias y que sigan las reglas del juego.
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