El país no necesita otra Convención. Por Sergio Muñoz Riveros

Si el Congreso asume plenamente su responsabilidad y vuelve a ser la sede natural de los debates sobre todos los asuntos que conciernen al interés colectivo y a la marcha del país, comprendido el pacto constitucional, recuperará autoridad ante los ciudadanos.

Es alta la posibilidad de triunfo del Rechazo en el plebiscito. Lo demuestra incluso la disposición del gobierno de recibir propuestas para que, si así ocurre, pueda “continuar el proceso constituyente”, aunque nadie sepa exactamente qué se quiere decir con eso, y La Moneda quizás lo vea como un modo de disimular la derrota. El problema es que, entrar en esa dinámica de propuestas, puede confundir a los ciudadanos a pocos días de la votación. Lo que corresponde es asegurar el desarrollo normal del proceso, que tiene reglas claras y concluye el 4 de septiembre con la aprobación o rechazo del proyecto de nueva Constitución. Sería demasiado burdo cualquier intento de dar a entender que las cosas quedarán en suspenso.

Debe haber desazón en La Moneda frente a la eventualidad de la derrota, pero más vale que Boric y sus ministros cercanos actúen con sentido de Estado y no agreguen nuevos desatinos a los muchos cometidos en el afán de favorecer la aprobación del proyecto de la Convención. No estaban obligados a plantear el plebiscito como un juicio a la gestión del gobierno y, sin embargo, lo hicieron, convencidos al parecer de la buena estrella que los ha acompañado desde los tiempos en que eran dirigentes estudiantiles, hace solo 11 años.

En realidad, el Frente Amplio y el PC sacaron cuentas alegres frente al plebiscito, y no les faltaban motivos. Cabalgaron sobre la revuelta para imponer la consigna de la nueva Constitución, interpretaron como suyo el Apruebo del plebiscito de entrada, controlaron la Convención de principio a fin y redactaron a su gusto el proyecto de nueva Constitución. Finalmente, entraron con Boric a La Moneda. ¿Cómo no iban a pensar, entonces, que avanzaban con los vientos de la historia y ahora podían “ir por todo”, o sea, establecer la Constitución soñada y luego ganar el Congreso de Diputadas y Diputados, cuyos poderes son también soñados? Pero, la ensoñación lleva hoy curso de colisión con la realidad.

En este contexto, los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, partidarios del Rechazo, acudieron a la Moneda a conversar con el ministro Giorgio Jackson y le entregaron una propuesta para el caso de que gane dicha opción. Proponen que 15 días después del plebiscito, el mandatario envíe un proyecto de reforma constitucional para “habilitar un nuevo proceso constituyente”. Argumentaron que el propósito era “dar certezas al país”. No cabe dudar de su buena inspiración, preocupados probablemente de que el país vea una perspectiva de acuerdo en materia constitucional. Fue meritorio que ellos patrocinaran la reforma que rebajó a 4/7 el quorum de las reformas constitucionales, ya aprobada por el Congreso. Pero, esta vez, fueron demasiado rápido. Es cierto que se requiere dar certezas al país, pero de ninguna manera existe un vacío legal que haya que llenar con urgencia. Tenemos instituciones que deben cumplir su tarea, y de paso ganar el respeto de los ciudadanos. Por ejemplo, el Senado.

Es indispensable sacar algunas enseñanzas de la experiencia de 2019, cuando el Congreso cedió a la presión de la violencia y entregó su potestad constituyente a un segundo parlamento. No solo eso: el diseño de la Convención, sus atribuciones y hasta el imaginativo sistema de elección de los convencionales, fueron obra del Congreso. ¿Alguien quiere demostrar que lo ocurrido en la Convención favoreció las prácticas democráticas? ¿Se está sugiriendo repetir el experimento? Hay quienes dicen que ahora sería con menos gente, por menos tiempo y con un sistema electoral diferente. Pero, ¿quién definiría todo eso?

Dado que la respuesta previsible es que el Congreso resolvería los detalles, estamos obligados a formular la pregunta principal: si el Congreso puede tomar decisiones sobre el diseño y las reglas de una nueva convención, ¿qué le impide ir al fondo del asunto, y abocarse al debate sobre el cambio constitucional propiamente tal? ¿Qué tipo de complejo lo inhibe? ¿Acaso se está sugiriendo que los senadores y diputados vuelvan a ser espectadores en un asunto crucial para la estabilidad democrática? Ellos no pueden olvidar que son parlamentarios de la República y, por lo tanto, deben demostrar que merecen estar donde están. Tienen que ejercer la representación que les entregaron los ciudadanos. No pueden volver a lavarse las manos, y a quejarse después.

Con la economía estancada, graves problemas de seguridad pública y bandolerismo en varias regiones, meter al país en la lógica de otra convención sería un inmenso error, además de un desafío a la paciencia de los ciudadanos. Ya van casi tres años del inicio de un proceso saturado de equívocos, que trajo al país más problemas que los que tenía. Hay que poner coto a la incertidumbre, no alimentarla; salir del laberinto constitucional, no agregarle nuevos túneles.

Si el Congreso asume plenamente su responsabilidad y vuelve a ser la sede natural de los debates sobre todos los asuntos que conciernen al interés colectivo y a la marcha del país, comprendido el pacto constitucional, recuperará autoridad ante los ciudadanos. Ello exige que los parlamentarios piensen en la forma de favorecer el entendimiento nacional, reforzar el Estado de Derecho y hacer lo posible para que la gobernabilidad no se siga deteriorando. Tienen que pensar en Chile más que en la próxima elección. Si lo hacen, y alientan el espíritu de cooperación, los ciudadanos lo van a valorar.