En junio de 2022, la tía de Miguel Crispi, como jefa de Asentamientos Precarios del Minvu, autorizó al Serviu de Valparaíso suscribir tres convenios con ProCultura por un monto de $248 millones, los que hoy son investigados por Fiscalía por diversas irregularidades. La arquitecta está en calidad de imputada en la causa por sus gestiones para la adjudicación de proyectos a fundaciones privadas en Antofagasta.
El memo. El expediente del caso ProCultura incluye un documento -el memo 152 del 6 de junio de 2022- que envió Verónica Serrano Madrid, en su calidad de jefa nacional del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda, a las jefaturas del Serviu y Seremi de Vivienda de Valparaíso, donde permite la transferencia de recursos para proyectos de esa región.
- En el texto firmado y timbrado por Serrano -tía del ex jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi- se señala lo siguiente:
- “En el marco del cumplimiento de los objetivos y metas regionales y ministeriales referidas a la atención de familias del Programa Asentamientos Precarios, informo a Ud. lo siguiente respecto de los recursos solicitados (…)”; “(la Ley de Presupuestos 2022) establece que los recursos del Programa Asentamientos Precarios se efectuarán sobre la base de los convenios que suscriba el Minvu y los municipios, organismos públicos e instituciones privadas sin fines de lucro”.
- “De acuerdo a lo anterior y a lo solicitado mediante Oficio del antecedente, se comunica favorable de aprobación las siguientes inversiones”, agrega, enumerando una batería de 60 proyectos en distintas comunas de la región, varios a cargo de municipios y otros de Fundación EnRed que también ha sido investigada por Fiscalía.
Proyectos a ProCultura. El listado incluye tres proyectos en Villa Alemana otorgados a Fundación ProCultura para “diseño de loteo, especialidades, obras de confianza y expediente de expediente de expropiación (sic)”.
- Uno en el barrio Lomas de Bellavista por $93.979.116, otro en Manzana 33 por $82.791.126 y un tercero en Las Viñas de Irene Frei por $71.603.136, sumando un total de $248.373.378.
- El memo agrega que los convenios que se suscriban deben detallar los campamentos a intervenir, las acciones a realizar, así como metas y plazos y que según la normativa de 2022, la Seremi Minvu tiene la facultad para suscribir y aprobar los convenios. También hace presente la norma de montos mínimos que los convenios deban pasar por toma de razón de Contraloría.
- Finalmente pide celeridad en la tramitación señalando que “los recursos deben ser enviados a tramitación con fecha máxima el 30 de junio. De incumplir este plazo, los recursos serán redistribuidos a otras regiones”.
Teléfono pinchado. Según la información del expediente, Verónica Serrano había declarado como testigo en la causa, específicamente por transferencias a fundaciones realizadas en Antofagasta y que también pasaron por el departamento que dirigía.
- Sin embargo, en noviembre de 2024 fue requerida nuevamente, esta vez en calidad de imputada. Por recomendación de su abogada se acogió a su derecho a guardar silencio.
- El 19 de noviembre de 2024, el Juzgado de Garantía de Antofagasta a petición del fiscal Eduardo Yáñez, autorizó la interceptación del celular de Serrano y otros imputados por un plazo de 60 días.
- Según un documento de Fiscalía, Serrano ejerció como jefa nacional del Departamento de Asentamientos Precarios entre junio y diciembre de 2022 y se investigan las comunicaciones que mantuvo con las Seremías y Serviu de distintas regiones.
- En particular, señala el mismo informe, existe un correo que envió el 20 de septiembre de 2020 a Carlos Contreras quien era seremi de Vivienda de Antofagasta y hoy está imputado por los casos Democracia Viva y ProCultura, en el cual le indica expresamente que contaba con autorización para contratar a cuatro profesionales bajo convenios con fundaciones.
- En otros correos con funcionarios también participó activamente en gestiones para la adjudicación de programas a fundaciones privadas. Contraloría ha presentado observaciones a la falta de formalidad en la selección de las fundaciones beneficiadas.
- Carlos Contreras ha declarado que Serrano lo presionó para apurar la tramitación de los convenios.
- Fiscalía señala en el expediente que “actualmente Serrano Madrid se desempeñaría como arquitecta contratada en la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Cabe señalar, que es tía materna del exsubsecretario de Desarrollo Regional Miguel Crispi”.
Irregularidades en Valparaíso. Así como los proyectos de Antofagasta, los convenios de ProCultura con la Seremi del Minvu de Valparaíso y el Serviu de la Región de Valparaíso también han sido investigados en extenso por Fiscalía. Los traspasos generaron fuertes reproches de Contraloría, que detectó diversas irregularidades.
- Entre los temas más controversiales se destaca que el director del Serviu es Tomás Ochoa Capelli, quien en febrero de 2022 pidió mediante oficio al Departamento de Asentamientos Precarios del Minvu autorizar los traspasos a la fundación.
- Ochoa está imputado en la causa porque luego de dejar su cargo en el Serviu en marzo de 2022, en noviembre de ese año constituyó la empresa “Asesorías Inmobiliarias y Construcción Limitada” que suscribió un contrato con ProCultura precisamente para ejecutar los proyectos de urbanización y topografías de campamentos en Villa Alemana, que él mismo había impulsado desde el Estado. La empresa de Ochoa recibiría un pago de 1.230 UF.
- El convenio con Procultura se hizo en diciembre de 2022 vía trato directo sin fundamentar la elección de dicha fundación ni entrega de boletas de garantía.
- La fundación dirigida por el psiquiatra Alberto Larraín, no ha restituido $108 millones del convenio.
- En esta arista, Fiscalía indaga en calidad de imputado al exconsejero regional de Valparaíso, Sebastián Balbontín (FA), quien participó en reuniones con representantes de ProCultura y otros funcionarios públicos donde se abordaron los convenios de Villa Alemana.
- Fiscalía investiga eventual financiamiento irregular de campañas, ya que Larraín le traspasó a Balbontín $53 millones.
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