Las negociaciones constitucionales siguen su curso, pero muchos se preguntan si no estamos ante un baile de máscaras.
La presidenta del oficialista partido regionalista verde social sostuvo que el “momento constitucional” había pasado. Las encuestas parecen darle la razón ya que las principales preocupaciones ciudadanas se han trasladado (¿no han estado siempre allí?) hacia los problemas de seguridad y las dificultades económicas, en especial en estos días la inflación.
El gobierno y la alianza oficialista, negándolo, parecen compartir el aserto de la presidente del FRVS. De hecho, como lo deberían haber hecho hace meses, el esfuerzo por recuperar el control de la agenda se concentra no ya en la nueva constitución sino en dar respuesta a las inquietudes ciudadanas y proponer alguna de las grandes transformaciones que incluye su programa, en este caso, las reformas tributarias y previsional.
Los partidos de la alianza gubernamental saben que no es un buen momento para reemprender en el tema constitucional: sus principales ideólogos constitucionalistas están viviendo una suerte de ostracismo político tras el fracaso del proyecto de la Convención del cual son en gran parte responsables y, por otro lado, no parece ser este un buen momento electoral para las fuerzas oficialistas como para arriesgarse a la elección de un nuevo cuerpo de constituyentes. Así las cosas, ni el gobierno ni sus coaliciones tendrán mucho interés en seguir adelante.
La derecha por su parte, al sentirse ganadora del plebiscito del 4-S, se toma su tiempo e impone condiciones. Probablemente los tres partidos de Chile Vamos esperan poder cumplir su compromiso con la ciudadanía de ser parte en la creación de una nueva constitución nacida en democracia, pero el tema no parece angustiarlos. En el fondo comparten con el oficialismo un interés ponderado: no están disponibles a correr riesgos.
En este contexto, las promesas de la centro izquierda por el rechazo y amarillos encuentran un grave escollo para hacerse realidad. Ni el oficialismo ni la oposición de derecha parecen muy entusiasmados con reiniciar el proceso constituyente.
Todo lo anterior constituye un nuevo y grave error del mundo político. Cálculos de corto plazo y desconfianzas asentadas pueden llevar al fracaso del proceso constitucional, dejando al país por un largo tiempo en una suerte de anomia, de desorganización política y social, de incapacidad de encauzar positivamente en nuevo contrato social que dé cuenta de las legítimas aspiraciones ciudadanas, se ponga al día con los problemas del mundo contemporáneo y salde los temas largamente postergados en la sociedad chilena.
Mantener por tiempo indefinido al país sin norma fundamental -porque la constitución vigente está deslegitimada y desahuciada- constituye un riesgo inaceptable para la democracia.
La situación de la economía, el alza del costo de la vida, el desempleo, y la crisis de seguridad desatada por el crimen organizado, la creciente desobediencia ciudadana frente a la ley así como el aumento de la violencia en las calles y la progresiva actividad de grupos armados tanto del narcotráfico o de montoneras con motivación política hablan de un estado de descomposición, de una incapacidad, ya no del gobierno sino del sistema, para gobernar a la sociedad chilena sobre la base del imperio del estado de derecho.
La anomia lleva a sensaciones de incertidumbre. Los individuos dejan de confiar en el otro y se aíslan profundamente, impotentes ante la degradación social. Es el escenario ideal para el surgimiento del populismo, ya sea éste de derechas o de izquierda. La demora en el esfuerzo constitucional no sólo pondrá al gobierno en el banquillo de los acusados, sino a la propia democracia.
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