El inusitado veto del Presidente Boric a indicación que el mismo gobierno impulsó en proyecto pro inversión

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El veto presidencial buscará suprimir normas que buscaban facilitar proyectos en zonas de humedales y flexibilizar el uso de aguas en áreas restringidas. Las disposiciones habían sido firmadas por el Presidente Boric y el ministro Marcel, y contaban con respaldo técnico. La decisión generó críticas por la contradicción política que implica y por lo poco común de estas maniobras. Parlamentarios del FA y el PC respaldaron el veto presidencial en la comisión de Hacienda.


Qué observar. En un giro poco común en la tramitación legislativa, el Presidente Gabriel Boric presentó un veto presidencial para eliminar indicaciones que el propio gobierno había propuesto en marzo.

  • Las normas ya habían sido aprobadas por el Congreso y apuntaban a promover la inversión y simplificar trámites.
  • La decisión encendió críticas en la oposición, al interpretarse como una señal de inconsistencia y retroceso en el compromiso gubernamental con la reactivación económica.

Un veto contra su propio proyecto. El 24 y 25 de marzo, el Ejecutivo ingresó indicaciones al proyecto de ley que modifica cuerpos legales para fomentar la actividad económica (boletín Nº 17.322-03).

  • Estas medidas, firmadas por el Presidente Boric y el ministro de Hacienda Mario Marcel, incluían flexibilizaciones a proyectos en zonas de humedales.
  • El proyecto fue aprobado en el Congreso, pero este lunes, apenas una semana después de que Boric anunciara en su Cuenta Pública el compromiso de “destrabar inversiones”, el Ejecutivo ingresó un veto supresivo para eliminar justamente esas disposiciones.
  • La comisión de Hacienda de la Cámara rechazó este veto, pero en la Sala basta un tercio de los votos para que el Ejecutivo lo imponga.

Lo que vetó Boric. El veto presidencial suprimió dos artículos centrales del proyecto de ley.

  • El primero, el artículo 22, permitía que proyectos de inversión pudieran emplazarse en zonas clasificadas como humedales, siempre que contaran con una autorización técnica de la autoridad competente.
  • El segundo, el artículo 33, abría la posibilidad de autorizar el uso de aguas subterráneas en zonas de prohibición, bajo la evaluación y permiso de la Dirección General de Aguas.
  • La primera disposición había sido promovidas por el propio Ejecutivo como medida para agilizar trámites, dar certeza a los inversionistas y destrabar proyectos paralizados

Críticas por contradicción y falta de rumbo. La reacción de parlamentarios no se hizo esperar. Diputados de oposición acusaron al gobierno de “destruir las esperanzas” generadas tras la Cuenta Pública.

  • “Nos enteramos tan solo 24 horas después que el Presidente formulaba observaciones para suprimir normas democráticamente aprobadas que iban en la dirección de incentivar la inversión”, señala una carta firmada por varios legisladores de oposición.
  • Según fuentes de la comisión de Hacienda, el senador Alfonso De Urresti fue uno de los principales impulsores del rechazo a la indicación que afectaba a los humedales.
  • Parlamentarios del FA y el PC respaldaron el veto presidencial en la comisión de Hacienda.
  • Según parlamentarios opositores, influyó la presión de grupos ambientalistas que ven en las disposiciones aprobadas un riesgo para ecosistemas vulnerables.
  • El veto representa una señal equívoca para los actores económicos. La norma buscaba reducir la “maraña administrativa” que dificulta el avance de proyectos de inversión, algo que Boric había explicitado como prioridad.
  • Su revocación mediante veto presidencial genera incertidumbre y refuerza la percepción de un gobierno tensionado entre su ala técnica y su base política.

El inminente destino del veto en Sala. Aunque la comisión de Hacienda rechazó el veto presidencial, en la Sala se requieren 2/3 de rechazo para que éste no prospere.

  • Es decir, el Ejecutivo necesita apenas un tercio de los votos para mantener su posición. Este es el escenario más probable.
  • El episodio establece un precedente poco común en la tramitación legislativa y genera una contradicción con los discursos pro inversión que ha transmitido en las últimas semanas.

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