El INDH vuelve a navegar en aguas revueltas

Cinco citaciones y peticiones de informes remitidos por una Comisión Investigadora Especial de la Cámara de Diputados no han sido respondidas ni acatadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. La presidenta del organismo argumentó el martes que el artículo 1 de la ley que creó la institución no faculta al Congreso a fiscalizarlos, al otorgarle la calidad de “corporación autónoma de derecho público”. Parlamentarios de diversos sectores quieren ahora realizar una reorganización de la entidad.

Panorama general. Cinco oficios sin respuestas e inasistencia a similar número de sesiones, donde la Comisión Especial Investigadora sobre Funciones de Resguardo de la Seguridad y Orden Público Interno y Persecución de la Delincuencia convoca a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, gatillaron la molestia de los diputados integrantes.

• Temas como la paralización del Programa de Fortalecimiento de las Oficinas Regionales de esa entidad en el Biobío, La Araucanía y Los Ríos y un informe sobre de las víctimas de violencia rural en las referidas regiones, aparecen entre los temas pendientes que se apuesta a que sean explicados.
• La detonante de la molestia fue la inasistencia de Consuelo Contreras a la sesión del martes 8 de noviembre pasado, argumentando como razón el art. 1 de la ley 20.405, que señala: “Créase el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en adelante también “el Instituto”, como una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio”.
• Según la presidenta del INDH, el Parlamento no tiene atribuciones para obligarlos a asistir a las sesiones.

Telón de fondo. La insistencia parlamentaria radica en que hay convencimiento dentro de la Comisión Especial que la salida de Sergio Micco fue provocada por los planes de reestructuración que este llevaba a cabo en la organización interna del INDH.

Cambios a la normativa. Esta situación motivó que la Comisión Especial, que preside la diputada Joanna Pérez (DC), decidiera iniciar los estudios destinados a presentar un proyecto de ley para modificar el artículo 1 de ley del INHD y establecer una norma que haga obligatoria su asistencia al Congreso. Varios parlamentarios estiman que no es posible que el INDH se niegue a la fiscalización cuando se financia con recursos que provienen del Presupuesto Nacional. Este año, por ejemplo, la asignación entregada es de $12.552.515.000.

• El Ministerio Público, añaden algunos parlamentarios, también es una institución autónoma financiada por el Estado. “Pero, desde el fiscal nacional hacia abajo asisten regularmente a as convocatorias de la Cámara de Diputados, sus comisiones permanentes o especiales, y responden los informes solicitados”, se explicó.
• Hay dos vías que se pueden adoptar para terminar con este problemas: una de ellas, es eliminar la palabra “autónoma” y dejar la norma como “corporación de derecho público”, con lo cual al organismo le recaerá obligatoriedad para responder a las peticiones de informes y asistir a las sesiones.
• La segunda alternativa, es agregar una norma que, aunque la mantendría como una institución autónoma, el INDH estaría sujeto a la fiscalización de la Cámara de Diputados.

Críticas desde el Congreso. Diversos parlamentarios que integran miembro la Comisión Especial estiman que es necesario introducir cambios al INDH.

Andrés Joaunnet (Independiente): “Está absolutamente instrumentalizado por la izquierda populista y radical”. “Tiene a sectores de izquierda utilizando los derechos humanos para sus intereses políticos y lo hacen desde una ideología que no representa lo que es el principio de los derechos humanos, que además está en las cartas de las Naciones Unidas y cuyo principio fue redactado por un humanista cristiano, Jacques Maritain”.

Jaime Araya (independiente, PPD). “Demasiadas personas me preguntan que había que hacer para que Chile se saliera de los DD..HH., que eso solo ayudaba a los delincuentes, que nunca protegían a la gente de trabajo, y una serie de comentarios que demuestran que el INDH no sintoniza con la ciudadanía. Y ahora, además, nos informan que no pueden ser fiscalizados por el Congreso. Ya sabemos que todas las experiencias de instituciones sin control terminan mal, por lo tanto, se debe terminar con esta malentendida autonomía”.

Diego Shalper (Diputado de RN). “La autonomía no es sinónimo de falta de fiscalización. Y nos vemos en la obligación de hacerlo más explícito para despejar dudas”. Para ello, cree que la modificación legal debe señalar que “el Instituto estará sujeto a la fiscalización de la Cámara de Diputados, debiendo rendir cuentas semestralmente de su accionar”.

Los respuestas pendientes. A continuación parte de los informes que se le ha solicitado al INDH desde el Parlamento, pero que no han tenido respuesta.

• “Oficio N° 8/2022 a la Directora Nacional (s) del Instituto Nacional de Derechos Humanos, solicita un pre informe respecto de las acciones ejecutadas y medidas adoptadas, hasta la fecha, por el Programa de Fortalecimiento de las Oficinas Regionales de esa entidad en el Biobío, La Araucanía y Los Ríos, en especial se refiera, detalladamente, lo llevado a cabo respecto de las víctimas de violencia rural en las referidas regiones”. Sin respuesta.
• “Oficio N° 25/2022 a Instituto Nacional de Derechos Humanos informe sobre la normativa y los estándares internacionales de protección a los derechos humanos en los establecimientos penitenciarios, como también indique acerca de la existencia de denuncias, con ocasión de la comisión de eventuales delitos que podrían ser constitutivos de violaciones a los derechos humanos que habrían sido cometidas por funcionarios de gendarmería en contra de internos a contar del año 2019 a la fecha. En especial, se refiera a la participación del Instituto en estas materias, y nos precise cantidad de gendarmes involucrados, número de procesos incoados, número de visitas a recintos carcelarios realizadas por el citado Instituto desde 2019 a la fecha, desglosada por establecimiento penitenciario, entre otros antecedentes que nos puedan aportar sobre el particular”. Sin respuesta.
• “Oficio N° 3/2022 a Directora (S) Directora Nacional (S) del Instituto Nacional de Derechos Humanos, para que remita el informe y todos los antecedentes recogidos por el Programa de Fortalecimiento de las Oficinas Regionales de esa entidad en el Biobío, La Araucanía y Los Ríos, a propósito de su suspensión por reestructuración luego que el señor Sergio Micco dejara su cargo como director de ese instituto hace algunas semanas”. Sin respuesta.