¿Es sorprendente que el 68% de los chilenos, según la Cadem del 12 de febrero, considere que el gobierno no ha tomado las medidas oportunas y adecuadas para enfrentar los incendios forestales en las regiones del Bio bio, Ñuble y la Araucanía?
La pregunta tiene sentido porque a lo largo de los días en que se ha desarrollado el mega incendio hemos podido observar una movilización notable de recursos y autoridades así como de iniciativas tanto del sector público como del mundo privado y de la sociedad civil.
Decenas de aviones de distintas capacidades, helicópteros, cerca de cuatro mil brigadistas de CONAF y de la CORMA, bomberos venidos desde distintas regiones, brigadas llegadas de España, Ecuador, Argentina, Portugal, entre otros, miles de voluntarios, carabineros, miembros de las tres ramas de las fuerzas armadas, residentes de las zonas afectadas combaten el fuego sin descanso desde hace días mientras reciben la asistencia y la solidaridad de empresas, vecinos y parientes con mejor suerte.
No hay dudas que se trata de una gigantesca movilización que ha sido encabezada sin desmayo por el presidente Boric y el subsecretario Monsalve. Mucho menos claro es el rol de los ministros “enlaces” que muchas veces estorban a las autoridades regionales.
Entonces, ¿por qué es tan mezquina la evaluación ciudadana si lo que se está enfrentando es una catástrofe de tan amplias dimensiones y la respuesta del gobierno y la ciudadanía ha rozado el límite de lo factible?
Quizás la respuesta está en algo así como el clima ideológico del país, la saturación ciudadana con los errores no forzados, la sospecha sobre las inclinaciones y verdaderos afanes del gobierno y sus líderes, la connivencia de muchas autoridades con los actores de la violencia, la tolerancia con las transgresiones a la ley. No por casualidad la misma encuesta revela que el 94% piensa que los incendios son intencionales y que el 63% piensa que son obra de grupos terroristas. Dichas sospechas por lo demás son plausibles, el propio gobierno y para qué decir la Corma, lo reconocen: basta observar la evolución de los incendios. En otras palabras, la crítica a la gestión de los incendios es en verdad una crítica a la gestión de la violencia y la seguridad.
Mal que le pese al gobierno, todavía circula el eco de la versión incendiaria del estallido social, de la cual muchos de los actuales gobernantes fueron actores principales o cómplices pasivos aceptando la quema del metro, de iglesias, museos, hoteles y casas patrimoniales como necesidades para “abrir el camino de los cambios”. Aún suenan las afirmaciones de la Convención Constitucional y las declaraciones destempladas de líderes oficialistas que amenazaban con “quemarlo todo”. Nada de esto ha sido sin consecuencias: ahí está la delincuencia desatada, la falta de respeto a normas básicas de convivencia, la destrucción del prestigio de las instituciones. El fuego, arma arrojadiza contra el sistema democrático, está quemando políticamente a sus promotores.
Es posible que la evaluación ciudadana de que da cuenta la encuesta de Cadem sea injusta dados los esfuerzos desplegados por el gobierno para contener la crisis, pero no es tan claro que sea inmerecida.
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