Noviembre 22, 2023

El duro golpe que propinó el Congreso a la política migratoria del Gobierno

Alexandra Chechilnitzky
Créditos: Agencia Uno.

Durante la discusión de la ley de presupuesto, la oposición incluyó una indicación en que se prohíbe que el Servicio Nacional de Migraciones utilice recursos para “regularizar a extranjeros que hubieren ingresado clandestinamente al territorio nacional o cuyo ingreso no conste a la autoridad migratoria”. En el Ejecutivo reconocen que intentar modificar este punto en comisión mixta es prácticamente imposible y que, por tanto, las opciones que quedan son recurrir al TC o vetar una ley sensible para la ciudadanía, a solo dos semanas del plebiscito de salida.


Qué observar. Pasadas las 15:00 horas de este miércoles, el Gobierno sufrió un golpe inesperado. En medio de la tramitación de la partida del Ministerio del Interior de la ley de presupuesto 2024, el Senado rechazó una indicación del Ejecutivo que buscaba eliminar la prohibición de regularizar a migrantes que hayan ingresado por pasos clandestinos al país.

  • El punto había sido votado la semana pasada en la Cámara de Diputadas y Diputados luego de que RN ingresara una indicación que planteaba que con cargo a los recursos del Servicio Nacional de Migraciones “en caso alguno” dicho organismo “podrá regularizar a extranjeros que hubieren ingresado clandestinamente al territorio nacional o cuyo ingreso no conste a la autoridad migratoria”.
  • A partir de aquello, el Ejecutivo hizo reserva de constitucionalidad en ambas Cámaras legislativas, pero el problema es que al estar aprobada tanto por la Cámara Baja como por el Senado, esta indicación de la oposición ya forma parte de la ley de presupuesto 2024.

Ejecutivo en aprietos. Las opciones del Gobierno son escasas. Intentar revertir el punto en la futura comisión mixta que terminará revisando la ley es prácticamente imposible, reconocen en el Ejecutivo. Por ello, si no lo logran, podrían ingresar un veto o recurrir al Tribunal Constitucional. Para esto La Moneda tiene 5 días desde despachada la ley por el Congreso, lo que deberá ocurrir a más tardar el próximo miércoles 29 de noviembre.

  • Si se recurre al TC o se veta la ley, dicen altas fuentes de Gobierno, dependerá de cómo quede en general la ley de presupuesto, ya que de tener más discordancias con el Congreso en La Moneda se podrían decantar por la idea del veto.
  • El problema en ambos casos para el Gobierno son los tiempos, ya que, en una agenda sensible para la opinión pública, como la migratoria, cualquiera de las dos opciones deberán ser informadas a sólo dos semanas del plebiscito del 17 de diciembre. Todo, en un contexto en que la seguridad y la migración irregular han formado parte de los principales ejes temáticos de la campaña del A favor.
  • Durante las últimas dos semanas, la oposición ha realizado una arremetida en contra del Gobierno y particularmente en contra de la ministra Carolina Tohá por estas materias.

Lo que implica. El 31 de mayo de este año el Ejecutivo comenzó un proceso de empadronamiento biométrico para el que las personas debían auto denunciarse con fecha tope el 30 de junio. Sólo en ese mes la PDI recibió más de 130 mil auto denuncias y en total hay 194.291 personas que realizaron dicho proceso.

  • Posterior a aquello, se inició el proceso de empadronamiento, el que permite establecer la identidad de las personas al obtener fotografía del rostro y huellas dactilares, además de establecer un domicilio. Hasta el 20 de noviembre de 2023, según datos del Servicio Nacional de Migraciones, se han empadronado más de 120 mil personas.
  • Pero empadronamiento no es sinónimo de regularización. Para esto último está en tramitación en la Contraloría el marco normativo de la Política Nacional de Migración y Extranjería que busca implementar el Gobierno, en el que se establece que se puede regularizar a personas que tengan vínculos laborales o un vínculo familiar en el país, y que en ningún caso se puede regularizar a quienes tengan antecedentes penales.
  • El problema es que “esas herramientas que tiene el Estado, si en algún momento decide usarlas, va a requerir presupuesto”, explicitó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
  • Vale decir, quienes estarían en calidad de cumplir con los requisitos pare regularizarse, no podrían hacerlo con lo aprobado por el Congreso.
  • “El Gobierno podría decidir, por ejemplo, regularizar a trabajadores bolivianos que trabajan en el sector agrícola y no tendría presupuesto para llevar a efecto los procesos administrativos. Por eso es que no estamos de acuerdo. Creemos que los Gobiernos deben tener la posibilidad de tomar decisiones políticas”, añadió Monsalve.

La tercera vía. Fuentes del Gobierno plantean que podría existir una tercera interpretación con respecto a lo aprobado en el Congreso. Aquello pasa por tomar la frase “cuyo ingreso no conste a la autoridad migratoria” de la indicación aprobada para regularizar a quienes cumplen con los requisitos de la Política Nacional Migratoria. Esto supone incluir a extranjeros que ya se auto denunciaron y realizaron el proceso de empadronamiento.

  • Respecto al empadronamiento biométrico, el argumento del Ejecutivo ha sido que quienes no concurren a realizar este procedimiento es porque “tienen algo que esconder” y por tanto, deben ser expulsados.

Organismos internacionales. Con esta indicación, indican fuentes de Chile Vamos, se busca que el Gobierno no pueda llevar a cabo la Política nacional de Migración que buscan implementar.

  • “Sin perjuicio de eso, hay facultades excepcionales que en casos humanitarios o en otros casos excepcionalísimos el subsecretario podría hacerlo (regularizar a migrantes) o eventualmente se le podría solicitar lo mismo que hizo el presidente Piñera: Ustedes entraron ilegales, bueno, salgan y vuelvan a entrar por la puerta como corresponde y de esa manera van a estar regulares en nuestro país”, afirma el Andrés Longton (RN), presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara Baja.
  • Pero para Lorena Fries, diputada integrante de dicha instancia y militante de Convergencia Social, lo aprobado por el Congreso es “tremendamente grave” y plantea que “las personas que se sientan afectadas y una vez que esto se zanje de algún modo, pueden recurrir a los mecanismos internacionales tanto de Naciones Unidas como del sistema interamericano, y el Gobierno podría también pedir una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

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