La jueza de la Corte Suprema Mireya López dirigió la audiencia para revisar la solicitud de remoción que presentó un grupo de diputados del PC, el FA y el PS contra el fiscal Patricio Cooper, a quien acusan de negligencia. Los parlamentarios pertenecen a los mismos partidos de los imputados por el fiscal en diversas causas que complican al oficialismo.
Audiencia. Durante la jornada de este martes se realizó la primera audiencia de recepción de pruebas en el marco de la solicitud de destitución del Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper, que realizó un grupo de diputados oficialistas.
- El recurso fue presentado a fines de marzo por los parlamentarios Carmen Hertz (PC), Lorena Pizarro (PC), Ana María Gazmuri (Acción Humanista), Marta González (IND), Javiera Morales (FA), Gael Yeomans (FA), Luis Cuello (PC), Jaime Naranjo (PS), Roberto Celedón (FA) y Juan Santana (PS).
- Los diputados acusan al fiscal Cooper de negligencia en el manejo del caso Sierra Bella que involucra a la ex alcaldesa del PC Irací Hassler y la causa derivada por supuesto tráfico de influencias en favores a un empresario chino, donde está imputada la diputada PC Karol Cariola.
- En concreto señalan que Cooper actuó sin “perspectiva de género” en el allanamiento al domicilio de la diputada el día que ella estaba en el hospital teniendo a su hijo y la filtración desde su causa de un diálogo personal entre Cariola y Hassler donde hablan mal del Presidente Gabriel Boric.
- Según señala la Ley Orgánica del Ministerio Público, en su artículo 53, los fiscales regionales podrán ser removidos de la institución por la Corte Suprema, a requerimiento de diez diputados, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones.
- Cooper se ha vuelto un fiscal incómodo para La Moneda y los partidos de gobierno, ya que bajo su mando están las principales causas de corrupción que complican al oficialismo.
- Además de los casos Sierra Bella -la fallida compra de la ex clínica que intentó realizar la Municipalidad de Santiago por $8.200 millones- y el llamado caso Chinamart; Cooper también está a cargo de investigar posibles ilícitos en el intento del gobierno por comprar la casa del ex Presidente Salvador Allende, asunto por el cual perdieron sus cargos la exsenadora PS Isabel Allende y la exministra de Defensa PS Maya Fernández, ambas imputadas.
- Pero además, es el fiscal que tomó en junio de 2024 el caso ProCultura: las transferencias del Estado de $6 mil millones a la fundación creada por el psiquiatra Alberto Larraín, quien era cercano al FA y al Presidente Boric.
- La defensa de Cooper alegará que hasta marzo de 2025, mientras la causa de Sierra Bella se mantuvo en reserva bajo su custodia, no hubo ninguna filtración.
Qué dijo la jueza. La ministra de la Corte Suprema, Mireya López Miranda, dirigió a partir de las 9 de la mañana la audiencia, en la que estuvo presente Cooper junto a su abogado Matías Insunza.
- Según señaló la magistrada “estas audiencias se están llevando a cabo esta semana, comenzamos hoy y estaremos hasta el viernes recibiendo las pruebas que las partes han presentado. Durante este miércoles hará sus descargos y presentará sus testigos la defensa del fiscal.
- “Después de esto, es el Pleno de la Corte Suprema quien conoce de la remoción en una audiencia fijada especialmente, convocada especialmente, al efecto y es allí donde se toma la decisión”, afirmó la jueza.
- Según la legislación, un fiscal regional puede ser removido con 4/7 del pleno de los ministros de la Suprema, que actualmente está compuesto por 17 jueces (es decir se requieren 10 magistrados).
- Este es el cuarto intento de remoción de un fiscal regional que realizan parlamentarios en los últimos cinco años. En 2020 pidieron la destitución de Emiliano Arias; en 2020 de Marcela Cartagena; y en 2024 de Xavier Armendáriz. Pero nunca el máximo tribunal ha removido a un fiscal regional.
- Cuando se discutió la creación del Ministerio Público se sacó al Fiscal Nacional y los Fiscales Regionales de la posibilidad de ser acusados constitucionalmente, precisamente para que los diputados y senadores no destituyan a alguien que eventualmente los pueda investigar.
- En el entorno del fiscal Cooper hacen ver que los diputados acusadores que intentan sacarlo del Ministerio Público pertenecen a los mismos partidos de los imputados de las causas que está investigando.
Crisis por ProCultura. La semana pasada el gobierno y el oficialismo tuvieron un duro entrecruce con el fiscal Cooper, luego que se revelara que había intervenido el celular del ex jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi (FA) quien era el funcionario de mayor confianza del Presidente Boric.
- Cooper mantuvo “pinchado” el teléfono de Crispi al menos 120 días para indagar sus conversaciones por el caso ProCultura, ya que cuando ejercía como subsecretario de Desarrollo Regional, en 2022, validó a la fundación para recibir transferencias del Gobierno Regional de Antofagasta y además bajo su gestión se autorizó el aumento de presupuesto para los gobiernos regionales del Ñuble, Biobío y de la Región Metropolitana, para que suscribieran convenios con ProCultura.
- En el marco de esas escuchas, en enero Fiscalía detectó una conversación de Crispi con su madre, la exministra Claudia Serrano, donde le decía que la senadora Allende insistió en que se materializara la compra de la casa del exPresidente. Ante esta situación, Cooper resolvió abrir una investigación por esa operación.
- Además Ex-Ante reveló que el fiscal pidió otras diligencias como intervenir el teléfono de Boric, pero esto no fue autorizado por el Tribunal de Garantía.
- Frente a estas informaciones desde el oficialismo lanzaron una arremetida contra el persecutor. La vocera de gobierno, Aisén Etcheverry, señaló que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, debía aclarar la situación y la ministra de Segpres, Macarena Lobos, dijo que Fiscalía tenía que explicar y acreditar los fundamentos de las diligencias respecto a Boric y Crispi.
- La tensión escaló cuando diputados oficialistas amenazaron con pedir la remoción del fiscal Valencia.
- Cooper respondió a su vez que “me llama mucho la atención que se habla de este tema cuando se afecta a ciertas personas, pero cuando se investiga otro tipo de delitos no se cuestionan, digamos, las intervenciones telefónicas respecto al narcotráfico, terrorismo” y defendió la legalidad de su investigación en el caso ProCultura.
- El miércoles pasado, Boric y Valencia se encontraron en una actividad pública intentando dar por cerrada la polémica de las escuchas. “Nadie está por sobre la Ley”, declararon ambos. Sin embargo, la molestia con la actuación de Cooper no se ha despejado.
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