El controvertido decreto del Municipio de Mejillones para demoler una desaladora que entrega agua a importante minera

La Municipalidad de Mejillones emitió una orden para demoler la planta de bombeo de una desaladora que opera sin permisos legales y abastece a la minera Spence de la gigante mundial BHP. El alcalde Marcelino Carvajal (PPD) defendió la medida, que enfrenta críticas de la compañía por su impacto en empleos y la economía regional. Desde la empresa señalaron que “si se paraliza la planta desaladora, tendría un grave efecto en la operación de Spence, afectando 22.300 familias de Antofagasta debido a la pérdida de trabajos”.

Qué observar. Hace unas semanas, la Municipalidad de Mejillones emitió una resolución exenta que exige la demolición de la planta de bombeo de una desaladora que abastece de agua industrial a la minera Spence, propiedad de la gigante de origen australiano BHP. El viernes pasado se oficializó la solicitud y la empresa fue notificada.

• La decisión se fundamenta en que la instalación, operada por la empresa Cobra y administrada por Caitan SpA, carece de los permisos de edificación y certificados de recepción exigidos por la normativa urbanística local.
• “Por instrucción del alcalde Marcelino Carvajal, y tras un exhaustivo análisis de los antecedentes, se procedió a emitir y entregar el decreto de demolición correspondiente a la sala de bombeo de la planta desaladora, al considerar que esta no cumple con los permisos establecidos por la normativa vigente”, indicaron desde el municipio.

El conflicto. El alcalde de Mejillones, Marcelino Carvajal (PPD), explicó en una sesión del concejo municipal que, aunque gran parte de la desaladora cumple con las normativas, la planta de bombeo excedió los límites autorizados al ubicarse en una zona del borde costero donde el Plan Regulador Comunal prohíbe este tipo de instalaciones.

• La municipalidad insiste en que la empresa Caitán construyó la sala de máquinas de su planta desaladora en una zona no autorizada por el Plan Regulador Comunal, excediendo además el límite de construcción originalmente informado, que pasó de 150 a 400 metros.
• “Nosotros no vamos a dialogar con la empresa, sino a proceder con lo que corresponde a la parte legal: la demolición”, enfatizó Carvajal.
• Según el municipio, la demolición incluirá plazos específicos y estará respaldada por un conjunto de informes técnicos que refuercen la legalidad de la medida, anticipándose a posibles acciones judiciales por parte de las empresas involucradas.
• El alcalde confirmó que, en caso de que la empresa no cumpla con la orden de demolición en un plazo razonable, el municipio podría ejecutar la acción, con la posibilidad de recuperar los costos mediante cargos a las compañías responsables.
• En el concejo comunal el director de obras del municipio, Aaron Oliveros, aseguró en la sesión de hace unas semanas que existía una resolución lista que solicitaba al alcalde la demolición de la obra y que estaban a la espera de la aprobación final de la dirección jurídica de la municipalidad.
• “No podemos autorizarlo porque no cumple con el plan regulador, siempre lo hemos dicho. Por eso estamos sacando las resoluciones y le estamos pidiendo al alcalde la demolición, que es lo que nos compete como municipio”, expresó el DOM.

La ofensiva de BHP. El jueves pasado, el presidente de Pampa Norte BHP, Cristian Sandoval, dijo que la decisión del municipio contradice la imagen de Chile como “un actor confiable, donde las inversiones se facilitan con reglas claras”.

• Cuestionó que “una autoridad que -según ha dicho públicamente-, pareciera haber tomado la decisión de ordenar demoler las instalaciones de la planta desaladora de Caitán (…) Debido a supuestos incumplimientos de dichas instalaciones, lo que podría implicar que la planta desaladora no seguiría operando”, dijo a través de una columna publicada en Timeline.
• El ejecutivo afirmó que han intentado acercar posiciones mediante diálogo, antes de la aplicación de la “medida drástica”.
• “Y decimos drástica porque si se paraliza la planta desaladora, tendría un grave efecto en la operación de Spence, afectando 22.300 familias de Antofagasta debido a la pérdida de trabajos”.
• Si bien aseguró que lo anterior no justifica que no se cumplan con las normas, Sandoval llamó otra vez al diálogo y a eventuales medidas correctivas. Para que así se prevenga “una afectación significativa a la economía de la región y del país, así como también los puertos de Mejllones, donde Spence es uno de los principales clientes”.
• Aunque a nivel institucional, Spence se había desmarcado de las irregularidades previamente, señalando que la planta es de propiedad y operación de terceros.

La respuesta del alcalde. El viernes pasado, en conversación con Timeline, el alcalde de la comuna defendió la determinación ante las críticas emitidas por Sandoval.

• Señaló que estaba dispuesto a dialogar con las partes, pero siempre que se realizara bajo sus reglas. Agregó que no conversaría con la empresa mientras esté “con esa actitud”. Esto porque luego de que la municipalidad les cursara una multa, de cerca de $4.500.000, decidieron llevar el caso a tribunales.

Sanciones y próximos pasos. La resolución establece que, además de la demolición, la empresa deberá enfrentar sanciones económicas definidas por el Juzgado de Policía Local.

• Según conocedores del tema, esta medida, que involucra una infraestructura clave para las operaciones de la minera más grande del mundo, pone en evidencia los conflictos entre normativas locales y grandes proyectos industriales. Esto si se toma en cuenta además la crisis hídrica que enfrentan varias regiones del país.