Abril 24, 2025

El caso del director de seguridad de Curacaví que defendía a traficantes de droga

Ex-Ante
El alcalde de Curacaví Christian Hernández y el director de seguridad Francisco Eyzaguirre

Una presentación en Contraloría pidió determinar si existe inhabilidad o conflicto de interés en la designación en Curacaví del abogado Francisco Javier Eyzaguirre como nuevo director de seguridad comunal. Hasta diciembre el penalista defendía a distintos imputados incluidos casos de tráfico de estupefacientes. En el municipio señalan que el profesional renunció al patrocinio de todas sus causas.


Qué observar. Una controversia se generó en la comuna de Curacaví, Región Metropolitana, debido a que el alcalde Christian Hernández (Ind) designó como nuevo director de Seguridad Pública, al abogado Francisco Javier Eyzaguirre Viguera.

  • Esto, debido a que hasta su designación el profesional ejercía como defensor privado de diversos imputados en causas penales de Curacaví, Casablanca y San Antonio en delitos de porte de armas, hurto, lesiones, lavado de activos y también tráfico ilícito de estupefacientes.
  • Un particular realizó una presentación en Contraloría solicitando que se determine si procede el nombramiento “toda vez que le afectan conflictos de interés que inciden en el ejercicio de su función pública”.
  • Asimismo si se cumplió con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 20.000 (Ley de Drogas) que estipula que “los abogados que se desempeñen como funcionarios o empleados contratados a cualquier título en los servicios de la Administración del Estado o en instituciones o servicios descentralizados, no podrán patrocinar ni actuar como apoderados o mandatarios de imputados por crímenes, simples delitos o faltas contemplados en esta ley”, bajo riesgo de destitución.
  • En parte del municipio sostienen que la presentación carece de fundamento, ya que el abogado Eyzaguirre renunció al patrocinio de todas sus causas, civiles y penales, el 14 de diciembre pasado y asumió su cargo de director de Seguridad el 3 de enero de este año, por lo que no existiría impedimento legal.

Nombramiento. El 11 de diciembre, a través de sus redes sociales, el alcalde Hernández anunció la designación del nuevo encargado de seguridad.

  • “Don Francisco Eyzaguirre, abogado penalista, magíster en derecho penal, con basta experiencia en la defensa de una gran diversidad de casos penales, hoy ha sido nombrado director del departamento de seguridad comunal y a partir de hoy tendrá la responsabilidad de organizar, de crear y proyectar el trabajo futuro del departamento de seguridad, que es el que nos ayuda a la prevención de los delitos de la comuna y a defendernos de los delitos de mayor connotación social y los que han afectado a nuestros vecinos de manera más grave”, señaló.
  • En su presentación, el abogado afirmó que “he venido trabajando en los últimos años en la protección de víctimas de delitos de alta connotación pública, agradezco la oportunidad para mi es un gran desafío dar mayor seguridad a la comunidad”.
  • El alcalde Christián Hernández es independiente y ex militante de RN. Previamente ejerció como concejal de Curacaví. En las elecciones de octubre se impuso a los candidatos de Chile Vamos y del PC.
  • En tanto, Francisco Javier Eyzaguirre es abogado de la Universidad Central, titulado en agosto de 2021, y tiene estudios de posgrado en esa cada de estudios. Según su Linkedin “ha centrado su práctica en materia Penal, cursando varios cursos, diplomados y un Magister en Derecho Penal. En el área académica, fue ayudante de Don Miguel Soto Piñeiro”. Es socio fundador de EyE abogados.

Los casos. Entre las causas en que participó como abogado -y que fueron anexadas al requerimiento en Contraloría- se encuentra una de 2023 en que representó como defensor privado a un individuo en Casablanca imputado por tráfico ilícito de estupefacientes y tenencia de armas.

  • En un operativo de octubre de ese año se encontró en el domicilio del acusado más de un kilogramo de droga -cocaína y pasta base-, además de balanzas, cucharas y bolsos de dosificación. También un revólver en el entretecho del baño y cartuchos.
  • Aunque la defensa alegó que se trataba de microtráfico, el juez estableció que era tráfico dado que “tanto Casablanca como Curacaví son localidades pequeñas en que estas cantidades evidentemente son más que suficientes para el tráfico”, señala el fallo.
  • El imputado se encuentra detenido y arriesga hasta 15 años de cárcel.
  • Eyzaguirre renunció al patrocinio el 14 de diciembre.
  • También representó a un imputado por receptación vehículo robado y tráfico en una causa del Juzgado de Garantía de Curacaví.
  • En otra causa de la comuna defendió un individuo que fue sorprendido por Carabineros, manteniendo en su poder municiones, un arma a fogueo marca BBM con su respectivo cargador y un cuchillo con su hoja envuelta en huincha aisladora.
  • También era el defensor de uno de los imputados en el desfalco en la Municipalidad de Algarrobo, donde cercanos al ex alcalde José Luis Yáñez recibieron más de $1.000 millones.

La defensa del municipio. Algunos funcionarios del municipio señalan que no existe inhabilidad entre el cargo del director de seguridad con sus labores anteriores. Afirman que es un abogado conocido en la zona.

  • Señalan que bajo su gestión hay mejoras en materia de seguridad y hace unos días hubo uno de los allanamientos más grandes registrados en Curacaví.
  • También ha reforzado la oficina de atención a víctimas.

Telón de fondo. El rol de los abogados que representan a narcotraficantes ha estado en el centro del debate respecto a que cumplan roles públicos.

  • Se han presentados propuestas legales para regular el trabajo de estos profesionales y generar trazabilidad de los dineros con que se pagan sus honorarios para que estos fondos no provengan de orígenes ilícitos.
  • En la discusión legislativa se pretende crear un registro público de abogados que defienden a imputados por narcotráfico, ya que es materia de preocupación el impedir que bandas criminales tengan acceso o vínculos con el aparato público.
  • Un proyecto de ley también busca evitar que los abogados de traficantes reciban pagos en efectivo.

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