Las elecciones del 21 de noviembre recién pasado marcan un antes y un después para los líderes de la Convención Constitucional. Desde el primer día de su instalación se construyó un “relato” según el cual la Convención era autónoma y soberana, fruto del vientre del alzamiento popular de octubre y no de un acuerdo político-constitucional.
Un verdadero poder del Estado que se podía entender de tú a tú con el Gobierno al cual veían como un enemigo saboteador del proceso, carente de toda legitimidad. Relato que se alimentaba del éxito electoral obtenido por la extrema izquierda en las elecciones de constituyentes, que les dio una importante mayoría de convencionales.
Bajo la hábil e implacable conducción del ideólogo de este relato, el abogado y vicepresidente de la convención Jaime Bassa, se impuso un estilo autoritario en los debates, limitando el uso palabra, intentando impedir la participación de algunos convencionales en comisiones y poniendo en agenda temas políticos de la contingencia que nada tenían que ver con la misión que la Constitución les había encomendado.
Lo anterior se tradujo en que el primer acuerdo formal de la Convención fuese un llamado a tramitar prontamente una ley de indulto para quienes cometieron delitos graves durante el estallido social.
Es decir, un aval explícito al uso de la violencia como medio de lucha, lo que es incompatible con un estado democrático; apoyo que se hizo extensivo al terrorismo en la Macrozona Sur. Esta concepción de la Convención como un poder autónomo, soberano y refundacional de la República los llevó a saltarse las reglas.
Embriagados con la idea de que el 80% que votó por el Apruebo respaldaba incondicionalmente su visión refundacional de la nueva Constitución y dando por irremisiblemente derrotadas a las fuerzas “contra revolucionarias” se abandonó todo intento de diálogo conducente a conformar las mayorías de dos tercios sin los cuales no es posible que la Convención culmine con éxito su misión.
Tenían un plan muy diferente. Saltarse los dos tercios mediante el resquicio de los denominados Plebiscitos Dirimentes, que permitirían que aquellas reformas que solo alcanzaran los tres quintos fuesen sometidas a un plebiscito; estrategia que parecía bastante plausible porque anticipaban que, ante el desfonde de la derecha, un nuevo parlamento dominado por la izquierda daría su aprobación a reformar la Constitución vigente para permitir esos plebiscitos.
¿Y qué pasó? La primera vuelta de la elección presidencial tuvo lugar, echando por tierra las premisas sobre las cuales Jaime Bassa había construido su relato. Resulta que no era efectivo que el 80% del Apruebo fuese un voto de izquierdas; que la derecha ganó la primera vuelta presidencial; que tiene la mitad del Senado, que murieron los Plebiscitos Dirimentes; que la mayoría no esta por indultar delincuentes ni respaldar terroristas en el sur; que están en desacuerdo con la forma en que la mesa está conduciendo a la Convención; que quieren acuerdos amplios, respeto por los dos tercios, paz, orden público y cambios graduales, no una refundación del país.
Sin duda un amargo despertar para el abogado Bassa, que pudo comprobar que su agenda no es la de la mayoría de los chilenos; y una advertencia a su candidato presidencial que llegó segundo.
De hecho, hemos visto cómo hay un giro en el discurso tanto del abogado Bassa como de la señora Loncon, que han tomado nota de que la mala evaluación de la Convención tuvo un importante efecto electoral negativo para la izquierda en general y Gabriel Boric en particular.
No hay que olvidar que, por primera vez, la mesa de la Convención “corrigió” y se distanció del vicepresidente Bassa cuando éste al día siguiente de la elección se puso “al servicio” del candidato de Apruebo Dignidad.
También, se dan cuenta de que empieza a rondar el fantasma del Rechazo, que emerge como una posibilidad real, lo que hasta antes del 21 de noviembre parecía imposible; que han estado jugando con fuego todo este tiempo, estirando la cuerda más allá de lo tolerable.
Es evidente que un gobierno encabezado por José Antonio Kast estará muy atento a lo que pase en la Convención y será un actor relevante que no tendrá ningún miramiento con jugar un rol protagónico en el debate constitucional y en el plebiscito de salida de ser necesario, empleándose a fondo con todo el poder comunicacional del púlpito presidencial sin descartar llamar al Rechazo.
Quienes controlan ideológicamente la Convención tienen muy claro que no pueden permitir que se les escape esta oportunidad única de cambiar de raíz el ordenamiento político social, económico y cultural del país; y el único camino que les queda, en caso de que José Antonio Kast resulte triunfador en la segunda vuelta, sería poner término anticipado a su mandato mediante un artículo transitorio en la nueva Constitución que convoque a nuevas elecciones de presidente transcurridos 60 días de promulgada la nueva carta fundamental.
Ello sería perfectamente legal pues está contemplado en la reforma que dio origen a la Convención. El único requisito es que se hagan modificaciones “sustanciales” al cargo cuyo mandato se pretende terminar anticipadamente; requisito que la Convención se encargará de cumplir.
Sería una maniobra desesperada, que requiere dos tercios, no exenta de riesgos porque ante el intento evidente de defenestrar un presidente recién electo solo porque no les gusta se podría producir una rebelión en las urnas que termine con el rechazo de la nueva Constitución.
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