Noviembre 16, 2022

El accidentado nombramiento del nuevo Fiscal Nacional. Por María Jaraquemada

Directora ejecutiva de Chile Transparente

Revelaciones de supuesto lobby ante la Corte Suprema (antes de llegar al Senado), de vinculaciones políticas, un fracasado debate en la Universidad de Chile y manifestaciones de preocupaciones de reputadas/os abogadas/os de la plaza, vuelven a generar la percepción de una transacción en la nominación de un cargo relevante para las principales preocupaciones de las personas.


La carrera para designar a quien lidere el Ministerio Público por los próximos ocho años pareciera estar pronta a acabar, aunque con los últimos hechos, quizás no…Ya para el proceso de hace 8 años atrás hubo críticas por las reservadas reuniones y cenas de quienes integraban la quina con Senadores, todo en pleno momento de investigaciones por financiamiento ilegal a la política por el propio Ministerio Público.

Como ya se ha dicho, esta fue una nube negra que estuvo encima del ex Fiscal Abott todo su período. Esto llevó a que el propio Senado adoptara un instructivo de buenas prácticas donde se establecía que reuniones o audiencias de sus integrantes con postulantes a cargos en que esta Corporación participa en su nombramiento debían publicarse en la plataforma de lobby y/o del Senador o Senadora en cuestión. De este modo, se buscaba darle mayor transparencia y rendición de cuentas a estos procesos.

Asimismo, el año 2016 una serie de organizaciones y personas firmaron una declaración pública en contra del denominado cuoteo político en órganos colegiados, para precaver o su captura política o que se nombrasen a personas sin las competencias adecuadas, como Chile Transparente, Espacio Público, el ex candidato presidencial Ignacio Briones, la actual Ministra de Justicia, los ex convencionales Hernán Larraín, Agustín Squella, Benito Baranda y Patricia Politzer, así como Eduardo Engel, Mario Waissbluth y Klaus Schmidt-Hebbel.

A este impulso le siguió un proyecto de ley, presentado por el actual Presidente de la República y el ex diputado Andrade para regular mejor estos procesos, con audiencias públicas, períodos mínimos de control social, entre otras buenas prácticas. Proyecto que lamentablemente no avanzó más allá de la Cámara de Diputados.

A pesar de todo lo anterior, el proceso actual no está siendo mucho más claro para la opinión pública. Develaciones de supuesto lobby ante la Corte Suprema (antes de llegar al Senado), de vinculaciones políticas, un fracasado debate en la Universidad de Chile y manifestaciones de preocupaciones de reputadas/os abogadas/os de la plaza, vuelven a generar la percepción de una transacción en la nominación de un cargo relevante para las principales preocupaciones de las personas: seguridad pública, combate al crimen organizado y a la corrupción.

Entonces ¿qué se puede hacer? ¿concursos públicos de antecedentes y que elija una entidad técnica como el Servicio Civil? ¿prohibir el lobby previo? No hay una bala de plata, todos los procedimientos tienen sus pros y contras. Creo que lo primero es que las prácticas estén más cercanas al espíritu de los procesos establecidos. Cuando se busca que intervengan los tres poderes del Estado en este nombramiento se está combinando la capacidad técnica (“que gane el/la más mejor”) con la sensibilidad política y legitimidad democrática de quienes han sido electas para representarnos.

El problema se da cuando el real fundamento de esas decisiones son las cercanías o vínculos personales o como han dicho por otros nombramientos (el actual pendiente en el TC), que sean “funcionales a mi sector” o cargo. Lo anterior porque degrada a las instituciones, las deslegitima ante la ciudadanía y, peor aún, las inhibe de cumplir adecuadamente su misión.

Esto se ha visto en demasía en la región. Solo por nombrar algunos casos, así ocurrió en Perú en plena investigación del caso Lava Jato, afortunadamente la presión de la opinión pública fue mayor y la movida del Fiscal Nacional de remover a quienes de modo profesional perseguían ese caso, se vio frustrada. En El Salvador, el Fiscal Nacional fue removido cuando inició investigaciones en contra de Bukele, para nombrar a alguien más afín al oficialismo. Luego llevó a la disolución de la unidad anticorrupción que investigaba los posibles pactos del gobierno con las pandillas. En Guatemala la cosa no va mejor, la conocida ex fiscal Thelma Aldana es una de las tantas que ha debido exiliarse por la persecución que hay en dicho país a ex fiscales y jueces que investigaron la corrupción del poder político y económico.

Si bien en Chile estamos lejos de estos casos, es clave que cuidemos los procesos y prácticas para precaver lo anterior y, particularmente, para darle legitimidad a una institución tan clave y que hoy cuenta con una alicaída confianza ciudadana. Por esto, en lo que queda es de esperar que se fundamente adecuadamente (y que sea creíble) las decisiones que toman nuestros representantes y que la razón principal para la elección sea quien se estima que tiene las mejores capacidades para liderar al Ministerio Público ante los grandes desafíos que enfrenta en los próximos años. No podemos confundir la discrecionalidad que tienen el Presidente como las y los Senadores para tomar la decisión, con la falta de rendición de cuentas o a la probidad, principios fundantes de una república democrática.

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