El 2025 del Gobierno: sin relato y sin legado. Por Jorge Ramírez

Ante la falta de una batería de medidas lo suficientemente potente que constituya un legado, el Gobierno ha ensayado la idea de articular una narrativa en torno a la “normalización” del país. Una normalización que, en los hechos, no parece tal, toda vez que cada fin de semana asesinan a una decena de compatriotas, con el 2024 como el año con más homicidios desde el retorno a la democracia.

Último año de Gobierno. El más crudo para cualquier administración. En los consejos de gabinete, en el segundo piso y en la coalición que sustenta el oficialismo surge una incómoda pregunta: ¿Cómo será recordado el mandato del Presidente Boric? ¿Cuál es el legado?

El trazado inicial era ser un gobierno que implementaría una nueva Constitución. Una nueva Carta Magna refundacional, como la propuesta por la Convención de 2022. Una que fue, desde el primer hasta el último día del proceso, respaldada con entusiasmo por el Ejecutivo. Pero ese primer y más ambicioso propósito fracasó estrepitosamente. Un 62% de los chilenos rechazó la propuesta, en forma y fondo.

Con esto, el Gobierno no sólo perdería siete valiosos meses al poner toda su agenda en el congelador a la espera de ese anhelado triunfo electoral y constitucional, sino que, con esta apabullante derrota del Apruebo, perdería su norte y, con él, su principal legado.

Todo gobierno, con sus respectivas luces y sombras, tiene una obra monumental que perdura en el tiempo, sean estas tangibles o intangibles. Aylwin lideró la transición; Frei posicionó a Chile en el mundo mediante una red de tratados de libre comercio; Lagos impulsó el Plan Auge, modernizó la infraestructura pública y logró ser un presidente socialista valorado por los empresarios.

Bachelet impulsó la red de protección social desde la primera infancia, con el programa Chile Crece Contigo, hasta la tercera edad, con la pensión básica solidaria; Piñera, durante su primer mandato, logró rescatar a los 33 mineros y crear un millón de empleos; Bachelet II aprobó la gratuidad en la educación superior, y Piñera II gestionó de manera exitosa la pandemia con un gran plan de vacunación y aprobó la Pensión Garantizada Universal (PGU). ¿Cuál es el legado de Boric? Hasta la fecha no hay nada equiparable a las obras de esta lista.

Aún queda un año, es cierto. Podría haber un acuerdo en pensiones, aunque se proyecta como poco probable. Por lo tanto, al ritmo actual, esta administración podría ser simplemente recordada como un paréntesis de cuatro años de una generación que, una vez enfrentada al poder, vio cómo, ante sus ojos, todas las aspiraciones refundacionales se desmoronaron cual pirámide de naipes y la ilusión de una moral superior sucumbió ante casos de faltas a la probidad y abusos como el Caso Convenios y el Caso Monsalve.

El Ejecutivo, en la práctica, comenzó a gobernar en octubre de 2022, y lo hizo a través de una incómoda e impostada adaptación a una nueva constelación temática del Chile post estallido, donde las demandas de redistribución fueron desplazadas por la necesidad de mayor crecimiento económico, las demandas de reconocimiento de identidades fueron sustituidas por exigencias de mayor seguridad, y la pulsión refundacional mutó súbitamente hacia un deseo de mayor estabilidad.

Conscientes de esta realidad, Boric acomodó tácticamente sus piezas para responder a esta reconfiguración del tablero, llamando a enrolarse a las viejas filas del Socialismo Democrático, como esos ejércitos que, al sentir que pierden la guerra, convocan a los soldados en retiro para intentar sacar fuerzas de flaqueza.

¿Y qué hay del relato? Ante la falta de una batería de medidas lo suficientemente potente que constituya un legado, el Gobierno ha ensayado la idea de articular una narrativa en torno a la “normalización” del país.

Una normalización que, en los hechos, no parece tal, toda vez que cada fin de semana asesinan a una decena de compatriotas, con el 2024 como el año con más homicidios desde el retorno a la democracia, donde quien fuera el zar del combate a la delincuencia se encuentra en prisión y cuando en esta administración, han aumentado los ingresos clandestinos de inmigrantes irregulares en 125 mil registros. Acaso ¿puede ser esto considerado normal?

Es cierto que durante estos tres años se han aprobado varias leyes en materia de seguridad, pero se han aprobado a contrapelo de los propios parlamentarios oficialistas y gracias al respaldo de la oposición. A su vez, muchas de estas nuevas leyes vienen a subsanar vacíos de autoridad y legitimidad que han afectado a las instituciones de orden y seguridad, y que en parte fueron provocados por la narrativa de destacados miembros de este gobierno cuando eran parte del parlamento y movimientos sociales.

Por eso, la idea de que este Gobierno es el que más ha hecho en materia de seguridad no parece verosímil a ojos de la ciudadanía, porque además basta ver cómo las cifras de delitos más violentos crecen de modo incesante. Por tanto, se trata de un relato vacío o, en el mejor de los casos, impostado.

Puede que, desde cierta perspectiva, efectivamente el país se haya normalizado. El estallido de 2019 se disipó porque precisamente, quienes impulsaron la agitación social hoy están en el poder y no en las calles. Una llamativa forma de normalizar y llenar un vacío de relato y legado, jactándose de apaciguar una llama que ellos combustionaron.

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