Pasadas las primarias presidenciales del oficialismo, la realidad se hizo sentir y fuerte.
Se conocieron los datos sobre empleo y las noticias no fueron buenas. La tasa de desempleo volvió a experimentar un alza, ubicándose en un 8,9% en el trimestre marzo a mayo, de manera que ya son alrededor de treinta meses seguidos con tasas de desempleo sobre el 8% y con una tendencia al alza.
Los datos dan cuenta de que el deterioro de las cifras de empleo es sostenido y que se arrastra hace un tiempo, al punto que este año prácticamente no se han generado puestos de trabajo. Al mismo tiempo, si se considera la nueva fuerza laboral que se ha ido incorporando, el desempleo durante este periodo de gobierno es aún más alto que lo que las cifras arrojan consideradas periódicamente.
Por su parte, la informalidad crece y la formalidad laboral va en retirada, con todas las consecuencias que ello tiene para los trabajadores activos y para sostener, tras la reforma, a quienes se han jubilado.
Sobre todo, preocupa la tasa de desempleo femenino, la que al trimestre marzo-mayo sufrió una lamentable alza de varias décimas (ocho, para ser precisos) respecto del mismo periodo del año anterior. Por primera vez, en varios años, supera el 10% y se empina como la cifra más alta desde 2021. Se trata de un antecedente muy inquietante, sobre todo en el contexto de un mandato gubernamental que se ha propuesto ser recordado como uno feminista.
Considerando que el trabajo brinda oportunidades, seguridad y que permite a cada persona idear y planificar sus proyectos de vida, el dato sobre el desempleo en general, y del desempleo femenino en particular, debiera resultarnos alarmante y, en consecuencia, debiera ser una prioridad para las políticas públicas y un eje programático, con soluciones contundentes y no planteadas bajo vagas promesas de justicia, de los candidatos en carrera a ocupar el sillón presidencial.
La contracara, de la ocupación, tampoco es auspiciosa, pues la tasa de ocupación laboral sigue estando baja y lejos del número de empleos que necesitamos para recuperar, que sea, la tasa de ocupación previa a la pandemia. La oferta de empleo se modera, como también los sueños y las expectativas de las personas que aspiran a una mejor calidad de vida.
Y lo preocupante es que de crisis laboral se viene hablando hace años, y sin embargo así estamos. Expertos han calificado la situación como una emergencia laboral y el Banco Central también ha advertido respecto de los problemas que implica que el salario mínimo haya crecido, en términos reales, en un porcentaje muy superior al aumento de las remuneraciones.
Y, sin embargo, proyectos tan relevantes como el de sala cuna han desviado el foco, poniendo nuevamente sobre los hombros de los empleadores un posible sobre costo muy importante, lo que, sumado a los sobre costos que ya abonaron las leyes sobre jornada de 40 horas y los aumentos sostenidos del salario mínimo, solo empeorarán la situación. Para qué decir otras iniciativas en trámite, como la de post natal de un año, que avanza en su paso por el Congreso Nacional, con delicadas consecuencias no solo para el mercado laboral, sino también fiscales.
De ahí que las intenciones y las edulcoradas promesas de corte social sean una cosa, y la realidad sea otra muy distinta. Es hora de revisar y tomar medidas sobre la grave situación laboral a la luz de los datos y de los efectos que ciertas políticas públicas han generado, y no de las intenciones ni menos de las quimeras que se prometen pues, hasta ahora, ellas han generado todo lo opuesto.
Poner en juego, como quien realiza una apuesta, las oportunidades de jóvenes, jefes y jefas de hogar y de las mujeres, constituye una irresponsabilidad, más aún cuando ya se conocen los efectos que varias políticas públicas, individualmente consideradas, así como en su conjunto, han generado.
También lo es negar la realidad o los diagnósticos y el juicio experto transversal en la materia. Hace pocos días, en una columna en este mismo medio, destacaba el trabajo de los economistas que contribuyeron a generar “El Puente”, pues, entre otras virtudes, lejos de vendarse los ojos o de brindar miradas complacientes -que les hacen un flaco favor a las personas que mas necesitan de políticas públicas bien orientadas-, asumieron el problema y la realidad actual de Chile para, y a partir de ahí, formular propuestas valiosas, y en materia laboral hay varias.
Y digo valiosas porque en la materia y como indicaba, cunden propuestas que solo profundizan los errores cometidos, contribuyendo a lapidar los sueños de emprendedores que simplemente no pueden lidiar con los sobre costos impuestos, y con ellos los de muchos chilenos que dependen de que nuestro país tenga la capacidad suficiente para generar puestos de trabajo.
De intenciones no se vive, menos aun cuando ellas se materializan a contrapelo de la evidencia. Quienes pagan el pato cuando así se procede son las personas, los trabajadores, y los innovadores que comprometen su capital y se arriesgan. Los platos rotos se los llevan quienes tenían esperanza.
Así es como se deterioran las oportunidades de los chilenos, de la mano de tierras prometidas que al final del día solo envuelven fracasos, pero que experimentan no quienes hicieron las promesas, sino aquellos a quienes supuestamente se pretendía ayudar.
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— Ex-Ante (@exantecl) May 29, 2025
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