Sin que haya sido debatido en las últimas elecciones presidenciales, versiones de prensa sugieren que habría quienes quieren un cambio significativo en la estructura del sector sanitario chileno. Esto amerita un debate público informado. Las consecuencias son importantes.
Entre 2001 y 2004 se entregó a empresas privadas la explotación de los activos de todas las antiguas empresas sanitarias regionales que no fueron privatizadas. Esto se hizo por medio de contratos de transferencia de la explotación de las concesiones sanitarias. La contraparte estatal de todos esos contratos es la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios (Econssa), empresa pública cuyo principal accionista es CORFO, y que es legalmente la beneficiaria final de todos los activos sanitarios, incluyendo los derechos de aguas.
Estos contratos empezarán a expirar desde 2031. Aun cuando el próximo gobierno será quien deberá tomar las decisiones clave respecto de qué hacer con el sector sanitario concesionado, el camino a seguir deberá ser pensado y en parte diseñado desde ahora. ¿Privatizar, nacionalizar o insistir con el modelo de concesionamiento?
La delicada situación hídrica en varias regiones de Chile y el éxito del modelo de concesión me lleva a pensar que mejorar el modelo de contratos de transferencia de explotación de concesiones sanitarias es el camino adecuado.
El acceso de la población a agua y saneamiento es prácticamente universal en zonas urbanas y la continuidad del servicio es muy alta. En parte esto se debe al modelo de asociación público-privada para la explotación de las concesiones sanitarias.
Estas concesiones cubren el 80% del territorio y abastecen a 4,6 millones de chilenos. Entre los activos están dos plantas desaladoras (Antofagasta y Atacama), plantas de agua potable, de tratamiento, elevadoras y miles de kilómetros de tuberías. En 2025, el total de los activos tiene un valor contable de US$ 2.100 millones aproximadamente.
Econssa hoy juega un rol de empresa matriz en un conglomerado y cumple dos labores principales: de control de gestión sobre las inversiones que hacen las empresas privadas haciendo que se cumplan los contratos y velar por que se hagan las inversiones fuera de plazo de los contratos.
Esto es crucial porque en el sector sanitario la provisión del servicio debe ser continua y universal. Las empresas sanitarias velan por esa provisión hasta la fecha de su contrato, pero la obligación del Estado con la provisión diaria y de calidad de agua potable y saneamiento es permanente.
El rol de esta empresa será crecientemente en la medida que se acerque el termino de los contratos y ya se puede observar en la Planta Desaladora de Agua de Mar de Caldera, que hoy gestiona Nueva Atacama y que dio seguridad al abastecimiento a la población de la región y en la licitación de 2025 de la nueva Planta de Reúso de Aguas Servidas de Antofagasta, que hoy construye Sacyr en Salar del Carmen. En ella la estatal gestionó eficazmente las autorizaciones ambientales necesarias, se negoció la venta a largo plazo de estas aguas tratadas con cuatro grandes faenas mineras de la zona. El proyecto permitirá liberar aguas continentales y evitar contaminar la bahía.
Algunas versiones de prensa señalan que la compañía hoy sería una “oficina de contabilidad” y que podría transformarse en un servicio público. Legalmente todos los contratos la designan como la detentora de los activos sanitarios hoy concesionados. Salvo que alguien plantee abiertamente privatizar estas empresas, esto sería un error conceptual. Si se mantiene el modelo de concesionamiento a empresas privadas debe existir una entidad técnica contraparte con potencialidad ejecutiva y de planificación fuera de los horizontes contractuales.
En tanto empresa pública, Econssa tiene un cierto nivel de autonomía operativa que es supervisada por el Sistema de Empresas Públicas, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Contraloría General de la República. No obstante, para enfrentar este desafío, le faltan instrumentos. Por un lado, es necesario mejorar los nuevos contratos de concesión e introducir modernizaciones a la regulación sanitaria. Por el otro, la crisis hídrica amenaza la provisión de agua potable en algunas regiones por lo que la visión de quien detenta finalmente los activos debe ser de largo plazo. Ello debe reflejarse en su gobernanza con directorios que traspasen a los gobiernos de turno.
Para los cruciales desafíos hídricos de Chile y del sector sanitario, en particular del concesionado, es importante tener desde ya una conversación llana e informada sobre las alternativas realmente disponibles. Se necesita preparar bien la transición desde el exitoso modelo actual al que lo suceda.
El sistema de concesiones sanitarias vigente descansa en una separación funcional entre operación privada y responsabilidad pública de largo plazo sobre los activos. Esta última dimensión requiere una institucionalidad capaz de actuar como titular de los activos, contraparte contractual y agente de planificación más allá del ciclo de las concesiones. En Chile, esa función ha sido desempeñada por Econssa. Cualquier modificación que debilite o elimine esta capacidad no constituye un cambio meramente administrativo, sino una alteración estructural del modelo, con implicancias directas sobre los riesgos de continuidad del servicio y de gestión de inversiones de largo plazo
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La letra chica de la inteligencia. Por Tomás Sánchez. https://t.co/py21Fdw91B
— Ex-Ante (@exantecl) April 17, 2026
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