Derechos sociales en la Constitución ¿Quién paga la cuenta? Por Juan José Obach

Un catálogo extenso de derechos sin capacidad del Estado para asegurarlos aumentará la desconfianza y desafección de las personas con el aparato público. La clave está, entonces, en incorporar en la Constitución principios económicos básicos que orienten la acción del Estado hacia políticas eficaces y responsables desde el punto de vista fiscal.

La semana pasada la Convención comenzó la discusión sobre derechos sociales. Debate de extrema importancia ya que una buena configuración de derechos -exigibles y financiables- permitirá que los chilenos cuenten con condiciones mínimas de bienestar para desplegar sus distintos proyectos de vida. Una pregunta fundamental (que difícilmente encontrará una respuesta sensata desde adentro de la Convención) tiene que ver en cómo asegurar la sostenibilidad fiscal de todo este catálogo de derechos. Si el Estado no es capaz de financiar derechos tan cruciales como salud, educación, vivienda o pensiones, todo lo que se escriba sobre estos será letra muerta.

La pregunta sobre el costo de los derechos sociales no es un simple capricho de economistas o “tecnócratas”. Si seguimos la trayectoria de gasto actual, la Dirección de Presupuestos estima que la deuda pública bruta al 2026 se mantendrá en torno al 40% del PIB -es importante recordar que hace 15 años era solo un 5% del PIB-. Si a esto le adicionamos el extenso catálogo de derechos sociales que probablemente tendrá la propuesta de nueva Constitución, corremos serios riesgos de entrar en una trayectoria fiscal insostenible. En simple, que los gastos permanentes no logren cubrirse con ingresos permanentes. Por lo tanto, al igual que en la discusión de cambio climático, la sostenibilidad fiscal tiene una dimensión de justicia intergeneracional. No hacerlo es condenar a las generaciones futuras a pagar “la fiesta” de hoy.

El número de derechos sociales en la Constitución no guarda ninguna relación con el nivel de desarrollo de un país y, por ende, su capacidad de asegurar dichos derechos (mientras Venezuela tiene consagrados 23 derechos sociales en su Constitución, Dinamarca tiene solo 2). Así, un catálogo extenso de derechos sin capacidad del Estado para asegurarlos solo aumentará la desconfianza y desafección de las personas con el aparato público. La clave está, entonces, en incorporar en la Constitución principios económicos básicos que orienten la acción del Estado hacia políticas eficaces y responsables desde el punto de vista fiscal.

Lo primero es incorporar el principio de responsabilidad o sostenibilidad fiscal (la actual no lo considera) y reforzar nuestra institucionalidad para su logro. Esto se puede hacer de manera general o a través de una clausula específica acerca de que todo gasto ocasionado para materializar los derechos sociales debe estar financiado con cargo a alguna glosa presupuestaria. También es fundamental que se abran espacios de colaboración e inversión de recursos de privados en la provisión de dichos derechos, cumpliendo en todo momento estándares exigentes de calidad e inclusión.

Si no tenemos un Estado eficiente y eficaz que logre asegurar derechos sociales, de nada sirve ponerlos en el papel. Se debe consagrar el derecho a la buena administración pública; crear un Servicio Civil autónomo y meritocrático; crear Tribunales Administrativos para resolver controversias; y explicitar un vínculo entre el control del gasto realizado por Contraloría y el control de la ejecución presupuestaria, de tal manera que el Contralor reporte al Congreso.

Un catálogo de derechos sociales necesita financiarse con un sistema tributario simple, eficiente, que promueva la equidad vertical y horizontal y que sea pro-inversión. De esta manera, se debería mantener el principio de no afectación tributaria, es decir, que los impuestos recaudados vayan a arcas generales y no a pagar una prestación en particular.

Por último, debe mantenerse la iniciativa exclusiva de gasto por parte del Presidente, ya que se trata de una herramienta que ha permitido asegurar la disciplina y estabilidad del gasto público en el tiempo. Junto con esto, se deberían explicitar lineamientos para que la discusión presupuestaria -de carácter anual- se estructure en base a objetivos, donde se pueda reasignar una parte significativa del presupuesto del año anterior. Romper la “inercia” del gasto permitiría responder con una mayor agilidad las demandas sociales que enfrentan los distintos gobiernos.

A tropezones, la Convención avanza en la redacción de una propuesta final. Quedan solo 28 días para que se termine el plazo de redacción de normas y el último borrador todavía no tiene ningún derecho social. Con la cuenta regresiva en marcha esperemos que en los próximos días los convencionales no solo incluyan derechos por incluirlos, sino que se pregunten sobre cómo los financiaremos. En simple, que tengan claro quién paga la cuenta.