Que el jefe de seguridad de la nación se haya visto envuelto en un escándalo de esta magnitud -y justo cuando ejercía como ministro del Interior subrogante, en medio de una crisis de seguridad y durante la semana con más homicidios del año- es un hecho que quedará en la memoria colectiva por décadas.
El hecho, debido a su gravedad, no solo ha recorrido el país, sino también el mundo. Por esta misma razón, es evidente que trascenderá el ciclo de noticias y se consolidará como un hito transformador en la estructura de incentivos y castigos políticos del país.
Si nada más, queda claro que el primer castigo ya ha sido impuesto, y es hacia el mismo Monsalve. Aunque la fiscalía aún no lo ha procesado formalmente, ya ha sido juzgado y condenado en el foro público, y es probable que nunca vuelva a ocupar un lugar de relevancia en la política chilena.
Pero lejos de haberse contenido con Monsalve, el asunto ha salpicado a una serie de otros actores políticos.
Por lo pronto, al mismo gobierno y a su núcleo central, el Frente Amplio, que no solo gobierna con la ley, sino que también con la moral. Desde el trono, ha buscado fijar estándares morales que ahora sabemos son incumplibles.
Quizás por eso “el fast-track legal” funcionó a la perfección con ellos mismos, que fueron los primeros afectados por el escándalo tras el mismo Monsalve. Pues, a pesar de haberlo tratado de usar como chivo expiatorio, la ciudadanía igual los vio como parte central del problema de fondo.
Que Monsalve haya cometido el delito del cual se le acusa es responsabilidad de Monsalve, pero que lo haya hecho mientras era ministro del Interior subrogante es responsabilidad del gobierno, que no fue capaz ni de aplicar los principios éticos que promulga ni de activar alguno de los numerosos protocolos que ha establecido precisamente para situaciones como esta.
Eso es lo que la ciudadanía percibió y castigó en las elecciones regionales y locales de la semana pasada, donde la oposición logró una victoria histórica. Claro, es imposible saber qué hubiese sucedido si el caso no hubiese opacado los matinales en la semana anterior a la elección, pero es una apuesta segura sugerir que no le ayudó al gobierno.
Otra afectada es la ministra Tohá, responsable de Interior, incluyendo la supervisión de quienes ocupan su cargo de manera subrogante cuando ella está ausente. A diferencia de las elecciones, donde el castigo fue de la ciudadanía al gobierno, aquí el castigo fue directamente de la clase política hacia la ministra.
Después de Monsalve, Tohá es la segunda en la línea de mando que queda sin piso político. La serie de contradicciones, silencios inoportunos, negaciones y falta de información ya han cobrado su costo, y es evidente que, si tenía aspiraciones presidenciales, estas ya no son viables. La problemática forma en que gestionó, o evitó gestionar, el episodio, se suma además a la crisis de seguridad que lamentablemente solo ha empeorado bajo su liderazgo.
El asunto no termina aquí. Al Frente Amplio como gobierno y a Tohá como representante política, se suma también la socialdemocracia, que por asociación se vio envuelta en el escándalo. Monsalve, que proviene del PS, representa a un partido que se unió ciegamente al gobierno sin cuestionar cómo, quién o cuándo. Aunque el PS mantiene una distancia respecto a la imposición moral del Frente Amplio, para la ciudadanía todos son lo mismo. Es la izquierda de Boric y Monsalve la que pagará el precio, y ni Bachelet podrá salvarlos del desgaste reputacional que se avecina.
Entendiblemente, el presidente buscará dar vuelta la página con un cambio de gabinete, que, de hecho, está atrasado. Si Boric hubiera hecho la rotación a tiempo, para abordar las evidentes asociaciones a la corrupción por parte de miembros de su equipo, revisar el estado de sus colaboradores de primera línea, su desempeño y posibles vulnerabilidades, no estaría en la difícil posición en la que se encuentra ahora.
Lejos de armar un gabinete funcional para asumir los desafíos del último año de gobierno, el presidente actúa ahora bajo presión. Está haciendo lo posible para salvar un barco que se está hundiendo. Sin embargo, existen dudas sobre los posibles reemplazos. A estas alturas, es legítima la pregunta sobre la capacidad política y el compromiso altruista que podrían tener quienes decidan sumarse a un gobierno que parece ir a la deriva.
Es cierto que cualquier cambio es mejor que mantener las cosas como están, pero para realmente dar vuelta la página después del escándalo de Monsalve, que conmocionó al país, costó una elección al gobierno, hundió a Tohá y comprometió a la socialdemocracia, la reforma debe ser amplia y profunda, y no limitarse a cambios estéticos.
Lo mejor que podría hacer Boric es limpiar su gabinete y eliminar todo rastro de asociaciones con la corrupción y el caso Monsalve. Esto va más allá de ministros y subsecretarios; incluye remover a todos los asesores que no le han ayudado a enfrentar las crisis de manera adecuada, a los terceros en línea de mando que lo obligan a invertir en protocolos ineficaces y a cualquiera que siga insistiendo en que su estándar moral es superior al de los demás.
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