Una auditoría de Contraloría detectó graves problemas en las principales entidades dependientes del Ministerio de Salud. Las instituciones apuntadas son la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), subsecretarías de Salud y de Redes Asistenciales, Fonasa y la Superintendencia de Salud.
Qué observar. Más de $10.300 millones sin facturar. Deudas a proveedores por más de $20.400 millones. Multas no aplicadas por parte de una entidad estatal. Fuego cruzado entre dos instituciones sanitarias que no suelen protagonizar estos casos. Todo esto expuso la Contraloría en un informe de 130 páginas publicado el 10 de febrero, tras una auditoría realizada a la Subsecretaría de Salud Pública (Subsal) -a cargo del RD Cristóbal Cuadrado– y en la que se apunta también a la Subsecretaría de Redes Asistenciales (Subredes, en donde está el independiente Fernando Araos), Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), Fondo Nacional de Salud (Fonasa), Superintendencia de Salud y al Hospital San Borja Arriarán.
- La auditoría se realizó luego de que, en julio de 2021, la entonces senadora DC Carolina Goic, enviara un oficio por medio de la Secretaría General del Senado para revisar la situación de la Ley Ricarte Soto y cómo esta se estaba implementando en las entidades sanitarias estatales. El estudio tomó como período entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de mayo de 2022.
- La ley Ricarte Soto permitió la creación de un Sistema Nacional de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, específicamente en 27 enfermedades, que pueden ser “enfermedades oncológicas, inmunológicas y raras o poco frecuentes, que hayan sido determinadas a través de un decreto supremo del Ministerio de Salud”. Específicamente se cubre a quienes padecen enfermedades como cáncer de mama -uno de los más frecuentes en Chile-, diabetes tipo 1, dos tipos de artritis, hipertensión arterial y varios tipos de tumores.
- Cenabast es la entidad que se encarga de intermediar las compras, pagar las facturas emitidas por los proveedores y distribuir los productos fármacos relacionados con la ley Ricarte Soto. Esto es financiado por el Fonasa, que recibe las facturas emitidas por la Central de Abastecimiento.
- La Subsecretaría de Salud tuvo en sus manos el preinforme realizado por Contraloría sobre el tema desde el 28 de noviembre de 2022 y Contraloría dio un plazo de 60 días para regularizar los negativos hallazgos, que revelaron una crisis en la cartera más fuerte del Gobierno la última encuesta Cadem.
- El Ministerio de Salud y sus autoridades suelen encabezar las encuestas de aprobación. De hecho, la hoy titular del MINSAL, Ximena Aguilera -quien llegó tras el cambio de gabinete del 6 de septiembre- fue la ministra mejor evaluada, con un 62% de aprobación, en la última evaluación a secretarios de Estado del gabinete del Presidente Gabriel Boric, realizada por la Cadem el 19 de febrero de 2023.
$10.000 millones sin facturar. Uno de los principales descubrimientos fue que la Cenabast no le emitió facturas a Fonasa en 4.444 casos, que en total involucraron $10.349.082.817. Contraloría avisó meses antes de la entrega del informe final de la situación, a lo que Cenabast afirmó que -al 7 de diciembre de 2022- se lograron regularizar 1.544 de estos casos, pero sin anexar antecedentes que lo demuestren. De todos modos, de ser como lo planteó la entidad dependiente de Salud, quedarían pendientes 2.900 casos.
- Fonasa cumple un rol importante en este ámbito, pues es esta entidad la que financia las adquisiciones de Cenabast y a la que “la Central emite las respectivas facturas agregando el 1% de comisión por su labor de intermediación”. Al mismo tiempo, el Fondo Nacional de Salud ha solicitado disponer “oportunamente de toda la información”, con el compromiso de trabajar en conjunto con Cenabast para la revisión de esta situación.
- Cenabast hoy está dirigida, de forma subrogante, por Christian Venegas Tudela. Mientras que Fonasa es encabezado por Camilo Cid.
- En los próximos 60 días hábiles, la Central deberá acreditar la supuesta emisión de las 1.544 facturas, además de coordinarse con Fonasa para emitir las otras 2.900.
20.400 millones impagos y Fonasa contra Cenabast. La auditoría también dio cuenta de que, hasta 17 de noviembre de 2022, Cenabast también mantenía 8.893 facturas pendientes de pago a proveedores por $20.400.570.814, desde el 2018.
- En este caso, el Fonasa y la Cenabast nuevamente deberán “deberán coordinarse para obtener el financiamiento de los recursos y efectuar el pago de tales facturas, en la medida que conste el efectivo cumplimiento de las contraprestaciones respectivas”.
- 2021 es el año en el que más dinero comprometido hay: $7.480 millones. En 2022, $5.917 millones.
- Consultado al respecto, Venegas le afirmó a Contraloría que “las facturas pendientes de pago a los proveedores se deben a que no se ha recibido la transferencia de fondos desde el Fonasa”. Desde el Fondo Nacional de Salud, en tanto, respondieron que se “conformará un plan de trabajo en conjunto con la Central conducente a la regularización de las obligaciones con los proveedores”.
- Ese no fue el único problema de coordinación detectado entre ambas instituciones. Cenabast ha tardado hasta 556 días corridos en pagar a sus proveedores. Sobre esto, Venegas dice: “Cada vez que Fonasa transfiere los recursos a la Cenabast, asociados con la Ley Ricarte Soto, la Central demora un promedio de 18 días en realizar el pago a los proveedores”. En Fonasa responden que ellos cumplen “con pagar en tiempo y forma las facturas asociadas a productos de la Ley Ricarte Soto emitidas correctamente por la Cenabast” y que “los plazos de pago a los proveedores son definidos por la Central”.
Proveedores sin multar. Otro ítem que fue estudiado en la auditoría da cuenta de la no aplicación de multas por parte de Cenabast a proveedores que entregan sus fármacos atrasados al Hospital Clínico San Borja Arriarán.
- En particular, fueron 10 los casos en los que -desde 4 proveedores distintos- se incumplieron con los tiempos de entrega de fármacos al San Borja. En este contexto Cenabast no aplicó las multas correspondientes, que hubieran significado un ingreso de $14.216.702.
- Las empresas que se han atrasado con la entrega de fármacos son Takeda Chile Spa, Rocha Chile Limitada, Merck S.A. y Sanofi-Aventis de Chile S.A..
- Pero la revisión del ente contralor también apunta al San Borja, en donde, desde su Farmacia Oncológica, se han perdido 7 fármacos “Hercepin 600 mg/5ml sol. Iny. Caj 1 fam”, remedio de altísimo costo, lo que significó pérdidas por $6.747.300. Hasta hoy nadie sabe explicar qué pasó con ellos.
- Frente a esto, el Hospital San Borja deberá aportar los antecedentes que “acrediten que las unidades faltantes del referido medicamento, al momento de su conteo, no se encontraban extraviadas o, de lo contrario, se deducirá el correspondiente reparo por el monto total de $20.964.002”.
Errores en subsecretarías y Superintendencia. Al mismo tiempo, el estudio del ente contralor también apunta a las otras entidades del Ministerio de Salud, en el marco de la correcta aplicación de la Ley Ricarte Soto.
- Tanto la Subsecretaría de Salud como la de Redes Asistenciales deben contemplar perfiles y descripciones de cargos relacionados con la Ley Ricarte Soto, lo cual fue advertido cómo incumplido dentro de la auditoría.
- Contraloría detectó que la Subsal no tiene los perfiles y descripciones de funciones en cargos asociados al Departamento de Coordinación de Garantías y Prestaciones en Salud de la División de Planificación Sanitaria. La subsecretaría respondió que se designó a dos funcionarios para cumplir con los cargos citados, a lo que el ente contralor afirmó que solo se designó a estas personas, mas no se detalló sus funciones, por lo que mantuvieron las observaciones.
- En la Subredes, en tanto, no se cuenta con los perfiles relacionados al Departamento GES, Redes Complejas y Líneas Temáticas de la División de Gestión de Red Asistencial. La subsecretaría contó que contemplan un documento llamado “Manual de Procedimientos, Roles y Funciones para establecer Garantías e implementar la Ley Ricarte Soto”, pero que dicho antecedente es solo un borrador -que debe ser aprobado vía acto administrativo-, por lo que también se mantuvieron las observaciones.
- La Cenabast también tiene problemas en esta área. El director (s) del servicio esclareció que la problemática se mantiene desde 2013 y que están esperando el nombramiento de un director titular por parte del Gobierno para solucionar el conflicto.
- A su vez, la Superintendencia de Salud debe contar con información permanente y actualizada de las prestaciones otorgadas por la Cenabast, con el fin de realizar una correcta fiscalización y estudio. Sin embargo, la entidad a cargo del exdiputado DC, Víctor Torres, no ha instruido a la Central Nacional de Abastecimiento para que esto ocurra.
- Torres indicó a la Contraloría que la Superintendencia de Salud se encuentra “trabajando en la dictación de una norma general para dar cumplimiento cabal a la disposición legal citada, la que se encontraría finalizada en los primeros meses del año 2023”.
Lea el informe íntegro:
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