El 13 de agosto, se conoció la noticia del hallazgo de un vehículo en el centro de Santiago que contenía armas, municiones y explosivos. Aunque la ministra del Interior, Carolina Tohá, evitó dar detalles, afirmó que estaban ante “un acto delictual de alta connotación”. La prensa informó ese día que los explosivos habrían tenido como objetivo facilitar la fuga desde la cárcel Colina I de integrantes de la organización criminal transnacional de origen dominicano, conocida como “Los Trinitarios”.
A pesar de los pocos detalles que se han hecho públicos, de confirmarse, estaríamos ante otro intento de fuga mediante el uso de explosivos en Chile, algo que, como han señalado algunos funcionarios de Gendarmería, es solo cuestión de tiempo para que una acción de este tipo se concrete.
Un indicador del nivel de sofisticación y peligrosidad de la criminalidad es el uso de armamentos no comunes, como fusiles de guerra o explosivos. Es precisamente la criminalidad transnacional la que tiende a utilizar estos recursos: el Tren de Aragua, por ejemplo, se caracteriza por el uso de granadas (recordemos que ya atacó con ellas a una patrulla de Carabineros en el centro de Santiago). En Ecuador, la delincuencia común ha comenzado a emplear explosivos, incluso con conocimientos de fabricación artesanal para cumplir amenazas extorsivas, agravando la crisis de seguridad en ese país.
Esta dimensión de métodos de violencia criminal, vinculada a organizaciones internacionales, representa uno de los mayores desafíos que enfrenta el Estado chileno y la estabilidad democrática del país. Las crisis de seguridad en países vecinos demuestran que el crimen organizado transnacional juega un papel crucial en la aceleración y magnitud de estas crisis con las cárceles sometidas a gobernanza criminal como motor de su desarrollo y consolidación.
¿Dónde estamos?
El investigador Mauricio Salgado, del Centro de Estudios Públicos (CEP), publicó su estudio “Un sistema desbordado: radiografía al sistema penitenciario”, en el cual se demuestra empíricamente que el sistema carcelario chileno está al borde del colapso. En solo 10 años, la población penal en régimen cerrado aumentó en más de 16 mil personas, pasando de 43.158 reos en 2013 a 59.576
al 30 de junio de 2024. Este crecimiento se ha vuelto especialmente pronunciado en los últimos cuatro años. Además, la población penal extranjera ha registrado un crecimiento explosivo: en 2013 había 1.640 privados de libertad extranjeros, mientras que en 2024 se contabilizan 8.481.
El aumento de la población penal se debe principalmente al incremento constante de la prisión preventiva y a la existencia de condenas más largas, pero también a un patrón delictivo que se caracteriza por un aumento en los delitos más violentos, que evidencian un escalofriante desprecio por la vida.
La gobernanza criminal intrapenitenciaria requiere varios factores concurrentes: corrupción, hacinamiento, mala segmentación y clasificación criminal, pero sobre todo, la existencia de estructuras criminales organizadas capaces de mantenerse activas tanto dentro como fuera de los recintos penitenciarios, ejerciendo control territorial y de mercados ilícitos de manera coordinada.
Las cárceles controladas monopólicamente por una estructura criminal puede convertir al “centro de castigo y control del Estado” en un motor para la “economía criminal diversificada”, mucho más rentable que el mundo exterior.
Estas economías incluyen actividades como extorsión a privados de libertad no asociados o a sus familias por protección, venta de drogas, suministro de tecnología y alimentos, lavado de activos, estafas, extorsiones telefónicas, etc. convirtiéndolas en centros de mando y control para operaciones criminales que incluyen el tráfico de drogas. Dentro de las cárceles, una dosis de droga puede costar entre 3 y 10 veces más que en libertad, lo mismo ocurre con teléfonos, cargadores y otros bienes.
El geógrafo y escritor estadounidense Jared Diamond ha estudiado las crisis nacionales (incluyendo a Chile como caso de estudio) a través de una matriz de análisis basada en doce factores que inciden en su desenlace, los cuales se derivan de factores presentes en crisis personales.
Uno de los más relevantes, y aplicable a la crisis de seguridad que enfrentamos, que considera al sistema penitenciario como una variable clave, es la necesidad de realizar una autoevaluación honesta. Para ello, es necesario alcanzar cierto consenso nacional ya que sin un diagnóstico común, no habrá una estrategia conjunta del Estado contra su principal amenaza actual: el crimen organizado transnacional.
Este problema no puede dilatarse en el tiempo, ya que el sistema carcelario se encuentra al borde del colapso, y la experiencia de otros países demuestra tres cosas: 1)La presencia del crimen organizado transnacional se constituye en un factor preponderante en la crisis de seguridad; 2) La centralidad de las cárceles en el desencadenamiento de la crisis; 3) La rapidez con que la situación empeora y se generaliza, como sucede en Ecuador.
La crisis de seguridad actual opera como telón de fondo de otros elementos de crisis todavía latentes en nuestra sociedad, que pueden convertirse en el caldo de cultivo perfecto para las promesas demagógicas, el populismo autoritario o posibles escenarios de desestabilización futura.
Esta urgencia debe ser tomada en cuenta por nuestra clase política, especialmente en este período, que abarca desde las elecciones de octubre hasta las futuras elecciones presidenciales de 2025. Es de esperar que nuestros representantes estén a la altura del desafío. Lo que está en juego es demasiado importante.
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