La absolución del ex teniente de Carabineros Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica volvió a exponer con crudeza una fractura que atraviesa a la sociedad chilena y que, lejos de haberse disipado con el paso del tiempo, sigue operando como una profunda fisura sociopolítica. La encuesta del Panel Ciudadano UDD, en su más reciente edición, lo confirma con nitidez: más que una discusión jurídica, el fallo reactivó una disputa de sentido sobre el orden, la democracia, la autoridad y la violencia.
Los datos no dejan de impactar. Un 55% de los encuestados por el estudio respalda el veredicto que absolvió de los cargos al ex teniente Crespo. Lo interesante es que esta cifra refleja que, en la evaluación ciudadana del caso, no se pondera únicamente la tragedia personal de Gustavo Gatica, cuya pérdida de visión conmocionó al país, sino algo más profundo: la tensión entre el respaldo a las fuerzas de orden como depositarias del uso legítimo de la fuerza y la validación de una narrativa que justifica -o relativiza- la violencia en nombre de la protesta.
Contraria a la tesis que abrazó el Presidente y la izquierda, a la luz de los datos, la mayoría ciudadana no se está dejando llevar por meras emociones.
Para la opinión pública, Crespo y Gatica dejan de ser únicamente individuos involucrados en un proceso judicial para transformarse en emblemas de dos verdaderos imaginarios políticos antagónicos.
Gatica encarna el relato del octubrismo: el estallido social entendido como una gesta moral, donde el Estado aparece estructuralmente como victimario y las fuerzas policiales como agentes de represión ilegítima. Crespo, en cambio, se convierte en símbolo del anti-octubrismo: la reivindicación del orden público, de la autoridad y de la necesidad de preservar el monopolio estatal de la fuerza frente a la violencia política y callejera, bajo la forma de subversión de un orden establecido.
Pero lo que resulta aún más interesante de la encuesta es la segmentación entre votantes obligados y habituales. El mayor respaldo a la absolución de Crespo -de un 68%- entre los votantes obligados sugiere que se trata de una ciudadanía más pragmática, que le otorga un valor aún más alto a la seguridad y el orden. Para este grupo, el anhelo de estabilidad y respeto a la autoridad se impone incluso frente a desenlaces emotivamente trágicos como el de Gatica.
Por contraste, el rechazo mayoritario a la absolución de Crespo, con un 54% entre los votantes habituales, revela un electorado más ideológico y probablemente con mayor presencia relativa de la izquierda dura. Allí el caso se lee menos como un problema de orden público y más como una confirmación de un Estado que, desde esta narrativa, nunca ha rendido cuentas por los presuntos excesos cometidos durante el estallido.
La divergencia no es menor y se extiende a otros ámbitos derivados del caso. Mientras para los votantes obligados la absolución fortalece la confianza en la justicia, para los habituales ocurre exactamente lo contrario.
Se trata, en definitiva, de dos diagnósticos incompatibles sobre una misma institucionalidad, lo que revela hasta qué punto octubre de 2019 sigue operando como un punto de quiebre irreconciliable entre dos mundos. Mientras ambos imaginarios continúen dialogando solo a través de símbolos antagónicos y no de acuerdos mínimos sobre el uso de la fuerza, la justicia y el orden, la fractura persistirá.
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