El pleno de la Convención aprobó la creación del Consejo de Justicia, que nombrará a los jueces, quitando atribuciones que actualmente tiene la Suprema. En paralelo, rechazó las propuestas que entregaban poder de veto a las comunidades en la determinación de los límites de la justicia indígena.
El Consejo de Justicia: La Convención despachó este martes al borrador constitucional la creación del Consejo de Justicia, entidad que concentrará atribuciones que actualmente tiene la Corte Suprema.
- “El Consejo de la Justicia es un órgano autónomo, técnico, paritario y plurinacional, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es fortalecer la independencia judicial. Está encargado del nombramiento, gobierno, gestión, formación y disciplina en el Sistema Nacional de Justicia. En el ejercicio de sus atribuciones debe considerar el principio de no discriminación, la inclusión, paridad de género, equidad territorial y plurinacionalidad”, dice el texto aprobado por 113 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones.
- La aprobación, para algunos, implicó una derrota parcial para la Suprema, ya que volverá a la comisión la indicación referida a la integración del Consejo de Justicia, que tendrá entre sus funciones el nombramiento de jueces.
- La propuesta contemplaba que, de sus 17 miembros, 6 fueran juezas o jueces titulares elegidos por sus pares. El resto serían en 3 funcionarios del Sistema de Justicia, 6 nombrados por el Congreso (previa terna por concurso públicos) y 2 por los pueblos originarios.
- Esta propuesta era vista con preocupación desde el Poder Judicial. “Lo sustantivo que a nosotros nos preocupa es la composición”, dijo este martes la nueva vocera, Ángela Vivanco, previo a la votación, quien recalcó que la instancia debiera ser encabezada por el Presidente de la Corte Suprema. “Y no dejar estas atribuciones tan abiertas que podrían calificarse a los jueces de acuerdo a sus fallos, cosa que no es adecuada porque obviamente podría afectar la independencia judicial”.
- La indicación fue rechazada en cada una de sus partes, por lo que volverá a la comisión. En la parte referida al número de jueces, se rechazó con 99 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones. Los rechazos provinieron del Colectivo del Apruebo, del Colectivo Socialista y de Independientes por una Nueva Constitución. El PC votó a favor, al igual que el FA, salvo Fernando Atria, que se abstuvo.
- Salvo el nombramiento de jueces, el resto de las atribuciones del Consejo de Justicia (tales como adoptar medidas disciplinarias para jueces, evaluarlos y efectuar una revisión de todos los tribunales) volverá también a ser revisado por la comisión.
- Actualmente, los ministros de la Suprema son designados por el Presidente de la República, eligiéndolos de una nómina de 5 personas que propone la Corte y con acuerdo de 2/3 de los senadores en ejercicio. Si la Cámara Alta no aprueba la propuesta del Mandatario, el máximo tribunal debe completar la quina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento.
- Si bien no se aprobó por los 2/3 la integración del Consejo de Justicia, algunos influyentes abogados, como Jorge Correa Sutil, han señalado que la posible incorporación del Congreso al proceso de designación podría politizar la designación de jueces.
Sistemas de Justicia: En forma paralela, la votación de este martes sobre la justicia indígena dejó al descubierto otro de los nudos en la Convención, luego de que el viernes el pleno devolviera a comisión las normas relativas al Congreso, por carecer de acuerdos mayoritarios sobre la materia.
- La votación del pleno buscaba delinear los alcances de la justicia indígena, cuyo marco fue despachado al texto constitucional el 2 de marzo. Esa jornada se aprobó un artículo que establecía que el Estado reconocerá los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, los que coexistirán “coordinados en un plano de igualdad” con el Sistema Nacional de Justicia.
- Las propuestas votadas este martes abarcaban 3 ámbitos: Si los pueblos originarios tendrían poder de veto al fijar las coordinaciones entre ambas jurisdicciones; si la Corte Suprema podría revisar los fallos de esa justicia, y si se privilegiaría la aplicación de penas distintas de la cárcel cuando los condenados fueran indígenas. Chile Vamos acusó que esta última iniciativa atentaba contra la igualdad ante la ley.
- Los 3 artículos fueron rechazados en particular y la propuesta de que el Estado requeriría del “consentimiento” de los pueblos originarios para establecer los mecanismos de coordinación entre ambas justicias ni siquiera alcanzó mayoría simple (78 votos), por lo que quedó excluida del debate constitucional. Las otras fueron devueltas a la comisión de Sistemas de Justicia.
La coalición de Boric. Este rechazo dejó al descubierto 2 posturas frente al problema: Una proponía limitar el radio de acción de la justicia indígena y mantener la supervisión de la Suprema. Esto fue respaldado por la derecha y los colectivos de izquierda, incluidos el FA y el PS, que votaron mayoritariamente en contra de las propuestas. Desde el PS plantearon que las tensiones en La Araucanía, marcadas por el fallido ingreso de la ministra del Interior, Izkia Siches, a la comunidad de Temucuicui en Ercilla el martes 15, pusieron presión en el debate.
- Desde el PC explicaron que su partido fue parte del acuerdo con la izquierda, pero que votaron a favor por un tema táctico: para evitar que las normas obtuvieran menos de la mayoría simple, lo que implicaba dejarlas fuera del borrador constitucional.
- Otra visión, proveniente de convencionales de escaños reservados y de la Coordinadora Plurinacional, buscaba imponer que cualquier límite a la justicia indígena fuera consultado antes con los pueblos originarios.
- La comisión de Sistemas de Justicia deberá, en los próximos 15 días, debatir sobre cuáles son los límites que la justicia indígena debiera establecer, en su próxima propuesta al pleno.
Las definiciones del debate: La deliberación de la votación de este martes ocurrió el jueves pasado en el ex Congreso, en una semana marcada políticamente por el fallido ingreso de la ministra Siches a la comunidad de Temucuicui en Ercilla. La caravana en que se desplazaba el martes 15 encontró un auto quemado en la ruta Quechereguas. Al detenerse, escucharon disparos, los que no impactaron los vehículos, dijo la fiscalía.
- “El articulado viene con letra chica”, dijo entonces el convencional Luis Mayol (RN), exintendente de La Araucanía. “Un buen ejemplo es lo que le ocurrió a la ministra del Interior días pasados, toda mi solidaridad para ella, en la comunidad de Temucuicui (…). De haber estado vigente la justicia indígena, y de haberse identificado algunos participantes de los hechos, sería confuso responder a la pregunta sobre a qué justicia someteríamos a los responsables de tal atentado”.
- “Eso (el corte de ruta y los disparos al aire) no tienen nada que ver con la aplicación de este sistema de justicia. Eso tiene que ver con una situación de conflicto en la zona”, dijo a Ex-Ante el convencional mapuche Adolfo Millabur, articulador con Rosa Catrileo de uno de los 2 colectivos en que se reparten los 17 convencionales de escaños reservados. “El sistema de justicia indígena tiene que ver con otras cosas, no con los delitos de esa naturaleza. En general, no tiene que ver con delitos penales”.
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