De un tiempo a esta parte, más específicamente desde que las primeras normas comenzaron a votarse en el pleno de la Convención Constitucional (CC), el gobierno nos ha hecho ver dos cuestiones complementarias: por un lado, que las críticas al contenido constitucional provendrían de un “coro catastrofista” liderado por quienes nunca habrían creído en el proceso constituyente. Por otro, que la importancia de contar con un nuevo pacto constitucional sería razón suficiente para aprobar sí o sí lo que salga de la CC.
Respecto a lo primero, el ministro Jackson sostuvo que las opiniones contrarias a las normas aprobadas deben ser consideradas y combatidas como si se tratara de “fake news” (sic). En relación a lo segundo, fue el propio presidente Boric quien señaló que “cualquier resultado será mejor que una Constitución escrita por cuatro generales”.
¿Son correctas ambas afirmaciones? Me temo que no, y ello por varias razones. Por de pronto, los voceros del FA, el PC, los escaños reservados y los eco-constituyentes insisten que el “Apruebo” en el plebiscito de entrada se trató de un voto únicamente de “izquierda” y que, precisamente por eso, los convencionales tendrían carta blanca para deconstruir las bases políticas y económicas del país.
Esta visión es, sin embargo, voluntarista y empíricamente errada: no hay que confundir el deseo de cambiar la Constitución vigente (que es sin duda mayoritario) con la pulsión refundacional. Salvo, claro, que esas agrupaciones crean que los resultados electorales de fines de 2021 son poco más que una anomalía o una mera piedra en el camino de la “transformación” de Chile.
Que el gobierno esté convencido de que en el plebiscito de entrada no hubo votos de “derecha” denota ingenuidad, por supuesto, pero sobre todo arrogancia. Una arrogancia que comienza a hacerse cada vez más recurrente, tal como quedó de manifiesto en la frase de Boric y en las desacertadas declaraciones de la ministra del Interior en cuanto a que al Ejecutivo “no le correspondería ser neutral” en el referéndum de septiembre. ¿Qué significa no ser neutral? ¿Informar sobre el contenido de la Convención? ¿Utilizar recursos públicos para defender una norma determinada?
Como no es del todo claro qué es lo que quiso decir Siches, sólo queda señalar que hay un mundo de diferencia entre informar objetivamente (es decir, “ser neutral”) y plantear, como lo hizo la ministra a continuación, que “hay muchos elementos en la Convención que están dentro de nuestro programa” (es decir, “no ser neutral”).
Esta última es, en todo caso, una confusión conceptual que trasciende al círculo de Boric, ya que hay muchos convencionales que parecen estar escribiendo un programa de gobierno más que una Constitución. Se ha dicho hasta el cansancio, pero vale la pena repetirlo: los textos constitucionales son el rayado de cancha a partir del cual se ordena el Estado, los poderes se equilibran y a la ciudadanía se le garantizan (política y fiscalmente) ciertos derechos y libertades. No obstante, entre los colectivos de la CC abunda la idea de que mientras más larga y detallada sea la Constitución, más y mejores serán nuestros derechos, sueños y esperanzas. Como si la política contingente no importara y todo pudiera arreglarse con un listado de normas.
No, las constituciones no son programas de gobierno. Son, por el contrario, pactos generales e intergeneracionales en los cuales todas las fuerzas democráticas deben sentirse representadas, incluso aquellas que ahora les toca ser oposición. De ahí que no sea correcto decir que cualquier texto será mejor que el vigente; de ahí que haya que tomarse en serio las críticas que han surgido desde fuera de la CC, sin denostarlas con frases e ironías al voleo; de ahí, en fin, la necesidad de que los convencionales y el gobierno entiendan de una buena vez que el país es de todos, no de unos pocos iluminados con ínfulas de grandeza. El “coro” podrá ser “catastrofista”, pero más vale pecar de precavidos que de ingenuos y arrogantes.
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