Lamentablemente, la situación de este vetusto Consejo es más patética de lo que describí en mi columna anterior, en la cual señalé la presencia del “cartel de los arqueólogos”, los otros entes que “cobran por la pasada” (como por ejemplo las “etnias brujas”), la errónea composición de su Consejo, la total ausencia de contraposición de intereses entre los “ólogos” que forman su Consejo y los dueños de los proyectos y obras, y los múltiples atrasos y decisiones erróneas de esta sagrada institución. La dificultad es de orden legislativo, y por ello me atrevo a escribirle al Presidente Boric.
Sr. Presidente: hace más de un año usted se comprometió ante la nación a resolver los graves problemas que la excesiva “permisología” le representa al desarrollo nacional. Entonces, me permito con todo respeto solicitarle una explicación: ¿por qué usted aceptó firmar el 15 de octubre de 2024 un proyecto de INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, en el que todo cambia para que nada cambie? Me quiero dar como explicación que ni usted ni el ministro Marcel – que también lo firmó – tuvieron mucho tiempo para enterarse de los detalles, y que hicieron fe en que los – también cofirmantes – Ministros de Economía y de Culturas hicieron bien su pega. No la hicieron bien, Presidente.
Con todo respeto, le cuento que el gatopardesco proyecto es pura fanfarria, para que todo cambie sin que nada cambie. El problema principal del Consejo de Monumentos Nacionales era… la composición del Consejo, formado por arqueólogos, paleontólogos y otros “ólogos” que no tienen ni la más mínima conciencia del daño que le causan al país con cada uno de sus erróneos dictámenes, ni con las pasmosas tardanzas del Servicio a su cargo. Pues bien, dele una mirada al referido proyecto, para que constate que… sigue formado por puros “ólogos”, sin ninguna representación de entes gremiales como podría ser la CNPC o la Asociación de Concesionarios, simplemente para que se discuta con altura de miras y una real contraposición de intereses y opiniones sobre cada caso en el seno del mismo.
En segundo lugar, otro error esencial, el proyecto no define con claridad la necesaria figura del Silencio Administrativo, que obligue al Servicio o a cualquiera de sus unidades a pronunciarse transcurrido un cierto plazo, dándose por aprobado su dictamen o instrucción si se atrasara.
Más en general, señor Presidente, no hay absolutamente nada en este proyecto de ley, que le asegure al país que contaremos con una protección al patrimonio o al medio ambiente que sea sensata y expedita, siendo hoy insensata y lenta.
Un paliativo muy importante para este grave problema.
Hay un mensaje en esta columna que no se dirige únicamente al señor Presidente, sino tambien a los cientos y miles de inversionistas grandes y pequeños, constructores y empresas concesionarias que sufren esta tortura en carne propia y a diario. Hay una solución que está a su alcance dentro del marco jurídico actual, que generalmente no se usa por vulgar desconocimiento, y que no se aplica únicamente a la permisología de este Consejo, sino a todo el sistema de evaluación ambiental y a los permisos sectoriales, pletóricos de insensateces. Un ejemplo reciente de insensatez, para reirse y llorar a la vez: recientemente, un informe de impacto ambiental del SEA advirtió que “el Mall Cencosud no emplea un enfoque de género en las entrevistas para caracterizar el Área de Influencia del Medio Humano”. Sin comentarios.
El problema más de fondo estriba en que hay cientos o tal vez miles de funcionarios y directivos a cargo de los cerca de 450 permisos sectoriales o ambientales que estan trabando las cosas. Para ellos, rechazar o postergar no tiene costo personal, en cambio aprobar los hace correr el riesgo de que se les venga encima Greenpeace o similares, y los crucifiquen en los medios o mediante judicializaciones, con las que por cierto amenazan con gran pachorra.
Los incentivos reales y conductuales están todos puestos para el atraso o el rechazo en nuestra temible burocracia, muchos de cuyos funcionarios – seamos sinceros – tampoco tienen gran simpatía por el sector privado, y darles una “apretadita” les resulta placentero. En cambio, los “ambientalistas extremistas” (también hay ambientalismo sensato) están muy bien armados y posicionados para trabar lo que gusten, y queda el campo libre para que además “cobren en la pasada” diversos municipios, empresas de arqueólogos, etnias falsas (p.ej. changos de apellidos castizamente españoles) y otros grupos de interés que estan auténticamente profitando gracias a la permisología.
La solución está en… aumentar el costo personal de los rechazos o tardanzas arbitrarias. No me refiero al costo económico, sino al personal e institucional. Lo que está hoy mismo al alcance de los solicitantes – y que no suelen utilizar – es “acusetearlos” a la Contraloría General de la República, que tiene dientes y muelas, y que perfectamente puede ordenar sumarios administrativos frente a acciones funcionarias negligentes y arbitrarias, o tardanzas insensatas.
Presidente, instruya usted, con respecto se lo pido, a sus ministros de Economía, Ambiente y Cultura para que pongan en todos los permisológicos proyectos de ley una figura jurídica obvia, que por lo demas significa meramente refrendar una situación perfectamente posible hoy: “en cualquier etapa de los procesos de permisos o autorizaciones de cualquier índole, los solicitantes podrán recurrir a la Contraloría General de la República si cuentan con evidencias claras de actuaciones arbitrarias o de excesivo retraso, y la Contraloría se pronunciará al respecto en un plazo inferior a treinta días”. Le prometo que con sólo eso no más, usted aumentará la tasa de crecimiento del PIB en un buen porcentaje, y todos los chilenos lo aplaudiremos.
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