Junio 29, 2024

Congelar las tarifas eléctricas: el remedio fue peor que la enfermedad. Por Gonzalo Escobar

Académico Facultad de Economía y Negocios, Universidad Andrés Bello
Crédito: Agencia Uno.

En su momento fue celebrado el congelamiento en las tarifas eléctricas para los clientes regulados, dada una coyuntura específica, pero ciertamente, y como tantas veces observamos en las decisiones de políticas públicas, el remedio fue peor que la enfermedad porque el costo lo terminan pagando los mismos de siempre.


Durante junio, se anunció un importante aumento en las tarifas eléctricas a los clientes regulados, un tema que ha generado debate en todos los grupos de interés, puesto que golpeará el bolsillo tanto de los hogares como de los pequeños y medianos productores que son considerados clientes regulados. Este incremento, que no es otra cosa que sincerar los verdaderos precios de la electricidad tras el congelamiento que partió a fines de 2019, se debe a una combinación de factores internos y externos que han dado como resultado que la luz empiece a subir desde julio.

Lo primero que hay que recordar es que el mecanismo para congelar los precios de la electricidad partió a fines de 2019, cuando el gobierno de Piñera, en medio del estallido social, se vio obligado a aplicarlo para disminuir la creciente exaltación de los ánimos o, dicho de otro modo, contener un problema que se haría inabarcable.

Luego, sobrevino la pandemia y fue necesario mantener el mecanismo de manera de evitar, en un complejo momento económico, el traspaso de los saldos acumulados a las cuentas finales de los clientes.

No obstante, se hace necesario retroceder aún más en el tiempo para entender el origen del problema actual, el que ciertamente se ha disfrazado hasta el día de hoy con el proceso de congelar los precios. Para ello hay que tener en cuenta que los contratos de suministro eléctrico, que están vigentes en estos momentos, fueron licitados a fines del año 2013 y principios de 2014, los que entraron en vigor entre el año 2016 y 2019. Estos contratos terminan su vigencia en 2033. Ese factor es muy importante, pues, como todo contrato de un sector regulado, considera un mecanismo de indexación, es decir, un componente de ajuste en los precios para cubrir los efectos, por ejemplo, de la inflación en las tarifas eléctricas.

Este proceso de indexación es lo que ha generado el problema del fuerte incremento en las tarifas, pues está construido por una serie de precios internacionales de combustibles (diésel, gas natural, entre otros), como la inflación en Estados Unidos y el tipo de cambio. Si se revisa el precio de estas variables en el momento de la licitación, a finales del tercer trimestre del año 2019, distan muchos de los valores actuales. Basta solo ver el incremento en el precio en los mercados internacionales del gas natural como consecuencia del conflicto entre Ucrania y Rusia.

Teniendo claro los hechos que desencadenan el actual escenario, se hace necesario transparentar las tarifas eléctricas a los clientes regulados, asumiendo las consecuencias de este incremento en varios grupos de consumidores.

El primer grupo afectado serán las familias, pues el aumento de las tarifas como clientes regulados es un mayor gasto mensual. Este impacto es particularmente severo en los hogares de ingresos bajos y medios, que destinan una mayor proporción de sus ingresos a servicios básicos. La consecuencia de esto será una mayor presión financiera y un aumento en el costo de vida, generando descontento y preocupación entre la población.

Un segundo grupo afectado son los pequeños y medianos productores, especialmente aquellos con altos consumos energéticos, quienes también sentirán el impacto de las tarifas más altas. Los costos adicionales de energía pueden reducir la competitividad de estas empresas. Esto se puede traducir en una disminución en sus inversiones y, en algunos casos, posiblemente en una disminución en la creación de empleo e incluso la destrucción de puestos de trabajo.

Desde luego, ambos grupos se verán afectados directamente por una mayor inflación, ya que los costos adicionales que enfrentarán las pequeñas y medianas empresas se trasladarán a los precios de bienes y servicios finales. Esto golpea a la economía en general, pues encarece los productos esenciales y reduce el poder adquisitivo de los consumidores. También podríamos ver que el Banco Central retrase la reducción de tasas lo que ralentiza aún más el ritmo de la actividad económica.

En su momento fue celebrado el congelamiento en las tarifas eléctricas para los clientes regulados, dada una coyuntura específica, pero ciertamente, y como tantas veces observamos en las decisiones de políticas públicas, el remedio fue peor que la enfermedad porque el costo lo terminan pagando los mismos de siempre.

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