El 10 de octubre, el prosecretario (s) de la Cámara de Diputados, Juan Pablo Galleguillos, recibió una carta de 5 páginas suscrita por los rectores del Consorcio de Universidades Estatales (Cuech).
Era la respuesta al oficio enviado el 1 de septiembre por 12 diputados de la bancada de Republicanos, pidiéndoles informar sobre sus actividades y gastos por el quincuagésimo aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre. Entre los firmantes del oficio estaban Benjamín Moreno, Chiara Barchiesi y Cristián Araya.
Las actividades del Cuech habían sido lanzadas el 2 de agosto, con el lema “Memoria, Democracia, Educación y Futuro”, en una ceremonia realizada en la Universidad de Santiago, donde participó el Presidente Gabriel Boric.
“Si no fuera por los que cayeron y resistieron, nosotros, en particular me atrevo a hablar por nuestra generación, no estaríamos aquí. Y tenemos, más que una deuda, un compromiso permanente, porque guardamos los mismos principios. Defendemos convicciones que se unen en esa historia que pretendieron destruir”, dijo el mandatario en su intervención.
En la carta de 3 puntos, los rectores respondieron que “el ordenamiento jurídico nacional reconoce y ampara la autonomía de las diversas instituciones que conforman el sistema de Educación Superior, permitiéndoles gestionar su proceder de acuerdo con sus fines propios; dando, adicionalmente, un especial reconocimiento a las Universidades del Estado de Chile, a las que encomienda funciones diferenciadoras que dirigen y circunscriben su actuar”.
“En consecuencia y en uso de nuestra autonomía académica, administrativa y financiera, las Universidades del Estado hemos realizado diversas actividades destinadas a reflexionar en torno al quiebre democrático acontecido el 11 de septiembre de 1973, sus consecuencias y, particularmente, en los impactos al sistema de Educación Superior”.
“Consideramos que el proceder de nuestras instituciones en el desarrollo de las referidas actividades conmemorativas no ha transgredido ni la ley ni sus estatutos, y que ellas han actuado legítimamente para cumplir con su misión y función, mediante un uso racional y eficiente de los recursos que disponen”.
“Asimismo, la información asociada a dichas actividades se encuentra disponible en los distintos portales web de transparencia de las Universidades, dando cumplimiento con ello a la ley”.
“Quisiéramos enfatizar que, si bien, valoramos el rol de fiscalización que ejerce la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados, esta función debe circunscribirse a la potencial transgresión de normas legales, pero en un Estado democrático y considerando la autonomía que nos es ampliamente reconocida, tal análisis no debe incidir en el mérito de las acciones realizadas por las Universidades, como creemos que ocurre en la especie”.
La carta llevaba 18 firmas, incluyendo las de los directores del Cuech Osvaldo Corrales, de la U. de Valparaíso; Óscar Garrido, de la U. de Los Lagos; Marisol Durán, de la Universidad Tecnológica Metropolitana; Rosa Devés, de la U. de Chile, y Alberto Martínez, de la U. Arturo Prat.
Lea la carta de los rectores:
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