La industria de la construcción es, por naturaleza, un terreno fértil para el conflicto. La evidencia es contundente: tanto la Cámara Chilena de la Construcción como el Centro de Arbitraje y Mediación han constatado que uno de cada tres contratos de construcción en Chile presenta problemas que terminan en controversias y litigios. En el ámbito de las concesiones de obras públicas, esta conflictividad se ha ido acrecentando aún más.
En primer lugar, se debe a un diseño institucional inadecuado ante la creciente complejidad de proyectos, como ocurre con los hospitales, teleféricos, cárceles o plantas desaladoras. Lo que fue diseñado principalmente pensando en autopistas, no ha permitido la flexibilidad necesaria de contratos en los que participan diversos actores y por los que se entregan múltiples servicios.
En segundo lugar, la vía administrativa se ha vuelto inútil, incluso para suspender instrucciones a todas luces cuestionables. Existe una tendencia preocupante en la Administración a “patear” los temas complejos hacia instancias contenciosas, ya sea por desidia, falta de capacidades o temor al uso de la discrecionalidad que la ley otorga a los funcionarios públicos. Lo anterior fuerza a que la mayoría de las discrepancias terminen en el Panel Técnico de Concesiones, para pasar luego a la Comisión Arbitral o la Corte de Apelaciones, y eventualmente por cortes diversas ante la presentación de recursos judiciales.
El diagnóstico es claro: el actual sistema de resolución de controversias no está resolviendo a tiempo y suele ser muy costoso para las partes.
Este escenario socava la cooperación necesaria entre el MOP y los concesionarios, impactando la productividad y, lo que es más grave, aumentando la percepción de riesgo del sistema concesional chileno. Esto obliga a repensar el actual diseño de resolución controversias, especialmente en su etapa más temprana.
Aunque la Ley 20.410 de 2010 intentó modernizar el sistema de resolución de controversias, los cambios introducidos no han permitido una intervención verdaderamente temprana en los proyectos cuando se producen diferencias, particularmente en el caso del Panel Técnico de Concesiones. Ocurre que su conformación y funcionamiento es lejana a los proyectos; su intervención es reactiva y formalista (opera previa solicitud de las partes) y sus recomendaciones no son vinculantes, todo lo cual convierte muchas veces esta instancia en un mero requisito procesal para poder llegar al arbitraje.
La experiencia internacional enseña que en este ámbito el éxito radica en la prevención temprana, no en la reacción. Por ello, necesitamos avanzar hacia un modelo institucional con actores permanentes en las obras y que trabajen por solucionar las diferencias desde un inicio del contrato. Del mismo modo, es menester generar instancias de mediación entre las partes a puertas cerradas –evitando el escrutinio público prematuro que polariza posiciones— y, solo en caso de no prosperar, recurrir a la audiencia pública y la recomendación por parte del Panel.
Si queremos recuperar el dinamismo de nuestra infraestructura pública, no basta con licitar más obras; debemos rediseñar la forma en que gestionamos sus inevitables conflictos. Transformar el conflicto en colaboración no es solo un ideal ético, es una necesidad económica urgente.
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Advertencias ignoradas. Por Juan Jose Obach.https://t.co/NofpGJTcHm
— Ex-Ante (@exantecl) February 19, 2026
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