¿Cómo perciben los jóvenes la corrupción? Por María Jaraquemada

Directora Ejecutiva de Chile Transparente
Ilustración de Más Información + Derechos.

Si bien la Constitución no es una varita mágica, sin duda que hay avances que podemos hacer para que la percepción interna sobre la corrupción se empiece a acercar más a la externa -donde Chile muestra cifras más cercanas a países desarrollados y OCDE- y en esto el diseño institucional es clave para que quienes están llamados a gobernar el día de mañana, sientan que sus instituciones velan por el interés general y no por sus intereses personales.


¿Cómo perciben las personas jóvenes la corrupción en nuestro país? Junto al Instituto Nacional de la Juventud y Chile Transparente quisimos responder a estas preguntas y entender qué es la corrupción para las personas que van entre los 18 y 29 años en nuestro país a través de un sondeo y focus groups realizados en todo el país.

Algunas respuestas van muy en línea con otras encuestas y estudios, como una alta percepción de corrupción -un 85,4% de las personas sondeadas cree que los niveles de corrupción son “altos” o “muy altos”- y este concepto se asocia con términos como “deshonesto”, “delito”, “abuso” o “robar”. A su vez, tienden a relacionar la corrupción con la política y las instituciones públicas, así nuestras principales instituciones públicas son consideradas como muy corruptas por un número importante: 87% a los municipios, 86% al Congreso, 80% a Carabineros, Fuerzas Armadas y el Poder Judicial. En cambio, los estudiantes, organizaciones vecinales y sindicatos, son considerados corruptos en una menor medida (26%, 29% y 42% respectivamente).

Sin duda, la visión personal es muy distinta a lo que las personas jóvenes esperan de sus liderazgos políticos y del resto de la sociedad. Un 70% se considera a sí mismo como muy poco corrupto a diferencia del 23% que cree que la gente en general es poco corrupta. Algo similar ocurre cuando se pregunta por actos que consideran o no corruptos: en general se asocia al favorecimiento de funcionarias/os a familiares o amistades para acceder a cargos u obtener beneficios, dar regalos o dineros para agilizar trámites, evadir impuestos, completar documentos con datos falsos o aceptar dinero o regalos por favores personales.

Sin embargo, otras conductas más propias de cometer por ciudadanos comunes y corrientes como quedarse con el vuelto de más, evadir el pago del transporte público, copiar en pruebas, conducir a exceso de velocidad, comprar productos falsificados, entre otras, no son percibidas como acciones corruptas por la gran mayoría de las personas.

Lo anterior es importante de destacar. Como muchos estudios han revelado, la corrupción tiene múltiples causas, entre ellas, el comportamiento y sanción social y cómo me autopercibo en mi entorno. Es decir, la ciudadanía espera mucho del Estado -y al mismo tiempo nada, dado que lo considera muy corrupto- pero no aplica el mismo estándar a conductas propias o más típicas de la vida social y en comunidad.

Tal como las mismas personas que participaron de los focus groups señalan, es clave en esto el rol de la educación en integridad y ética y en cómo prevenir la corrupción. Si bien los resultados se ven probablemente en un mayor plazo, la formación temprana en estos asuntos es clave para generar una ciudadanía más consciente de que la corrupción la podemos cometer cualquiera de nosotros, no solo aquellas que detentan un cargo público y cuáles son las formas de prevenirla y combatirla más eficazmente.

Esto debe ir de la mano de un importante fortalecimiento institucional y de señales claras en contra de la impunidad. Un 66% cree que en nuestro país no se castiga a quienes cometen actos de corrupción y tampoco tienen esperanza de que en los próximos cinco años la situación pueda mejorar (sólo un 13% lo cree). Por eso, será clave ciertos principios que se pueden establecer en el texto constitucional en elaboración para diseñar instituciones públicas más transparentes, participativas y que rindan cuentas, además de fortalecer el derecho de acceso a la información y el empleo público, junto con el deber tanto del Estado como de todas las personas de luchar contra la corrupción pública y privada y una adecuada coordinación del Estado.

Si bien la Constitución no es una varita mágica, sin duda que hay avances que podemos hacer para que la percepción interna sobre la corrupción se empiece a acercar más a la externa -donde Chile muestra cifras más cercanas a países desarrollados y OCDE- y en esto el diseño institucional es clave para que quienes están llamados a gobernar el día de mañana, sientan que sus instituciones velan por el interés general y no por sus intereses personales.

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