Mayo 26, 2021

Cómo la Lista del Pueblo reinstaló en la agenda el indulto a los presos del 18-O (y por qué el debate se congeló en el Senado)

Ex-ante
Agencia Uno.

Tras las elecciones del 15 y 16 de mayo, la cuarta fuerza de la Convención Constitucional -que surgió tras las protestas del 18-O- hizo suya la solicitud de otorgar un indulto general de los presos por delitos cometidos en el marco del estallido. El alcalde Jadue se sumó a la iniciativa, en el marco de su estrategia de sumar apoyos a la izquierda del PC y el PC, tras lo cual esta mañana hubo una manifestación en el frontis de La Moneda. A fines de 2019 se presentó en el Senado un proyecto similar, pero no prosperó por falta de piso político y el rechazo de la Fiscalía Nacional, la Defensoría Nacional y la Corte Suprema.

El afiche: El martes 25, una semana después de las elecciones, la Organización de Familiares y Amigos de Presos Políticos  tras el 18-O presentó un afiche en que decían: “Exigimos a los parlamentarios de las distintas bancadas que aprueben la Ley de Indulto General”.

  • La medida fue apoyada por representantes de la Lista del Pueblo, que surgió tras las protestas del 18-O y obtuvo 23 escaños en la convención constitucional, a los cuales se sumaron otros 4, convirtiéndose en la cuarta fuerza de la Convención Constitucional.
  • El apoyo de la Lista del Pueblo a lo que denominan los “presos de la revuelta” – detenidos e imputados por delitos, algunos de alta gravedad- se visibilizó apenas terminada la elección. Uno de sus fundadores, Mauricio Menéndez, presionó al Frente Amplio y el PC para sacar adelante un proyecto de ley de indulto. “No vamos a negociar con ningún partido hasta que todos nuestros compañeros y compañeras estén en libertad”, dijo.
  • También se llamó a una manifestación para este miércoles frente a La Moneda, a las 11am, a la que se contemplaba que asistieran algunos constituyentes electos de la Lista del Pueblo.

Jadue reactiva proyecto. La agenda para liberar a los presos por delitos asociados al estallido estaba congelada desde enero.

  • En esos días quedó en punto muerto un proyecto presentado en 2020 por parte de la entonces presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD) y su actual sucesora, Yasna Provoste (DC), además de Juan Ignacio Latorre (FA), Isabel Allende (PS), Alejandro Navarro (PRO).
  • Se trataba de un indulto general a todos los imputados por delitos de orden público en el marco del 18-O, desde el 7/10/2019 hasta la presentación del proyecto, el 9 de diciembre de 2020.
  • Pero la semana pasada, a partir del día siguiente del bochornoso intento por constituir un nuevo polo de izquierda y su reciente estrategia por estrechar lazos con la Lista del Pueblo y los sectores más a la izquierda del bloque FA-PC, Daniel Jadue terminó reviviendo la iniciativa la semana pasada.
  • El alcalde pidió libertad para los “prisioneros de la revuelta” encarcelados por “pensar distinto”, pese a que están procesados o acusados por delitos graves de orden público, como incendios.

El itinerario de esta jornada en el Senado. A fines del año pasado, el proyecto de los senadores había sufrido un fuerte revés en su itinerario: la Cámara Alta había acordado enviarlo a las comisiones de Constitución y de Seguridad, una vez que fuera despachada de la de DD.HH. Se trataba de una señal para dilatar su avance y así congelarlo.

  • Esta tarde la comisión de Seguridad aprobó la idea de legislar, pero sin pronunciarse en el debate en particular. Lo enviaron directo a la comisión de Constitución.
  • La iniciativa contempla los ilícitos de incendio, alteración al orden público, atentados contra la autoridad y daños.

Cómo naufragó el proyecto. El 16 de diciembre del año pasado, luego de las críticas generalizadas de senadores y poderes del Estado al proyecto, la senadora Allende -una de las firmantes- dio a conocer una declaración pública en que precisó que se buscaría acotar la iniciativa.

  • La intervención de la senadora fue leída entonces como una salida política para desmarcarse de un proyecto que difícilmente flotaría.
  • A esa altura, además del Gobierno, otros instituciones importantes que cuentan con especialistas en la materia, habían realizado severos reparos: la Corte Suprema, el Ministerio Público, el Defensor Nacional.

El informe de la Suprema: El 5 de enero, la vocera de la Suprema, Gloria Ana Chevesich, dijo que eran 26 los imputados que se encontraban en prisión preventiva por delitos asociados al 18-0, 17 de los cuales tenían condenas previas.

  • A este grupo se le imputaban 73 delitos, es decir, un promedio de 3 delitos por persona.
  • Un 58% de los imputados tenía asociado el delito de robo en lugar no habitado y un 27% el delito de incendio.
  • En todas las causas se habían realizado audiencias de revisión de medidas cautelares, en promedio, 3,4 veces.
  • Las personas habían estado un promedio de 318 días en prisión preventiva.
  • Entre los delitos analizados se encontraban desórdenes, interrupción de libre circulación, lanzamiento de objetos a la vía pública, robo en lugar no habitado, incendio, robo en ocasión de calamidad, entre otro
  • La cifra de la Suprema contravino a las reportadas por los impulsores del proyecto, que la situaron en cerca de 800 personas que cumplían prisión por delitos imputados en esa época.

Lo que se dijo. La vocera de la Suprema llamó entonces a “tener tranquilidad en que los jueces no fallan según la postura política de un imputado”.

  • El fiscal nacional Jorge Abbott agregó que el proyecto “normaliza la violencia”, y que “no existen personas hoy en prisión preventiva por alguna convicción política o haber participado simplemente en desórdenes”.
  • El ex Defensor Nacional Andrés Mahnke sostuvo que “los presos del estallido lo están por ilícitos y no una persecución política”.

Marcha atrás. El 25 de enero, las senadoras Muñoz, Allende y Provoste firmaron otra declaración, en la que admitían que a la iniciativa le quedaban “meses de estudio” y propusieron formar una mesa de trabajo. En los hechos, reconocían que el texto dormiría en el Senado ante su falta de apoyo, más allá de que para entonces se hubiera aprobado la idea de legislar en la comisión de DDHH de la Corporación.

  • Para entonces se divulgaron algunos casos que serían beneficiados con la ley, en caso de aprobarse. A continuación 2 de ellos.

1.Daniel Bustos fue formalizado por el Ministerio Público por la quema de la estación San Pablo, ocurrida el 19 de octubre de 2019.

  • La fiscalía sostuvo que el acusado arrojó un objeto portador de líquido acelerante a la estación, lo que provocó daños estimados en $20 mil millones.
  • Fue formalizado por el delito de incendio, tipificado en el artículo 475 número 2 del Código Penal. Se pidieron 12 años de presidio mayor en su grado medio.
  • Bustos permanece en prisión preventiva desde enero de 2020.

2.Gerardo Leal quien fue acusado de incendiar la Iglesia San Francisco de Borja el 3 de enero.

  • Se le imputó haber arrojado un líquido inflamable y acelerante a la estructura en una botella que prendió con un encendedor. Además habría rociado unos fardos de un pesebre con ese líquido y posteriormente los quemó también.
  • Los daños al edificio fueron avaluados en $70 millones.
  • Leal permanece en prisión preventiva desde el mismo 3 de enero.

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