Tras las elecciones del 15 y 16 de mayo, la cuarta fuerza de la Convención Constitucional -que surgió tras las protestas del 18-O- hizo suya la solicitud de otorgar un indulto general de los presos por delitos cometidos en el marco del estallido. El alcalde Jadue se sumó a la iniciativa, en el marco de su estrategia de sumar apoyos a la izquierda del PC y el PC, tras lo cual esta mañana hubo una manifestación en el frontis de La Moneda. A fines de 2019 se presentó en el Senado un proyecto similar, pero no prosperó por falta de piso político y el rechazo de la Fiscalía Nacional, la Defensoría Nacional y la Corte Suprema.
El afiche: El martes 25, una semana después de las elecciones, la Organización de Familiares y Amigos de Presos Políticos tras el 18-O presentó un afiche en que decían: “Exigimos a los parlamentarios de las distintas bancadas que aprueben la Ley de Indulto General”.
Jadue reactiva proyecto. La agenda para liberar a los presos por delitos asociados al estallido estaba congelada desde enero.
El itinerario de esta jornada en el Senado. A fines del año pasado, el proyecto de los senadores había sufrido un fuerte revés en su itinerario: la Cámara Alta había acordado enviarlo a las comisiones de Constitución y de Seguridad, una vez que fuera despachada de la de DD.HH. Se trataba de una señal para dilatar su avance y así congelarlo.
Cómo naufragó el proyecto. El 16 de diciembre del año pasado, luego de las críticas generalizadas de senadores y poderes del Estado al proyecto, la senadora Allende -una de las firmantes- dio a conocer una declaración pública en que precisó que se buscaría acotar la iniciativa.
El informe de la Suprema: El 5 de enero, la vocera de la Suprema, Gloria Ana Chevesich, dijo que eran 26 los imputados que se encontraban en prisión preventiva por delitos asociados al 18-0, 17 de los cuales tenían condenas previas.
Lo que se dijo. La vocera de la Suprema llamó entonces a “tener tranquilidad en que los jueces no fallan según la postura política de un imputado”.
Marcha atrás. El 25 de enero, las senadoras Muñoz, Allende y Provoste firmaron otra declaración, en la que admitían que a la iniciativa le quedaban “meses de estudio” y propusieron formar una mesa de trabajo. En los hechos, reconocían que el texto dormiría en el Senado ante su falta de apoyo, más allá de que para entonces se hubiera aprobado la idea de legislar en la comisión de DDHH de la Corporación.
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