Comisión Investigadora sobre rol del gobierno en seguridad: Críticas al rol del M. de Justicia, la ANI y Migraciones

Entre el lunes 19 y el martes 20 de diciembre los diputados miembros de la instancia revisarán los antecedentes y redactarán el informe que contendría un diagnóstico negativo del papel que han cumplido los organismos encargados del cumplimiento del resguardo de la seguridad pública. Aumento de la delincuencia, terrorismo, inmigración ilegal y crisis penitenciaria figurarían dentro del informe.

El papel encomendado a la Comisión. El 19 de julio, por mandato de la sala de la Cámara, se constituyó la Comisión Especial Investigadora sobre Funciones de resguardo de la Seguridad y Orden Público Interno y Persecución de la Delincuencia. El objetivo, según el acta de constitución, era: “Reunir antecedentes relativos a los actos de gobierno relacionados con el cumplimiento de las funciones de resguardo de la seguridad y el orden público interior; revisar la política de persecución y el uso de herramientas que la Constitución y las leyes entregan al Gobierno y particularmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y a las delegaciones presidenciales regionales y provinciales, en el combate a la delincuencia, el crimen organizado y el terrorismo”.

• Está integrada por la diputada Joanna Pérez (Indep. ex DC), quien la preside; y los diputados Jaime Araya (Indep. PPD); Félix Bugueño (FRSV); Gonzalo de la Carrera (Indep.); Marcos Ilabaca (PS); Henry Leal (UDI); Francesca Muñoz (RN); Francisco Pulgar (Indep.); Matías Ramírez (PC); Patricio Rosas (Indep. FA); Diego Schalper (RN); Flor Weisse (UDI); y Gael Yeomans (CS).
• Desde su creación, la comisión ha realizado 25 sesiones, sin contar las que vienen para la elaboración del informe, con una frecuencia de dos veces a la semana.
• Escucharon a 70 personas, autoridades representantes de entidades y ex autoridades que asistieron como invitados a las sesiones tanto en Valparaíso como en las dos regiones donde se constituyeron (Arica y Parinacota y Biobío).
• Una de las sesiones, desarrollada en Arica, duró 7 horas ante la cantidad de testimonios que decidió recibir.
• De acuerdo a los plazos para su trabajo, originalmente era de 90 días y debía culminar el 2 de noviembre pasado. Pero, se lo otorgó una prórroga hasta el 7 de diciembre.

Un duro diagnóstico. La presidenta de la Comisión, Joanna Pérez, confirmó que se convocó a la comisión para el lunes 19 y martes 20, a partir de las 08:30 horas, para realizar la revisión de las actas y la redacción del informe final. “Hemos hecho un trabajo muy profundo e integral, para llegar a las conclusiones que nos mandata la sala; creo que, históricamente, somos la comisión investigadora que más sesiones ha realizado. Ya cerrado el espacio de audiencias, agilizaremos el informe para que sea considerado en las decisiones del país en torno a la seguridad, que es nuestro principal objetivo”.

• Según lo que adelantaron algunos parlamentarios a Ex­-Ante, el diagnóstico es crítico para el Gobierno. Muchos testimonios recogidos entregaron versiones dramáticas de la realidad de lo que ocurre en distintos puntos del país.
• La sesión realizada en Arica permitió recoger antecedentes de la gravedad de la inmigración ilegal, la cantidad y violencia de los delitos con participación de extranjeros, y cómo este fenómeno se ha extendido a las regiones que conforman la macrozona norte (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama).
• En la sesión realizada en Concepción, también pudieron recoger testimonios de la creciente violencia y el aumento de los ataques terroristas en distintos puntos de la macrozona sur (La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos), donde actualmente hay estado de excepción.
• También hay una mala percepción de lo que ocurre en el sistema carcelario y algunos parlamentarios hablan derechamente de “una crisis penitenciaria”, que debe ser abordada por el Gobierno con urgencia.

Críticas a las autoridades. Una de las decisiones que deben adoptar los miembros de la comisión es si en la redacción van a personalizar responsabilidades. Por ejemplo, hay una evaluación negativa de la gestión de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, a quien se le atribuye un débil papel frente a los problemas internos que enfrenta Gendarmería respecto a su seguridad y por las amenazas que han recibido muchos de sus miembros por parte de grupos violentistas.

• La ministra, según señalan integrantes de la instancia, todavía no aclara la responsabilidad que tuvo el Ministerio de Justicia en el acuerdo de 8 puntos que firmó el 17 de agosto pasado el director regional de Gendarmería, coronel Juan Navarrete, y el lonco de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul, con beneficios para internos mapuches.
• También se advierte una falta de reacción ante los grupos organizados que operan desde el interior de los penales en el tráfico de drogas, en la guerrilla entre bandas rivales o acciones de sicariato.
• En el caso de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), hay una opinión crítica del rol que cumple la entidad y, sobre todo, por la negativa de su director, Luis Marcó, de asistir a las sesiones o responder a los oficios de fiscalización enviados por la Comisión.
• Otra autoridad cuestionada es el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, a quien ser responsabiliza de “desmantelar” el servicio de funcionarios de experiencia y colocar en su reemplazo a personas de su confianza, que no han sido capaces de afrontar con celeridad las obligaciones del organismo.