El presidente de la Corte Suprema envió este martes un oficio a la presidenta de Comisión Experta con el análisis realizado por la Comisión Constitucional del máximo tribunal a la primera propuesta del organismo encargado de redactar el anteproyecto constitucional. Plantearon su “preocupación” por la fórmula para separar el fallo de causas de los aspectos administrativos del Poder Judicial. Dijeron que los artículos para el segundo punto permitían una “atomización” de funciones que se debía corregir. También advirtieron que faltaba conocer la posición del organismo sobre los recursos de protección, aspecto que generó tensiones con la disuelta Convención.
Qué observar. Pasadas las 9:30 pm del jueves la subcomisión de función jurisdiccional y órganos autónomos de la Comisión Experta —encargada de redactar el anteproyecto constitucional—, concluyó su propuesta de artículos con las características que, estimaron, debieran tener el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría y el futuro Tribunal Constitucional (que se llamará Corte Constitucional).
- Se trata de un documento acordado por los 6 integrantes de la subcomisión encabezada por Catalina Salem (independiente – RN) e integrada además por Leslie Sánchez (representante del PPD y el partido Liberal); Domingo Lovera (Revolución Democrática); Paz Anastasiadis (DC); Hernán Larraín (UDI) y Katherine Martorell (RN).
- La propuesta incluyó una modificación del sistema de elección del fiscal nacional para evitar el “bochorno” de la última elección, donde los 2 primeros candidatos de La Moneda no fueron ratificados por el Senado, y sólo lo logró el abogado Ángel Valencia, en el tercer intento del gobierno.
- La propuesta sobre el Poder Judicial incluyó separar las funciones jurisdiccionales (el fallo de causas) de las no jurisdiccionales. “Se propone la creación de un sistema de gobierno judicial, compuesto por 4 órganos que funcionarán autónomamente de forma coordinada entre sí y con la Corte Suprema, a través de una Comisión Coordinadora de Justicia”, detalló el texto ingresado.
- Éste fue uno de los aspectos que este martes criticó la Comisión Constitucional de la Corte Suprema, encabezada por el presidente del máximo tribunal, Juan Eduardo Fuentes.
- El documento de la Suprema advirtió también de omisiones en el documento —que según explicaron los comisionados expertos, en esta fase sólo incluyó las materias en que había acuerdo total— como, por ejemplo, la falta de un pronunciamiento sobre los recursos de protección.
- La mención a los recursos de protección, que propuso reemplazar la disuelta Convención Constitucional —cuyo texto fue ampliamente rechazado en el plebiscito del 4 de septiembre— recordó las críticas que la Suprema hizo al proceso pasado.
- En mayo del año pasado la Suprema entregó un texto de 21 páginas a la mesa de la Convención, donde afirmaron que había contradicciones en las normas transitorias de nombramientos de jueces, vacíos en la implementación de la justicia indígena y una propuesta sobre justicia militar que tenía carácter permanente y no transitorio como se decía.
- Las críticas de la Suprema llegan a horas de que las propuestas de la subcomisión sean votadas por el pleno y marcan el tono del máximo tribunal respecto del nuevo debate constitucional.
Las críticas de la Suprema. El Presidente de la Corte Suprema Juan Eduardo Fuentes envió este martes un oficio a la presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga (representante del PPD), con el análisis realizado el lunes por la comisión constitucional y donde ofrecieron colaborar con el proceso. La instancia, integrada también por las ministras Andrea Muñoz, Ángela Vivanco y el ministro Leopoldo llanos, planteó los siguientes reparos.
- Preocupación. “Si bien esta primera propuesta de normas de la Comisión Experta no es el anteproyecto definitivo a presentar al Consejo Constitucional, es motivo de preocupación tanto la omisión de algunos elementos normativos expuestos ante el Pleno de la Comisión Experta para su consideración, como también la regulación mejorable de algunos de ellos”, dijeron en el primer punto.
- Separación de funciones jurisdiccionales de no jurisdiccionales. “Respecto a la indiscutible necesidad de separar las funciones jurisdiccionales de las no jurisdiccionales, se plantea en la propuesta un modelo de gobierno judicial separado en 4 consejos, cada uno de los cuales abordará los ámbitos referentes a nombramientos, sistema disciplinario, formación y administración, que será coordinado por una instancia denominada ‘Comisión Coordinadora de Justicia’”.
- Atomización. “Dicha propuesta, además de atomizar de una forma compleja la dirección de estos asuntos, distanciándose con ello de la proposición efectuada por la Corte Suprema, carece de un desarrollo orgánico y funcional mínimo que fije reglas básicas al legislador para su regulación, sin dar luces sobre quiénes compondrán esas instancias ni cómo serán elegidos, y sin asegurar una participación mayoritaria o al menos igualitaria de magistrados y magistradas en su conformación, elegidos por sus pares”.
- Control disciplinario. “También en el ámbito de gobierno judicial, resulta especialmente delicado mantener las potestades disciplinarias dentro de la propia judicatura, al alojar las decisiones de los procesos sumariales incoados (llevados a cabo) por los fiscales judiciales en las Cortes de Apelaciones, lo que además de ser contrario al espíritu de dividir las funciones jurisdiccionales de las que no lo son, no parece ir en la línea de asegurar la independencia interna de los jueces y juezas”.
- Recurso de protección. “Dentro de los aspectos no abordados, cabe hacer notar que la propuesta (…) no contiene una proposición relativa a la actual acción de protección, pero señala en sus fundamentos que esta acción sigue en estudio para precisar el listado de derechos y garantías protegidos por ella. Sobre el particular, esta Comisión confía en que una disposición tan relevante será debidamente incorporada en una fase posterior”.
- “Tal como ya ha puntualizado esta Corte Suprema, la opción por consagrar la tutela de todos los derechos constitucionalmente establecidos mediante dicha acción u otra análoga, resulta ser la más adecuada y coherente con el principio de acceso a la justicia”.
- Tratados internacionales. “Asimismo, la propuesta no incorpora elementos importantes sobre la integración de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ni el modo de ejecución de las sentencias internacionales en este ámbito o el control de convencionalidad, todas materias que esta Corte Suprema ha destacado por su importancia jurisdiccional”.
Las opiniones encontradas entre los comisionados. Los comisionados recibieron con opiniones encontradas el oficio de la Suprema.
- La abogada Catalina Salem afirmó que “la Corte Suprema tiene una opinión, nosotros tenemos otra, pero los hemos escuchado, hemos considerado su opinión, pero creo que la Comisión Experta tiene la libertad para poder introducir otros tipos de mecanismos que logren el mismo fin que es separar las funciones jurisdiccionales de las que no”.
- Desde el oficialismo, Leslie Sánchez planteó, en cambio, que “me parece coherente lo que la Corte Suprema plantea, lo que dijeron tanto en el Pleno y luego en particular en la subcomisión, que fue solicitar la separación completa (de funciones). El capítulo que logramos consensuar no establece eso con claridad, por lo tanto, es de lo más normal que ellos insistan en el punto”.
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