Colaboración con el gobierno para una mejor infraestructura. Por Carlos Cruz

Director ejecutivo Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)

En materia de financiamiento, creemos que es fundamental profundizar las opciones de asociación entre el sector público y el privado, donde ambos compartan y diversifiquen riesgos de una manera eficiente y equitativa. Más allá de la Ley de Concesiones, es posible desarrollar y profundizar otros instrumentos hoy vigentes pero poco utilizados.


El pasado 11 de marzo, Chile inició una nueva etapa luego de que asumieran nuevas autoridades de gobierno, un hito que para el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) representa el cuarto ciclo institucional en el que nos ponemos a entera disposición del país.

Saludamos con entusiasmo a los nuevos ministros y sus equipos, reafirmando nuestra voluntad de colaborar desde la experiencia técnica y la convicción de que la infraestructura es un motor de desarrollo y bienestar. Esta disposición, que ha marcado la trayectoria del CPI en diversas disciplinas, se mantiene firme con el objetivo de transformar nuestras capacidades de propuestas en políticas públicas en proyectos concretos que impulsen el desarrollo.

Desde esta mirada, nos interesa profundizar en las modalidades de asociación entre el sector público y privado para potenciar la logística nacional, mejorando así la productividad y nuestra inserción en los mercados globales. Esta misma sinergia es la que hoy se vuelve crítica para enfrentar de manera conjunta los desafíos hídricos derivados de la crisis climática, así como para abordar la urgencia habitacional.

En este último punto, creemos que el aporte privado es clave no solo para acelerar soluciones, sino para garantizar que la construcción de viviendas se traduzca en la creación de barrios integrados donde los nuevos habitantes se sientan plenamente identificados con su entorno.

El camino hacia la modernización también exige una visión audaz sobre nuestra matriz energética y digital. Chile posee energía solar y vientos privilegiados que deben dejar de ser solo ventajas comparativas para transformarse en competitivas, permitiendo un despliegue masivo de servicios electrificados y nuevas industrias. Desalinización, centros de datos, electrificación del transporte, sustitución de combustibles contaminantes deberían ser motivos suficientes para avanzar en esa dirección.

En paralelo, debemos velar por nuestra posición de liderazgo en velocidad de internet, generando las condiciones para evitar una competencia depredadora en la industria que puedan comprometer la calidad del servicio a largo plazo.

En materia de financiamiento, creemos que es fundamental profundizar las opciones de asociación entre el sector público y el privado, donde ambos compartan y diversifiquen riesgos de una manera eficiente y equitativa. Más allá de la Ley de Concesiones, es posible desarrollar y profundizar otros instrumentos hoy vigentes pero poco utilizados.

Finalmente, estamos convencidos de que el mayor beneficio para Chile vendrá de un trabajo mancomunado entre todas las agencias públicas de inversión. Es fundamental establecer un marco de colaboración vinculante entre estas, asegurando la permanencia de las iniciativas de infraestructura de modo que las grandes obras de Estado -que demandan la participación de más de una entidad-, se puedan llevar a cabo en forma eficiente y que trasciendan a los gobiernos de turno.

Estas propuestas, sustentadas en años de trabajo técnico y plasmadas en nuestra propuesta programática, hoy esperan convertirse en las acciones que definan el futuro del país.

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