El Presupuesto 2025 revocó varios de los cambios realizados en el Presupuesto 2024 para regular las transferencias de los Gore a privados, con el argumento de que estaban generando dificultades burocráticas. A raíz de casos como Procultura, que derivó en diversas causas judiciales en todo el país, a fines de 2023 Hacienda y Dipres y la mayoría del Congreso incluyeron en las glosas presupuestarias requisitos extra como que todos los proyectos pasaran por el Core o que sólo se podría ejecutar el gasto tras una rendición de cuentas. Las normas fueron eliminadas para el próximo año.
Qué observar. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, concurrieron este lunes a la comisión de Hacienda de la Cámara a responder sobre los reclamos de la Asociación de Gobernadores y Gobernadores (Agorechi), respecto a que Dipres no estaba transfiriendo a las regiones los recursos comprometidos para el presente año, por lo que enfrentaban graves problemas de retraso de pago a proveedores.
- La semana pasada, en La Moneda, los gobernados acusaron que hubo un error de cálculo del gobierno respecto a la recaudación fiscal y eso había dejado sin caja a los GORE al término del año para ejecutar sus proyectos.
- En su exposición ante los diputados Marcel y Martínez reconocieron que hubo ajustes presupuestarios debido a la estrechez fiscal.
- No obstante, también apuntaron las responsabilidades a las gobernaciones señalando que no les podían transferir más recursos mientras no ejecutaran los fondos que ya disponen, dado que ya existe una baja ejecución presupuestaria.
- Las autoridades de Hacienda señalaron que esta baja ejecución puede deberse a ingresos propios de las gobernaciones que se encuentran “empozados”, sin utilizar. Pero también a un problema burocrático generado en el último año debido a las restricciones de los Gores para ejecutar sus fondos.
El efecto del Caso Convenios. El caso Democracia Viva estalló en junio de 2023 y se ramificó al Caso Convenios sobre irregularidades y falta de control en las transferencias de las Gobernaciones Regionales a organismos privados. Esto derivó en investigaciones judiciales contra diversas fundaciones, como Procultura o En Tí.
- A fines de 2023 el gobierno presentó una serie de indicaciones en la discusión presupuestaria para 2024 para aumentar los mecanismos de control en las transferencias de fondos públicos a organismos privados por parte de los Gores .Los parlamentarios sumaron otras indicaciones.
- Sin embargo, un año después la evaluación ha sido negativa por parte del gobierno por las numerosas trabas que se han registrado en la ejecución presupuestaria.
- Por ejemplo, la Ley de Presupuestos del 2024 obligó a las gobernaciones a que para devengar un gasto obligatoriamente se debía contar antes con una rendición de cuentas. Este requisito no lo tiene el resto de la administración pública.
- “Se ha hecho difícil hacer el seguimiento de cuanto se ha ejecutado”, señaló la jefa de la Dipres.
- “El año pasado se introdujeron muchas restricciones y procedimientos para ejecutar el gasto y eso ha dificultado la ejecución del presupuesto por todos los requerimientos que se agregaron en las glosas, pero lo simplificamos en el proyecto de 2025”, señaló Marcel.
- El presidente de la comisión de Hacienda Carlos Bianchi, dice que “se hizo más dificultoso el tema de los gastos sociales, por eso esto ahora se rechazó” (en el Presupuesto 2025).
Cambios en Presupuesto 2025. Ante este escenario, en el presupuesto para el próximo año Hacienda resolvió flexibilizar nuevamente los requisitos para las gobernaciones. Entre los cambios más significativos se encuentra:
- Rendición de cuentas, de vuelta a la norma general. Las modificaciones de 2024, significó que los recursos transferidos a privados por los Gobiernos Regionales se consideraban ejecutados solo cuando se rendían cuentas, en contraste con el resto de la administración pública, donde el devengo ocurre al momento del traspaso. Esto generó problemas en saber cuánto era la ejecución real de los GORE. Para 2025, esta excepción desaparece, alineando a los GORE con la norma general y simplificando el control contable.
- Adiós al cuello de botella del CORE. En 2024, tras el Caso Convenios, se impuso que toda modificación presupuestaria requería la aprobación del Consejo Regional (CORE), lo que ralentizaba la ejecución de proyectos. A partir de 2025, se excluyen de esta obligatoriedad ciertas modificaciones presupuestarias. Entre las cuáles están las relacionadas con el 3% para emergencias, aplicación de leyes especiales, regularización de ingresosy pago de sentencias ejecutoriadas.
- Incremento de inversiones. Se permite también un incremento de hasta un del 10% extra en los proyectos de inversiones, sin necesidad de consulta previa al Consejo Regional. Para justificarlo, Hacienda citó el caso del Gobierno Regional Metropolitano que tuvo que llevar nuevamente el proyecto de inversión “Mejoramiento Espacios Públicos nueve nodos en La Florida” a aprobación del Core. Eso por un incremento de solo $12 millones de un costo total de más de $3.400 millones.
- Transferencias a otras instituciones. Una de las novedades más relevantes para 2025 es la posibilidad de realizar transferencias consolidables con otras instituciones del sector público. También se permitieron traspasos flexibles a universidades públicas y privadas que estén en el consejo de rectores.
- Separación de cuentas. El Presupuesto 2025 introduce, además, la separación obligatoria de las cuentas corrientes en tres categorías: remuneraciones, fondos de terceros y resto de operaciones. Este cambio busca mejorar la transparencia y el control de los recursos, pero podría generar una carga adicional en la administración de los gobiernos regionales.
Discusión política. En su exposición ante el Senado del 21 de noviembre, cuando se discutió la Partida 31 del Presupuesto correspondiente a los gobiernos regionales, Marcel explicó el término de los requisitos para transferencias.
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“Es bueno que recordemos dónde estábamos el año pasado en esta discusión, porque el año pasado debatimos el Presupuesto luego de todos los escándalos e investigaciones en torno a los convenios con entidades privadas sin fines de lucro. Se hizo una revisión completa a toda la normativa de la Ley de Presupuestos respecto a los gobiernos regionales y, en general, a las transferencias”.
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“Pero luego en la tramitación del proyecto de Presupuestos en la Cámara de Diputados, se introdujeron muchas glosas, quedó una normativa bien compleja, cuyo efecto más inmediato ha sido una reducción significativa de la ejecución de los presupuestos de los gobiernos regionales.
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“Esa es la realidad durante este año. A raíz de esa realidad, se hizo todo un trabajo preparatorio para este presupuesto, tratando de simplificar, eliminar controles que eran innecesarios”.
- Las modificaciones generaron debate e incluso senadores del oficialismo manifestaron sus reparos. “Vamos a respaldar las modificaciones, pero no podemos bajar el estándar y volver a cometer los errores de transferencias truchas y millonarias a organizaciones fantasmas que lo único que hizo fue engrosar los bolsillos de determinados inescrupulosos”, dijo el senador PS Alfonso de Urresti.