Convenios: A un año de la Comisión de Probidad ¿cómo vamos? Por María Jaraquemada

Abogada y Presidenta de la Comisión de Probidad

La Comisión Asesora presentó una serie de propuestas en materias de integridad tras conocerse el Caso Convenios. Según Chile Transparente, las medidas que corresponden a iniciativas del Gobierno presentan un 38% de avance, un 22% las del Congreso y un 25% las de entidades autónomas. Esto demuestra que es imprescindible una mirada de Estado y una cooperación interinstitucional para efectivamente modernizar nuestra institucionalidad.


El día 16 de junio del año pasado, el medio regional Timeline publicaba una nota sobre una posible irregularidad en la adjudicación de un convenio a Democracia Viva por el Seremi de Vivienda de Antofagasta. Sobre ese caso, el Ministerio Público ha indicado que se habrían cometido varias infracciones, como haber pactado el convenio entre personas relacionadas, haber gastado los fondos en honorarios que superaron lo establecido y haber omitido que la fundación no cumplía con la totalidad de los requisitos para adjudicarse los $426 millones que le fueron asignados.

Este fue el “caso 0” de lo que luego sería conocido como el Caso Convenios, que se volvió una verdadera bola de nieve para nuestra institucionalidad. Con el correr de los días, aparecían nuevos posibles casos de irregularidades o convenios mal asignados -o mal ejecutados- en todo el país.

Para dar una respuesta a estos casos y contener su efecto expansivo, hace un año atrás, el 3 de julio de 2023, el Presidente Boric convocó a una Comisión Asesora Ministerial para realizar, en 45 días, propuestas de política pública para perfeccionar la institucionalidad y la relación entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro. Se trataba de la quinta Comisión Asesora en materias de integridad que se creaba desde el retorno a la democracia, como respuesta de nuestra institucionalidad a casos de posible corrupción que tenían un impacto relevante en la opinión pública.

Luego de 30 sesiones, 42 audiencias con personas expertas (del Estado, de organizaciones de la sociedad civil) y la recepción de 58 propuestas ciudadanas, los cinco integrantes de la Comisión acordamos 46 propuestas de manera unánime, que fueron recogidas por el Gobierno a través de una hoja de ruta en tres tiempos.

Pero, ¿qué ha pasado un año después con esta agenda? Suele creerse que este tipo de comisiones tienen como objetivo dar la apariencia de acción para calmar las aguas, pero no realmente generar cambios. ¿Es así en este caso? Chile Transparente ha estado monitoreando los avances y, según su último reporte de fines de mayo de este año, de las 46 medidas propuestas por la Comisión, 40 presentan alguna actividad y el avance total es de un 39% ya que, en algunas de estas, algunos de sus cumplimientos son iniciales o parciales, como comunicaciones formales entre instituciones, pero no aún resultados concretos de acuerdo con lo propuesto.

Hay una serie de iniciativas legislativas en tramitación a raíz de estas recomendaciones, como el que crea un registro centralizado de beneficiarios finales de personas o estructuras jurídicas -que se trata de un tema clave para prevenir corrupción, elusión tributaria y lavado de activos-; el que fortalece el sistema de auditoría general de gobierno; el que establece elementos de transparencia para la organizaciones de la sociedad civil que reciben fondos del Estado; el que crea un marco común y general para las transferencias de recursos públicos a este tipo de entidades; y el que avanza en integridad municipal, entre otros puntos, en el funcionamiento de las corporaciones municipales.

Todo esto se suma a lo ya avanzando en la Ley de Presupuestos que rige para este año, que sube el estándar para realizar transferencias por convenios, dificultando la posibilidad de que se repita un caso como el de Democracia Viva o de Camila Polizzi.

Dado que el Congreso u otras entidades autónomas -como Contraloría, la Fiscalía Nacional Económica, entre otras-, también tienen un rol relevante para concretar algunas propuestas, el informe de Chile Transparente revela que hay una diferencia en el avance. Así, las que corresponden a iniciativa del Gobierno presentan un 38% de avance, un 22% las del Congreso y un 25% las de entidades autónomas. Esto demuestra que es imprescindible una mirada de Estado y una cooperación interinstitucional para efectivamente modernizar nuestra institucionalidad.

En resumen, sin duda el mayor impulso se dio al inicio en los meses inmediatamente posteriores a la entrega del informe de la Comisión Asesora, donde el tema seguía estando muy presente en los medios de comunicación. Es atendible que el impulso vaya bajando con el tiempo, particularmente porque van surgiendo otras temáticas urgentes -como elecciones en dos días, subsidios para la cuenta de la luz, cumplimiento del fallo de Isapres, etc-, sin embargo, es clave que podamos caminar y mascar chicle, equilibrando lo urgente con lo importante.

No podemos olvidarnos que, en un país con escasos recursos y múltiples necesidades y demandas ciudadanas, cautelar el buen uso de los recursos públicos y asegurar el mejor estándar de los bienes y servicios públicos en los que participa la sociedad civil en su provisión, es un mínimo a exigir y una obligación de nuestro Estado.

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